La jueza tercera Anticorrupción, Claudia Castro, que dejó sin efecto una orden de aprehensión contra el exministro Juan Ramón Quintana, negó libertad en 2018 a una exfuncionaria del estatal Banco Unión que denunció un año antes un desfalco millonario y retuvo a una periodista por 40 minutos en su despacho.
Castro, que liberó de un apremio a Quintana, investigado por sedición y terrorismo, justificó este domingo su accionar judicial porque la orden quedó sin efecto debido a que supuestamente se vulneraron los derechos de la exautoridad y también porque hubo errores de procedimiento. “La resolución de aprehensión consigna como fecha el 25 de noviembre de 2019. Pero el auto de admisión se inició el 27 de noviembre, ¿por qué Fiscalía emite en una fecha posterior con la referida resolución y el inicio de actos investigativos?”, aseveró Castro a Cadena A.
Castro explicó que la orden de aprehensión contra Quintana se emitió sin previo conocimiento de un juez. Además, continuó, dicho mandamiento se lo hizo sin antes citarlo para que se defienda. “Estos dos extremos de forma clara reflejan en cuanto a la inobservancia al debido proceso”, ratificó.
La jueza Castro, consultada por el fallo a favor de Faustino Yucra, dirigente cocalero e involucrado en una investigación que incluye al expresidente Evo Morales por el denominado caso audios, rechazó que hubiera dado libertad. Explicó que la resolución de acción interpuesta por Yucra “no contiene la solicitud de que se otorgue libertad” sino que se trata de una apelación porque en la audiencia que derivó en su detención no tenía defensa técnica.
El 22 de septiembre de 2017, la entonces subgerente regional de operaciones del Banco Unión, Marihela Valdez, denunció el millonario desfalco de Juan Franz Pari a la entidad estatal. Valdez presentó la denuncia del robo el 22 de septiembre, cinco días antes de que la unidad de auditoría interna del Unión emitiera un informe. Pari, entonces jefe de Operaciones de la Agencia de Batallas del Banco Unión, había robado 37,6 millones de bolivianos.
Nueve días después, Valdez fue detenida junto con otras dos funcionarias -Carmen Vargas y Zulma Siñani-, que también alertaron sobre el delito, y recluida de manera preventiva en el Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes. La jueza Cinthya Delgadillo fue la que la envió al penal femenino y luego fue apartada porque supuestamente estaba comprometida en un caso de consorcio de juristas.
Entonces se hizo cargo del caso la jueza tercera Anticorrupción, Claudia Castro. Un año después, Valdez fue beneficiada con detención domiciliaria, el 19 de octubre de 2018, pero Castro se negó a firmar la orden de salida del penal durante 12 días, porque supuestamente había varias irregularidades en la solicitud. El juez segundo Anticorrupción, Alan Zárate, firmó el 1 de noviembre de ese año la resolución que ordenó que la exsubgerente de Operaciones del Banco Unión cumpla arresto domiciliario.
Valdez presentó varios certificados emitidos por médicos particulares para demostrar que padece cinco enfermedades y así lograr que le concedan la detención domiciliaria para acceder a cuidados especializados, pero Castro, en una entrevista que Ximena Galarza (2018) le realizó en su programa Jaque Mate de TVU, se refirió a la situación de Valdez y a las razones de por qué la justicia no viabiliza su detención domiciliaria porque habría presentado entonces un informe de hace 13 años. Entonces, según reporte de ANF, Castro cita rápidamente una “pericia (que) refiere a datos médicos de la gestión 2005. Aquí está de 2005, son 13 años aproximadamente, entre ellos, el informe psicológico refiere a ciertos males emergentes del consumo de bebidas alcohólicas”.
La jueza Castro, también retuvo el 26 de octubre de 2018, durante 40 minutos, a la periodista María Ulo, de la red ATB, y a su camarógrafo, Marcelo Calle, en el interior de su despacho, acusándolos de acoso.
“Ella llamó a la Policía para intimidarme, yo lo veo así, porque quería que entregue mi celular. Yo le dije que vayamos a la Felcc, para que se presente ante la autoridad competente”, dijo entonces Ulo.
La periodista relató que la jueza Castro le exigió que borre imágenes de su celular relacionadas al caso de Marihela Valdez, quien denunció el desfalco en el Banco Unión y entonces permanecía privada de libertad por la falta de una firma de su autoridad.
Entonces, la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), que representa a medios impresos y una agencia de noticias, rechazó la acción de una autoridad judicial que vulnera el derecho del acceso a la información de interés público, y la libertad de prensa.
Página Siete
