El Ministerio Público imputó formalmente al exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, por los delitos de uso indebido de bienes y servicios públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, debido a que la exautoridad habría transferido, en calidad de donación, tres vehículos a la Fundación Abya Yala Bolivia, siendo que la misma es propietaria de un canal de televisión privado que habría realizado prestación contractual de servicios de difusión y publicidad con el Estado y otras empresas privadas.