Durante casi dos horas los alcaldes de Santa Cruz y los representantes de las constructoras se reunieron y acordaron unir fuerza para que desde el Gobierno se cancele los Bs 309 millones que se les adeuda a las empresas constructoras del departamento. Caso contrario desde el 1 de octubre realizaran distintas medidas de presión y si es necesario, pondrán en riesgo las próximas elecciones generales del 18 de octubre.
Moisés Salces, presidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), y alcalde de San Ignacio de Velasco, indicó que la deuda proviene principalmente de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) y del Fondo de Desarrollo Indígena (FDI), por lo que es el Gobierno central el que debe cancelar lo adeudado y como plazo tiene hasta el 30 de septiembre de la presente gestión.
De no hacerlo, Salces indicó que se realizarán distintas acciones como huelgas de hambre y bloqueo de carreteras que pueden afectar las elecciones, ya que el objetivo final es el pago de lo adeudado, que está afectando a unas 100 pequeñas, medianas y grandes constructoras del departamento.
“Son unas 10.000 familias las perjudicadas y que están a punto de perder su patrimonio, sus maquinarias, pues desde hace un año que no se les paga un centavo, por obras que ya están finalizadas o que tienen un avance de 90% u 80% y eso no es justo”, señaló Salces.
A su turno, Rudy Granado, presidente la Asociación de Empresas Constructoras de Santa Cruz (Adeconst), en tono de súplica se dirigió a Jeanine Áñez, presidenta de país, y le pidió que ella se encargue de gestionar el pago de esta deuda ya que en reiteradas ocasiones se reunieron con Óscar Ortiz, ministro de Economía, y no obtuvieron una respuesta positiva a sus demandas.
Granado remarcó que si tienen que boicotear las próximas elecciones lo harán, ya que por esta situación sus familias están en riesgo, pues los proveedores están cansados de no recibir el pago, por lo que han optado por amenazar a los familiares de los empresarios de la construcción, algo que a criterio de Granado es insostenible, por lo que están decididos a realizar cualquier medida de presión.
“No queremos bonos, eso no le estamos pidiendo señora presidenta, solo buscamos que nos paguen por el trabajo realizado”, dijo Granado.
El Deber
