A 10 días de que culmine el plazo de la administración tributaria para el pago de Impuestos a las Utilidades de las empresas (IUE), la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz) envió una carta a la presidenta Jeanine Áñez solicitando la postergación de la declaración y pago de este tributo hasta el 31 de octubre de la presente gestión.
Este impuesto se debe declarar y pagar a fines de este mes, pues el sector cierra su año fiscal al 31 de marzo. En lo que va del año se postergó dos veces la declaración y el pago del IUE.
La primera fue con el Decreto Supremo 4198 (hasta el 29 de mayo) y con el Decreto Supremo 4249 (hasta el 31 de este mes).
En la carta a la que accedió EL DEBER, el sector destaca la implementación del Plan Nacional de Reactivación del Empleo, revelando que el componente central para la generación de fuente laborales es la inversión pública en construcción. Hacen notar que el plan es también fruto del trabajo entre los ministros del área económica y la parte privada, tal es el caso de la construcción que también aportó con propuestas.
Sin embargo, a decir del presidente de Cadecocruz, Aldo Sülzer, aunque las medidas sean buenas, si no se encaminan acciones oportunas el resultado podría no ser el esperado y resultar insuficientes, contrario a los objetivos que busca el Estado de reactivación económica y generación de empleo.
Dejó entrever que la construcción genera un millón y medio de empleos directos e indirectos a escala nacional y que en estos momentos se encuentran amenazados por dos factores, la falta de liquidez de las empresas y la disminución de actividad desde el inicio de las medidas sanitarias de cuarentena dictadas para precautelar la salud y la vida de los colaboradores del sector.
En ese contexto, Cadecocruz propone la postergación del pago del IUE hasta el 31 de octubre de la presente gestión. “Está por demás explicar las consecuencias adversas posibles que habrá sobre la capacidad de mantener el empleo de estas empresas de no darse la extensión de plazo solicitada”, manifestó Sülzer, a tiempo de hacer notar que la iliquidez tiene al borde de la quiebra a miles de empresas del sector constructor a escala nacional.
Según Cadecocruz, las deudas del sector público con las empresas constructoras por concepto de planillas de avance de obras impagas alcanzan a la fecha un monto aproximado de Bs 2.500 millones y el promedio de atraso es de 10 meses. “El 73% de las empresas constructoras en nuestro país trabajan para el Estado”, agregan.
El Deber
