El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, informó que a través de un decreto supremo se establecieron los lineamientos para que las gobernaciones aprueben una normativa para la ampliación del auto de buen gobierno por 48 horas después de las elecciones generales del 18 de octubre, para evitar conflictos y movilizaciones.
“Este decreto ha establecido los lineamientos para que los gobiernos departamentales aprueben la normativa de auto de buen gobierno. Es un mecanismo para darle tranquilidad al país y que busca dar certidumbre y evitar cualquier tipo de movilización irresponsable”, manifestó la autoridad, durante una entrevista con el programa Que No Me Pierda de Red Uno.
Por ley, los gobiernos departamentales son los que emiten autos de buen gobierno en sus respectivas regiones antes de cada elección, general o subnacional, para que se apliquen una serie de restricciones 48 horas antes de los comicios, hasta las 23.59 de la jornada electoral.
Las normativas prohíben la venta y consumo de bebidas alcohólicas, portación de armas blancas y de fuego, el cierre de locales públicos, las reuniones o traslado de personas y otras actividades.
De acuerdo a las autoridades de Gobierno se deben tomar previsiones tras las declaraciones de dos dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) de movilizarse ante cualquier indicio de manipulación de los resultados electorales.
“Se ha dispuesto el apoyo institucional y eso quiere decir que el TSE firmó un acuerdo con las Fuerzas Armadas y la Policía para establecer los mecanismos de custodia y orden el Día D”, puntualizó el Viceministro.
Según Santamaría, la normativa “es para todos y no selectiva”, por lo que cualquier tipo de protesta estará prohibida tras los comicios presidenciales. La autoridad instó a los sectores a “deponer actitudes y coadyuvar a este ambiente de tranquilidad para vivir una fiesta democrática”.
“Bolivia vive un tiempo distinto, es con votos y no con balas, es con las urnas y no con balas que vamos a definir el futuro de la patria”, agregó.
Aunque en jornadas pasadas el ministro de Gobierno, Arturo Murillo y la presidenta del país, Jeanine Añez, hicieron declaraciones de advertencia, indicando que no van a permitir que se realicen movilizaciones que atenten a la “democracia” luego de los comicios del 18 de octubre.
Con base a datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se supo que entre enero y agosto de 2020 se importaron 15,25 millones de dólares en “armas no militares”, una partida reservada a material fundamentalmente policial, pero donde también se contabilizan otro tipo de armas importadas por la vía legal, según reportó en días pasados el diario El País de Tarija.
El monto contrasta con el gastado en 2019, que fue de 850.000 dólares, y más con el de 2018, que sumó 489.000 dólares en total, según el matutino.
Ante los cuestionamientos de la bancada del Movimiento Al Socialismo sobre el gasto en material militar y policial, Murillo, recién llegado de Estados Unidos -donde se reunión con el secretario General de la OEA Luis Almagro- justificó la inversión amenazando a cualquier grupo que quisiera manifestarse en el marco de las elecciones, señalando que si alguien quiere “convulsionar el país debería preocuparse”.
“Nosotros no vamos a permitir que la democracia entre en juego, la democracia se la va a respetar al precio que tenga que ser, no vamos a permitir tener a nuestro pueblo en vilo nuevamente”, advirtió.
Abi
