Los trabajadores del hospital San Juan de Dios, que llevan ya 18 días en huelga de hambre, ante la indiferencia de las autoridades, decidieron dar un paso más en sus medidas de presión y convocaron a un paro de 48 horas de varios hospitales, en demanda de insumos de bioseguridad para que puedan atender, sin arriesgar sus vidas, a los pacientes con coronavirus.
“Hace 17 días que no tenemos acercamiento con las autoridades. Se aprobó el paro de 48 horas de jueves y viernes en los hospitales de primer, segundo y tercer nivel. A ver si con eso se sensibilizan las autoridades, declaró a Pagina Siete Graciela Aldana, secretaria de Capacitación de Trabajadores en Salud, quien mantiene la medida de presión en puertas del hospital junto con más de 20 de sus compañeros.
Precisó que gracias al apoyo de la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas en Salud Pública (Fesirmes) de Santa Cruz, la medida también será acatada en las provincias, pero continuarán las atenciones de emergencias.
“Vamos a mantener el piquete hasta lo último”, sostuvo Aldana y señaló que la protesta es en contra de la Alcaldía de Santa Cruz, la Gobernación y el Gobierno central por no atender la demanda de medidas de protección para el personal médico.
Según los datos del Colegio de Médicos, más de 90 trabajadores en salud han contraído la Covid-19 en ese departamento. Por su lado, desde la Fesirmes se reportó que a nivel nacional hay más de 220 de sus afiliados afectados por la enfermedad.
La huelga de los trabajadores del San Juan de Dios se da en medio de la falta de presupuesto en la Gobernación y la Alcaldía de Santa Cruz, atribuido a las trabas que el MAS impuso en la Asamblea Legislativa al manejo de recursos por parte del Gobierno central.
El secretario de Gobierno de la Gobernación Vladimir Peña dijo que la restitución de los recursos por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) no devuelve el total de los aportes realizados por las instituciones públicas, como ser gobernaciones, alcaldías y universidades estatales.
La Ley 1307, sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), solamente autoriza el traspaso de los recursos, mientras dure la emergencia sanitaria provocada por la Covid-19, y no la restitución permanente, como era en un principio uno de los objetivos que se tenían.
Página Siete