El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, informó este miércoles que el Ministerio Público ha procedido al cierre del caso terrorismo II. La autoridad gubernamental destacó la decisión y manifestó que con ella se hizo justicia para Santa Cruz.
“Creemos que con esto y por orden de la presidenta hacemos justicia con un pueblo que trató de ser humillado”, dijo Murillo.
Los casos terrorismo I y II surgieron durante el Gobierno del MAS, cuando en 2009 se denunció la presencia en Bolivia de un grupo presuntamente irregular a la cabeza de Eduardo Rózsa Flores con el apoyo del sector cívico empresarial cruceño.
El caso terrorismo I apuntaba a Rózsa y las personas que le habrían colaborado, mientras que el caso terrorismo II se había iniciado contra los presuntos financiadores de ese grupo.
El Gobierno interino levantó las acusaciones en estos procesos, bajo el argumento de que las denuncias fueron un montaje de parte del MAS. En junio se cerró el caso terrorismo I y ahora se conoce del cierre del caso terrorismo II.
El ministro Murillo aseveró que con esto se comprueba que el MAS armó los casos terrorismo “para arrodillar a la oposición especialmente en el oriente boliviano”.
“Hay que felicitar al Ministerio Público en este caso por este trabajo es importante porque yo creo que el pueblo de Santa Cruz va a poder festejar su 24 septiembre, después de tantos años de haber sido acusado de que su gente estaba implicada en terrorismo. Nunca hubo eso, todo esto fue montado por un grupo de delincuentes para hacerse del poder a la fuerza”, afirmó.
En el marco del caso terrorismo, el 16 de abril de 2009, la Policía intervino el hotel Las Américas donde abatió a Rózsa y dos europeos que lo acompañaban. El caso está bajo investigación a nivel internacional por presuntas ejecuciones extrajudiciales.
Además, varios de los acusados se exiliaron y otros fueron a la cárcel, por varios años en muchos casos, acusados por el caso terrorismo I, que al final de cuentas quedó en nada.
El ministro Murillo dijo que las personas que armaron estos casos tendrán que pagar, resarcir los daños a las personas que sufrieron en la cárcel y por los “crímenes” que se cometieron en Hotel Las Américas.
