El Legislativo además pidió a la fiscalía que abra una investigación en contra de René Merino Monroy por los hechos ocurridos el 9 de febrero.
El Congreso de El Salvador recomendó este jueves destituir al ministro de la Defensa, René Merino Monroy, y decidió enviar un aviso a la Fiscalía para que investigue su papel en la irrupción de soldados armados con fusiles de asalto junto con el presidente Nayib Bukele en el recinto legislativo el pasado 9 de febrero.
La iniciativa de destituir a Merino, que no es vinculante, fue aprobada con 50 votos de los 84 diputados del Asamblea Legislativa, quienes llamaron a Bukele a relevarlo de su puesto “como una muestra de respeto a la institucionalidad democrática y a la vigencia de la Constitución”.
“Se puede concluir que el actuar del ministro fue determinante para llevar a cabo los hechos del 9 febrero, poniendo en peligro la democracia y la división de poderes”, señala el decreto legislativo.
Los legisladores, que formaron una comisión especial e interrogaron públicamente a Merino, concluyeron que “no tiene ni idea del peligro al cual fue expuesto al país” y que “está dispuesto a ocupar el cargo para ejecutar decisiones del presidente de la República que amenacen nuevamente el orden constitucional”.
Además de comunicar a la Fiscalía General de la República (FGR) la comisión de supuestos delitos, el Parlamento comunicará su decisión a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para que evalúe convocar a una reunión urgente para estudiar la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana.
El documento aprobado también se enviará a las Naciones Unidas, el Congreso de Estados Unidos, a los países con representación diplomática en El Salvador y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Nayib Bukele irrupió en el Legislativo
De acuerdo con el diputado opositor Ernesto Vargas, “el 9 de febrero es una fecha nefasta para la democracia salvadoreña” porque “se han utilizado armas para silenciar a los diputados” y a la Fuerza Armada para “imponer una acción ilegal, inconstitucional”.
“Estamos retrocediendo 50 años”, señaló el legislador de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha).
El 9 de febrero pasado, el presidente Bukele entró en el recinto legislativo bajo el resguardo de policías y soldados armados con fusiles de asalto para sentarse en la silla del presidente de dicho órgano, simular el comienzo de una sesión plenaria y orar.
Tras rezar en el sitio del líder del Parlamento, Bukele salió para encontrarse con sus seguidores y dijo: “Si quisiéramos apretar el botón, solo apretamos el botón” y pidió paciencia a sus seguidores, quienes gritaban “¡insurrección, insurrección, insurrección!”.
La acción de Bukele, quien reconoció que fue un acto de presión para que le aprobaran un préstamo millonario para seguridad, prendió las alarmas internacionales, por lo que diversas instancias pidieron respetar la democracia en el país y el Tribunal Supremo ordenó al mandatario no utilizar al Ejército para fines distintos a los establecidos en la Constitución.
El fiscal general, Raúl Melara, aseguró recientemente que no posee “elementos necesarios para imputar un delito” por la irrupción militar del 9 de febrero.
“Creo que fueron excesos, sí creo que fue un exceso la militarización de la Asamblea Legislativa. No podemos determinar jurídicamente un hecho de violencia porque no lo tenemos documentado”, dijo Melara en una entrevista televisiva.
DW.
