El Ministerio Público imputó formalmente al exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, por los delitos de uso indebido de bienes y servicios públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, debido a que la exautoridad habría transferido, en calidad de donación, tres vehículos a la Fundación Abya Yala Bolivia, siendo que la misma es propietaria de un canal de televisión privado que habría realizado prestación contractual de servicios de difusión y publicidad con el Estado y otras empresas privadas.
El fiscal del caso, Ramiro Prieto, explicó que el Código Civil establece en su artículo 67 que las fundaciones tienen por objetivo recibir bienes, por la voluntad de una o más personas, para un fin especial y no lucrativo.
Tras la renuncia de Evo Morales a la Presidencia, se conoce que Quintana y otras exautoridades están asiladas en la embajada de México, en la ciudad de La Paz.
