El Ministerio de Educación no retrocede en la clausura del año escolar luego de que el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz decidió anular la Resolución Ministerial 050/2020, por la cual se dio por clausurado el año escolar. Desde esa cartera de Estado se plantea una denuncia penal en contra de los vocales de Justicia.
“En el Ministerio de Educación nos ratificamos en el anuncio que habíamos hecho hace semanas, de que si bien el cierre del año escolar es académico y administrativo, el trabajo educativo no se suspende. No se anula el derecho sagrado a la educación”, dijo el ministro de esa cartera de Estado, Víctor Hugo Cárdenas, a través de una conferencia de prensa virtual.
Señaló que en los próximos días se habilitará la plataforma virtual gratuita desde la cual los maestros, estudiantes y padres de familia podrán acceder a material educativo elaborado por el Ministerio de Educación.
Sobre las acciones que impulsará el Gobierno para revertir la disposición del Tribunal de Justicia, Cárdenas sostuvo que se acusará al vocal de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Israel Campero, por dos delitos.
“Vamos a denunciar ante la Fiscalía a estos señores, encabezados por Israel Campero, por delitos como los siguientes: resoluciones contrarias a la constitución y uso indebido de influencias”, aseveró la autoridad.
El Ministro consideró que el fallo del TDJ es “político y no jurídico”, además de que acusó a tres abogados de haber gestado una maniobra del Movimiento Al Socialismo (MAS) gestada desde Buenos Aires, Argentina.
Ratificó que el Gobierno no permitirá el retorno a las clases presenciales porque pone en riesgo la vida de los estudiantes, maestros y administrativos. Afirmó que “mientras haya pandemia no habrá clases presenciales como quieren los masistas. La educación continuará vía virtual y a distancia”.
La autoridad aclaró que la educación sigue vigente. “No se cerró el derecho a la educación”, aseveró Cárdenas.
Ante el plazo de 10 días de parte del Tribunal para que el Gobierno tome determinaciones, Cárdenas dijo que el plazo es corto. “Quieren que en 10 días hagamos lo que no han hecho en 14 años”, criticó.
Página Siete
