El gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) sancionó ayer el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2021 con una polémica. La oposición denunció que el Ejecutivo pretende disponer de recursos de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, que provienen de aportes privados de los bolivianos para su jubilación, para el pago del Bono Contra el Hambre a través de un artículo transitorio.
“Alerta: disposición adicional tercera de ley del Presupuesto General, (el Gobierno) quiere sacar fondos de las APF para pagar Bono Contra el Hambre”, tuiteó la senadora Andrea Barrientos de Comunidad Ciudadana (CC).
En contacto con este este medio, Barrientos sostuvo que el MAS pretende echar mano de los aportes de los bolivianos. CC hizo la denuncia en la Cámara de Diputados la anterior semana, cuando esta instancia aprobó el proyecto de ley del PGE y pasó el documento al Senado.
La disposición tercera del proyecto de ley del PGE, dice: “Se modifica el artículo 3 de la Ley No 1330 de 16 de septiembre de 2020 con el siguiente texto: Art. 3, Financiamiento. El Bono Contra el Hambre tendrá las siguientes fuentes de financiamiento: a) Tesoro General de la Nación, incluyendo los recursos de reposición o reembolso provenientes de contratos de préstamos externos para el pago de la Renta Dignidad y los bonos Familia, Universal y Canasta Familiar, ejecutados por la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo. b) Otras fuentes de financiamiento externas y/o internas”.
El documento añade: “II Los saldos no ejecutados por la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, previstos en el inciso a) del parágrafo I del presente artículo, serán consolidados a favor del Tesoro General de la Nación TGN”.
En la Ley 1330 se menciona que el Bono Contra el Hambre será financiado con los recursos provenientes de la reposición a ser efectuada en el marco de los siguientes Contratos de Crédito Externo: Contrato de Préstamo N° 9115-BO, suscrito entre el Estado y el Banco Mundial; y, Contrato de Préstamo N° 5039/ OC-BO, suscrito entre el Estado y el Banco Interamericano de Desarrollo-BID.
La senadora Ana María Castillo, del gobernante MAS, dijo a este medio que hay “exageraciones o malas interpretaciones de los compañeros de oposición” respecto las denuncias.
La Ley del Presupuesto General del Estado 2021, que después de su sanción fue remitida al Ejecutivo para su respectiva promulgación, tiene un importe de 295.599.911.855 bolivianos y un consolidado de 228.357.102.402.
La ley prevé un crecimiento en proyectos de inversión de 4.000 millones de dólares, respecto a los 1.000 millones de dólares de esta gestión, y un crecimiento del 4,8% del Producto Interno Bruto (PIB).
Sancionan impuesto a fortunas
La Cámara de Diputados aprobó ayer los tres cambios que introdujeron los senadores al proyecto de Ley de Impuesto a las Grandes Fortunas. De esta manera la norma fue sancionada, en espera de su promulgación por el Ejecutivo.
Los cambios: la futura ley se aplicará desde esta gestión y de manera indefinida. Los opositores habían solicitado que ese impuesto se pague de manera temporal tal como mandaron el proyecto de Diputados.
La segunda reforma fue introducir un nuevo texto, el artículo 10 que se refiere a que se tomará a cuenta de pago de este impuesto, “el importe pagado por el impuesto aplicable a la propiedad de bienes inmuebles y muebles sujetos a registro”. Y tercero, se tomará en cuenta “el importe pagado por el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas aplicable al ejercicio de profesiones libres y oficios en forma independiente”. Se cobrará impuestos a personas con patrimonio igual o mayor a 30 millones de bolivianos.
Página Siete
