A denuncia del exministro de Gobierno Carlos Romero, el excomandante general de la Policía Vladimir Yuri Calderón, su Estado Mayor y varios directores nacionales y comandantes departamentales serán procesados por la Fiscalía Policial por el motín de noviembre de 2019. Oficiales en retiro sostienen que el Gobierno trata de desvirtuar el fraude electoral y los policías de base advirtieron: “No prendan fuego”.
“Antes de amotinarse formalmente, brindaron protección a esos políticos disfrazados como cívicos, a (Fernando) Camacho le asignan 200 policías vestidos de civil para su protección y otros 200 para la protección de (Marco) Pumari. (…) Fueron varias acciones conspirativas, golpistas de la Policía (que) se han traducido primero en el hecho de haber facilitado la toma y quema de los tribunales departamentales electorales”, dijo a Página Siete Carlos Romero.
El exministro señaló que hay una serie de elementos que sustentan su denuncia ante la Fiscalía Policial, pero subrayó que esa información no es suya, sino que -aseguró- los datos están registrados en las investigaciones policiales iniciadas durante del gobierno de Jeanine Añez en la Dirección Departamental de Investigación Policial Interna (Didipi), de Cochabamba, sobre lo acontecido entre el 8 y 10 de noviembre de 2019, antes de la renuncia de Evo Morales, cuando efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones (UTOP) de esa región fueron los primeros en acuartelarse.
En contrapartida, la dirigente de la Asociación de Suboficiales, Sargentos, Cabos y Policías (Anssclapol), sargento Cecilia Calani, advirtió ayer a las autoridades que analicen el tema. “No prendan fuego, porque eso sería un paso muy difícil para todo el país de vivir”, según el reporte de Erbol.
Por su lado, la vicepresidenta de la Asociación de Esposas de Sargentos, Suboficiales, Clases y Policías (Anesclapol), Elia Cárdenas, negó “motín policial” en noviembre de 2019 y afirmó que lo acontecido fue un levantamiento de la población. Recordó que el Gobierno ha postergado varias demandas de la Policía, como el seguro de vida, y denunció que en el Chapare los efectivos son amenazados de muerte.
“Como esposas estamos organizadas, vamos a pedir audiencia con el nuevo comandante de la Policía, estamos muy nerviosas, detrás de cada policía hay una familia (…) hemos analizado en realizar marchas y huelgas de hambre”, declaró Cárdenas a Los Tiempos.
En contacto con Página Siete, el representante del Centro de Jefes y Oficiales Jubilados, René Calla, descalificó la denuncia de Romero y señaló que con esa retórica se pretende dejar de lado las demandas policiales anteriores al fraude electoral.
Recordó que el 9 de noviembre, el entonces ministro Romero envió una carta a los efectivos acuartelados en Cochabamba para ofrecer la abrogación de la Ley 101 de régimen disciplinario, jubilación con el 100% del salario y la nivelación salarial.
“La historia la escriben los vencedores. El Gobierno tiene el problema del fraude electoral que se descubrió, (ahora) quieren tapar ese hecho con estas denuncias que no tienen ningún sentido, si quieren procesar a los policías, serán más de 15.000 procesos”, afirmó Calla.
El presidente Luis Arce advirtió el martes a los miembros de la entidad del orden “nunca más se debe dar la espalda al pueblo boliviano (…), cada uno de los miembros de la Policía Boliviana proviene del seno mismo de nuestro pueblo. Lo que pasó el año pasado, no debe volver a ocurrir en nuestro país”.
En esa línea, el comandante general de la Policía, Jhonny Aguilera, afirmó ayer que será la Fiscalía Policial, la Inspectoría y los tribunales disciplinarios las instancias encargadas de identificar y procesar a los efectivos que se amotinaron en 2019. “Estamos seguros que estas conductas no se deben repetir en el futuro, lo que estamos haciendo es generar una doctrina para el cumplimento de la norma”, dijo el jefe policial.
Desde Anssclapol se denunció que existe una lista de 150 efectivos, entre oficiales, suboficiales y sargentos, que son perseguidos con las denuncias por el “motín policial”. El exministro de Gobierno Carlos Romero afirmó que los efectivos recibieron dinero de los opositores al gobierno de Evo Morales; los involucrados suman 300.
Calderón Romero señala como principal responsable del “motín policial” a Calderón, por ser quien pidió la renuncia de Evo Morales. El 11 de noviembre, junto al entonces fiscal departamental, William Alave, precintó el Tribunal Supremo Electoral y anunció que se recuperaría para la Policía la administración del Servicio General de Identificación Personal. Ese día dimitió Calderón.
Página Siete
