Según el informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), dado a conocer el miércoles por el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, Marcelo Hurtado Sandóval, presidente del directorio de la red televisiva ATB, recibió $us 16,1 millones de la Embajada de Venezuela, recursos que fueron destinados a la compra de ATB y de los diarios La Razón y Extra,
Las transacciones realizadas a favor de las empresas Flaba Trading SRL y Estrategias Energéticas SRL, ambas propiedad de Hurtado, se dan entre septiembre de 2008 y enero de 2009. Los recursos eran destinados por el Gobierno venezolano en calidad de préstamo a Bolivia para el programa Bolivia Cambia, Evo Cumple.
Además, el documento revela que el dinero fue enviado a España y a EEUU, donde se ha identificado que el 25 de septiembre de 2008 y el 6 de noviembre de 2008, a través de las cuentas de Hurtado se envió a España, $us 4,5 millones y en la glosa de la remesa señala: “Giro comercial-compra de acciones Prisa Div. Internacional”, que según la UIF está relacionada a la compra del paquete de ATB.
Asimismo, en el documento se menciona el envío de $us 10 millones a Jordan Silva Tugues, empresario venezolano, supuesto secretario de Carlos Gill, presidente del directorio de La Razón para la compra de acciones a Prisa.
Gill todavía no dio su versión oficial sobre el tema; sin embargo, según se pudo conocer de fuentes allegadas a él, la operación de intercambio de acciones que permitió la compra de La Razón a Prisa tiene la documentación probatoria y no se basó en ningún momento en una transacción de envío de dinero en efectivo y menos dinero de créditos venezolanos.
El Gobierno comunicó el miércoles la decisión de iniciar un proceso contra el exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, y el exdirector de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), Rolando S., por desviar recursos de un crédito venezolano para la compra de medios de comunicación.
El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez informó que la denuncia contra Quintana y el exuncionario es por la presunta comisión de los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictuosa, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
A su vez, el abogado Eduardo León, dijo que la Ley 004 (Marcelo Quiroga Santa Cruz) establece que se pueden incautar y secuestrar bienes cuando la figura es la de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.
El Deber