El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, presentó, este viernes, ante la Fiscalía Departamental de La Paz una denuncia penal contra Nadia Cruz por los delitos de prolongación y usurpación de funciones debido a que ejerce, de forma ilegal, el cargo de Defensora del Pueblo.
“En base a los argumentos de hecho y derecho que a continuación se esgrimen, interpongo una denuncia formal contra la señora Nadia Cruz Tarifa por los delitos de prolongación y usurpación de funciones quien actualmente y de forma ilegal ejerce el cargo de Defensora del Pueblo”, señala la denuncia presentada por Núñez.
El 13 de julio, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, informó que el interinato de Cruz en la Defensoría del Pueblo feneció el 30 de abril de 2019 y por ello se decidió desconocer su mandato.
Ante esto, la autoridad afirmó que no responderá a ninguna solicitud de informe, por parte de la Defensoría del Pueblo, debido a la ilegalidad en el ejercicio de ese cargo y la nulidad de sus actos.
El Viceministro también cuestionó la supuesta vinculación de Cruz con el Movimiento Al Socialismo (MAS), tomando en cuenta que se vio a la Defensora en diferentes concentraciones y eventos proselitistas de ese partido.
Nadia Cruz fue designada el 30 de enero del 2019, por los dos tercios del MAS en la Asamblea Legislativa, como defensora del Pueblo interina, hasta que ese órgano emita una nueva convocatoria para la selección de la autoridad titular. Sin embargo, ese trabajo se relegó desde la gestión pasada por diversas situaciones.
Santamaría explicó que la Sentencia Constitucional 218/2004 establece que el cargo interinato sólo será de 90 días. En base a ese argumento jurídico, el mandato de Nadia Cruz concluyó el 30 de abril del 2019, por tanto, Santamaría consideró que sus acciones son nulas y no tienen ninguna validez.
En esa línea, la autoridad cuestionó que la Asamblea Legislativa Plurinacional, controlada por el MAS, no cumplió con la tarea de convocar a un proceso de selección y designación de la nueva autoridad de la Defensoría del Pueblo.
Advirtió que la retardación puede derivar en un proceso penal por incumplimiento de deberes.
Abi.
