Ante la posibilidad cierta de una nueva apertura hacia la nacionalización de vehículos indocumentados, propuesta presentada por la diputada Concepción Ortiz, diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), la Cámara Automotor Boliviana (CAB), ha expresado “su disconformidad absoluta” y advierte que eso derivará en una quiebra de las empresas importadoras de vehículos “cero kilómetros”.
Mediante un comunicado hecho público, este martes la CAB, anticipa que el sector es uno de los más golpeados por esta crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19) y pone en riesgo de quiebra a las empresas formales del sector que, en lo que va del año, no han podido vender más de 20.000 unidades nuevas en el país, de un contexto donde la demanda de “cero kilómetros” es alrededor de 50.000 unidades, cada año.
“Existen más de 200 marcas importadas anualmente y al menos 45 empresas formales con riesgo de quiebra por las condiciones adversas, competencia desleal de informales y el contrabando”, argumenta el documento.
Una situación en contexto. De acuerdo a la documentación al que tuvo acceso El Día, el pasado 16 de junio, la diputada Ortiz hizo oficial la propuesta ante la Cámara de Diputados de la ALP, el proyecto N.o 706/19 de “ley excepcional de saneamiento legal de vehículos automotores y otras mercancías de indocumentados”.
En dicho proyecto, Ortiz, argumenta que, en el país, desde la última nacionalización el 2011 hasta la fecha, existen en el país al menos 33.000 vehículos indocumentados en circulación y unos 10.000 con placas clonadas.
“Esta ilegalidad genera mayores irregularidades e ilegalidades sin beneficio para nuestro país, lo que supone, regularizar el mismo para evitar mayor corrupción en los agentes de control y los que internan estos vehículos”, justifica la diputada.
Bajo esos antecedentes, al Artículo 1 del proyecto de ley, busca “el saneamiento legal de los vehículos a gasolina, diésel y mercancías consistentes en tractores, maquinaria agrícola, remolques, semirremolques y los destinados para las federaciones departamentales de la micro y pequeña empresa (FEDEMYPES)”.
En respuesta a todo ello. La CAB anticipa un colapso financiero de todo el sector formal que importa, además de los vehículos “cero kilómetros”, desde un tomillo hasta el más complejo de los vehículos para la industria.
“El sector automotriz formal, genera más de 12.000 fuentes de trabajo directas y 70.000 fuentes indirectas, además del movimiento económico superior a USD 2.000 millones cada año, con una contribución al Estado altamente significativo”, remarca el comunicado.
Orlando Encinas, gerente general de la CAB, en contacto con el diario El Día, enfatizó que este proyecto de ley, atenta también la cadena de pagos al sistema bancario que puede verse afectado por la caída de varias empresas formales que tienen actividad relacionada. “El sector formal automotriz está siendo golpeado muy duramente por más de 100 días de inactividad que han cortado totalmente su nivel de ventas, poniendo en riesgo la manutención de toda la fuerza laboral del sector”, argumenta Encinas.
El Día.
