Los exmagistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que habilitaron la reelección de Evo Morales en 2017 serán denunciados por segunda ocasión ante la Fiscalía de Chuquisaca. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó ayer que la reelección indefinida no es un derecho humano.
El diputado de Unidad Demócrata (UD), Gonzalo Barrientos, anunció que se analiza la presentación de una denuncia penal contra las exautoridades por resoluciones contrarias a la Constitución y otros tipos penales. Afirmó que ellos no tenían la potestad de interpretar una norma internacional.
“La postura que asumió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es clara, la reelección indefinida no puede ser considerada un derecho humano. Los exmagistrados malinterpretaron y se atribuyeron decisiones que no les compete, por eso se está evaluando un proceso penal contra ellos, deben responder por toda esta crisis que está atravesando el país”, precisó el parlamentario.
El 28 de noviembre de 2017, los entonces magistrados del TCP: Macario Lahor Cortez, Oswaldo Valencia, Zenón Bacarreza, Mirtha Camacho, Neldy Virginia Andrade y Ruddy Flores, aprobaron la Sentencia 084/2017, que permite la reelección indefinida de Evo Morales, en el que declara “la aplicación preferente del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por ser la norma más favorable en relación a los derechos políticos.
Ese dictamen dejo sin efecto el artículo 168 de la Constitución Política del Estado (CPE), en el que señala que la reelección será por una sola vez de forma consecutiva.
El abogado experto en derechos humanos, Franco Albarracín, consideró que este caso se debe analizar tomando en cuenta dos puntos. El primero con base en un desconocimiento de la norma internacional y el derecho constitucional.
El segundo análisis debe ser basado en que los exmagistrados emitieron un fallo amañado, por tanto, sabían que esa decisión iba a derivar en una denuncia penal contra ellos. Además, afirmó que si se confirma esta opción, se agrava la situación de los extribunos porque esa decisión ocasionó la crisis política en la que sumió el país.
En enero pasado, el abogado constitucionalista William Bascopé, Roberto de la Cruz y el exmagistrado Gualberto Cusi presentaron una denuncia contra los exmagistrados por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
El jurista explicó que las exautoridades vulneraron los artículos 7 y 11 de la Constitución, que indican que “la soberanía reside en el pueblo” y que “nadie puede ser reelecto indefinidamente”. Además, recordó que el referéndum del 21 de febrero de 2016 rechazó que se reforme la Constitución para permitir la reelección por más de dos periodos consecutivos.
La Fiscalía Departamental de Sucre convocó a todos las exautoridades para que declaren al respecto.
Solo se presentaron Oswaldo Valencia, Ruddy Flores, Mirtha Camacho y Neldy Andrade; cada uno se quedó entre una y dos horas frente a los investigadores para dar su versión sobre la denuncia.
Hasta el momento, no existe ningún avance en ese caso, los denunciantes esperan que la Fiscalía agilice el proceso y se presente una imputación formal en las próximas semanas.
El abogado constitucionalista Carlos Alarcón y el colectivo ciudadano Generación 21 denunciaron que el TCP incurrió en un fraude procesal en la tramitación de la sentencia 0084/2017 sobre la reelección indefinida, que según la denuncia ya estaba redactada incluso antes de que sea admitida en el TCP, según hizo conocer el abogado a través de una nota de prensa.
Abi
