Tras una revisión al proceso de contratación, el Ministerio de Justicia, a través del Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, determinó que no hubo irregularidades ni sobreprecio en el proceso de adquisición de 672.000 pruebas PCR para detectar el COVID-19.
“Hemos hecho una revisión, el proceso de contratación no tiene ningún tipo de anomalía o irregularidad o ilegalidad jurídica”, enfatizó este domingo, el ministro de Justicia, Álvaro Coímbra.
El viernes, el presidente de la Cámara Uruguaya de Comercio en Bolivia, Oscar Toledo, denunció un presunto sobreprecio en la compra de la pruebas PCR, de una empresa china, por un monto de Bs 25 millones, más que el ofrecido por un laboratorio de Uruguay.
Ante esa situación, el sábado, la ministra de Salud, Eidy Roca, anunció que se revisará el contrato de adquisición, por lo que la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) paralizó el proceso de contratación.
“Por responsabilidad y transparencia vamos a determinar si efectivamente hubo alguna irregularidad o si la denuncia carece de fundamento”, informó en una conferencia de prensa.
Al respecto, Coímbra afirmó que ya está en sus manos el informe final que da cuenta de que no hubo irregularidades en el proceso de contratación.
“Ya he recibido el informe de Transparencia y de la AISEM, y no existe ninguna irregularidad y tampoco un sobreprecio en esto; habían propuestas mucho más altas”, recalcó la autoridad.
Coímbra precisó que al proceso de licitación se presentaron 13 empresas, de las cuales quedaron ocho, entre ellas la empresa uruguaya, que al final fue eliminada, pues no cumplía con los requisitos para poder vender esos insumos médicos.
La autoridad precisó que, entre otras cosas, las pruebas ofertadas por el laboratorio uruguayo no contaban con la certificación de la Federal Drug Agency (FDA), de Estados Unidos, ni de la del Conformité Européenne (CE) de la Unión Europea.
“No son cualquier tipo de insumos médicos (…). La certificación del gobierno uruguayo no es válida, no es reconocida por la OMS y la OPS”, sostuvo Coímbra.
En ese marco, el Ministro de Justicia afirmó que la empresa afectada tenía la opción de apelar, para que un tribunal defina si cumplió o no con los requisitos, pero se mostró sorprendido pues la firma uruguaya no agotó esa vía administrativa.
En criterio de la autoridad, lo único que falta ahora, para que cierre el proceso de contratación en la parte administrativa, es la firma del contrato, gestión que ya está en la última fase.
“Vamos a hacer material ese informe, en las próximas horas, hacia la Presidencia para establecer de manera clara que no han habido irregularidades en el proceso de contratación”, insistió Coímbra.
Abi.
