El diputado nacional Amilcar Barral lamentó que el nuevo Procurador General del Estado, Alberto Javier Morales Vargas haya debutado con actitudes “típicas de un llunku o un tirasaco” al negar una investigación contra el ministro de Gobierno Arturo Murillo sobre las denuncias que dejó el destituido José María Cabrera.
Morales reemplazó a Cabrera quien fue removido, supuestamente por gestiones de Arturo Murillo ante la presidente Jeanine Añez que posesionó al Procurador quien la semana pasada intentó tomar su despacho sin cumplir las formalidades de juramento y posesión tal como dice el mismo decreto presidencial de nombramiento.
El diputado sostuvo que el abogado Morales lo terminó de embarrar toda su trayectoria profesional por uno o dos meses que tiene el gobierno transitorio, al descartar la continuidad de las investigaciones.
Recordó al nuevo Procurador que cuando una persona asume una responsabilidad en el Estado, lo hace con todos los deberes y obligaciones que dejó su antecesor, pero en ningún caso las instituciones pueden servir para pagar facturas como aparentemente lo está haciendo con Murillo.
“Si las instituciones estatales van a utilizar para proteger, yo no estoy acusando a nadie, mucho menos al ministro Murillo, no está bien, peor con los antecedentes profesionales que tiene este abogado. Las causas que han motivo la remoción de la anterior autoridad deben ser investigadas”, declaró a los medios de prensa.
Barral también cuestionó el rol de la Procuraduría del Estado porque en su criterio no tiene razón de ser. Hay centenares de abogados que no se sabe a qué hacen, a qué se dedican desde la época de Evo Morales, indicó.
Cabrera observó la intención del ministro Murillo de entregar acciones de la Empresa de Electricidad de Cochabamba (Elfec) a los accionistas de la telefónica de Cochabamba, a través de un proyecto de decreto supremo sin fundamento ni respaldo legal, constituyendo serios indicios de enajenación y privatización del patrimonio estatal.
Igualmente dejó constancia que Murillo rehusó entregar documentación sobre la compra de agentes químicos a través de intermediarios con presunto sobreprecio. Esa actitud fue puesta en conocimiento de una comisión mixta de la Asamblea Legislativa que está investigando las compras estatales y que podría servir de base para un futuro juicio de responsabilidades.
“Cuando agarras alguna cosa y si eres la máxima autoridad ejecutiva, estás obligado a seguir o investigar todo. A veces es medio incomprensible que por dos o tres meses te metas a manejar responsabilidades tan grandes y luego estés complicado. A mí no me parece lógico lo que se ha dado”, comentó.
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