El año 2020, año hito para la historia mundial contemporánea por las consecuencias temibles del Coronavirus, marca también de manera indeleble al Tribunal Supremo Electoral que debió organizar la elección más compleja de la historia democrática de Bolivia.
En efecto, para alcanzar la jornada del 18 de octubre de 2020, el país debió sortear desafíos considerables pues partía de la anulación de su elección general, evento excepcional para cualquier órgano electoral, sistema político o democracia. De hecho, solo sufrido en dos oportunidades en América Latina en el siglo XXI.
Aquella anulación se adoptó en un ambiente recargado de tensiones, inscritas en una polarización de larga data. A la par de esa decisión, se colocaron los elementos para encarrilar la nueva elección y reconstituir la institucionalidad. Se definieron las reglas de juego específicas de los comicios de 2020 y se acordó la conformación nacional y departamental de un Órgano Electoral auténticamente independiente, no sometido a ningún Poder, autónomo con respecto a los intereses de los actores de la contienda.
Se Inició el camino con un tercio de los tribunales departamentales en cenizas y con casi la mitad de la infraestructura electoral golpeada. Hemos comenzado a reponernos, gracias al pago de los seguros y la generosa contribución de los países amigos que nos ha permitido modernizar el equipamiento tecnológico. El daño excedía con creces la destrucción de edificios o vehículos. Afectaba el corazón mismo de la institucionalidad, colocada en un estado crítico. Iniciamos la reconstrucción, apostando por la idoneidad, el profesionalismo, el mérito de los funcionarios, así como por la elaboración e interpretación normativas que apuntalaran derechos, garantías y libertades.
La nueva Sala Plena dispuso de un lapso breve para convocar la elección y procuramos, de entrada, hallar las respuestas para los puntos frágiles y las vulnerabilidades que las misiones internacionales y los actores locales identificaron en los comicios precedentes. Así, entre otras actividades, dimos prioridad a la seguridad informática; saneamos el padrón a partir de la inclusión de los jóvenes, la actualización de los domicilios y la depuración de los fallecidos, a la par que abrimos la base de datos para el escrutinio público para que todos tengan certeza de la confiabilidad y consistencia del padrón; redefinimos la cadena de custodia de la entrega y retorno del material electoral. Para estas labores contamos con el apoyo especializado del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Fundación Internacional de Sistemas Electorales (IFES), la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Por convicción y por una comprensión adecuada de la nueva coyuntura económica, solicitamos un presupuesto austero, inferior al requerido para los comicios precedentes. Incluso con el adicional que se necesitó para las medidas de protección sanitaria, el presupuesto estuvo alrededor de 12% por debajo del de 2019.
Esa ruta, de por sí rugosa, se abrió a lo desconocido cuando la pandemia del Coronavirus irrumpió en Bolivia, obligándonos a suspender la elección a 45 días de la votación. Ignorábamos en ese momento que el país ingresaba en un debate de casi un semestre sobre la fecha de la elección.
Convencidos de que más que nunca debíamos apelar a los valores democráticos del diálogo y la concertación, tendimos puentes para definir en consenso una nueva fecha. Buscamos la convergencia de los partidos y los candidatos, los Poderes del Estado y las instituciones, los movimientos sociales y cívicos, la ciudadanía. En la tarea ardua y delicada de hilvanar los denominadores comunes, contamos con el valioso apoyo de la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Iglesia. Nunca cedimos ante la adversidad y por ello, en tres ocasiones, con fórmulas y metodologías distintas, buscamos el acuerdo nacional para establecer la fecha de la votación respetando dos imperativos, ambos de igual importancia: la exigencia constitucional de que las autoridades sean elegidas y posesionadas en 2020 y preservar la salud pública.
Así llegamos a la mañana del 18 de octubre. Había sido el compromiso del Tribunal Supremo Electoral: fecha definitiva, inamovible e impostergable de la jornada de votación. Reflejo de una voluntad firme, entera, por responder al compromiso asumido con el país y la comunidad internacional. Una voluntad indispensable, cuando el proceso mismo pareció, en más de una ocasión, cerca del colapso.
En esos meses ríspidos, el proceso y el órgano electoral quedaron sometidos a un ataque de noticias falsas, engañosas y tendenciosas. Tanto investigaciones académicas como las verificadoras de noticias coinciden en que nadie fue más golpeado por ese tipo de arremetidas que el Tribunal Supremo Electoral. Nuestra respuesta fue la transparencia y la paciente demostración de la verdad.
Las noticias falsas se sumaron a los embates provenientes de múltiples frentes. Los pasamos por alto y dejamos de lado, con templanza, porque nunca flaqueó la convicción de que Bolivia necesitaba la elección como condición indispensable para afianzar la democracia. Haber llegado a la jornada de votación constituyó en sí mismo un logro mayor.
Sin embargo, no era cualquier proceso electoral que necesitaba Bolivia, debía ser irreprochable en sus fundamentos, pacífico en su desarrollo y desenlace, ser el abrazo del reencuentro de los bolivianos.
Para ello, el Tribunal Supremo Electoral articuló tres principios rectores. El primero, la seriedad técnica, aplicada a los aspectos administrativos, logísticos y jurisdiccionales. Ella también implicó, en determinadas oportunidades, reconocer que, en las circunstancias de ese proceso, algunas tareas inicialmente contempladas, como la divulgación de resultados preliminares, no podrían ejecutarse sin suponer riesgos para el objetivo mayor de la elección, y debieron ser retiradas.
El segundo, la imparcialidad política, manifestada en la equidistancia frente a todas las organizaciones políticas, en la suma de decisiones sin sesgo a favor o en contra de ninguna candidatura. La neutralidad puntillosa es compatible con la apertura con las candidaturas y el diálogo con las organizaciones políticas. Así se consiguió, con desprendimiento de parte de ellas, que renunciaran al Financiamiento Público para que esos recursos se destinen a la compra de los insumos de salud.
Por último, la transparencia. Hemos rendido cuentas de nuestras decisiones, hasta, y sobre todo de las difíciles, de las que resultaban incomprensibles en ciertos momentos o para ciertos sectores. A la par, se ofreció ingreso para que la sociedad y la comunidad internacional observen todas y cada una de las fases del proceso electoral.
Con esos principios, preparamos la jornada electoral, que, requirió un nuevo formato para ser compatible con la protección de la salud, labor en la cual asesoró la Organización Panamericana de la Salud.
Tuvimos más recintos, ampliamos el horario de votación, segmentamos la jornada en dos para facilitar el flujo de las personas y reducir las aglomeraciones; brindamos material de protección y sorteamos a los jurados entre personas menores de 50 años para no exponer a los grupos vulnerables. Para cuidarnos entre todos, debimos adaptarnos, alejarnos un poco de los elementos que dan un gusto especial a nuestras citas electorales.
Aun así, diferente en su organización, el día se mantuvo fiel al espíritu de nuestra mejor tradición: participativo, negando las proyecciones agoreras de una ausencia de jurados o de un incremento de la abstención. En un ambiente pacífico y ordenado, con 88.4% de asistencia, los bolivianos marcamos uno de los registros mayores de América Latina y del mundo en el siglo
XXI. Además, las cifras señalan que la elección no tuvo incidencia negativa sobre la evolución de la pandemia. Ese notable logro nacional hubiese sido imposible sin el comportamiento responsable de todos los actores de la jornada.
Los jurados recibieron el sufragio de sus vecinos, convertidos en los primeros garantes de la limpieza de la elección. Abrieron las ánforas delante de ciudadanos, delegados partidarios, periodistas, observadores, quienes pudieron, con la misma libertad, fotografiar el acta. Cumplieron una labor destacada y los subsanables errores de aritmética u otros no empañan su honestidad.
Las actas, debidamente protegidas, con el discreto y eficaz acompañamiento militar y policial, regresaron a los Tribunales Electorales Departamentales para el cómputo en el cual actuamos como el registrador fiel de los votos. La suma de las actas, una por una, configuró el resultado nacional, oficial y definitivo.
El inicio del cómputo exigió paciencia y, entre las lecciones que retenemos, está mejorar el punto de equilibrio entre la seguridad del cómputo y la celeridad en la entrega de los primeros datos. Concluimos un cómputo confiable y verificable, que privilegió la certeza de que el resultado fuese auténtico, en una labor de legalidad y rectitud ética. Al final, entregamos el cómputo presidencial más rápido de la democracia, en apenas 5 días, contra un promedio de 19 días para las tres décadas previas.
Los resultados han sido reconocidos por los contendientes, en un gesto que los honra y enaltece; avalados por la comunidad internacional; aceptado por las plataformas de la observación local y por la sociedad, en un acto de madurez democrática, más allá de que las estadísticas los complacieran o los decepcionaran. La elección libre y limpia permite proseguir la delicada reconstrucción de la confianza ciudadana en la autoridad y los procesos electorales.
La elección de 2020 cumplió su cometido central, aquel que se eleva por encima de nuestros yerros o falencias. Atrás quedaron las sombrías profecías de violencia y caos que, hasta horas antes de la jornada de votación, angustiaban a las familias. Logramos un inmenso éxito colectivo.
Esa elección tan compleja fue igualmente la más observada. El TSE acreditó a todas las delegaciones y misiones que lo solicitaron y que midieron la elección contra los estándares internacionales de integridad electoral. Todas fueron bienvenidas y valoramos su presencia tanto más que para llegar debieron esquivar las complicaciones de la pandemia. Ese despliegue se explica porque la situación de Bolivia era seguida atentamente por la comunidad internacional, consciente de que el desenlace del proceso electoral determinaba las chances de la convivencia pacífica y el asentamiento institucional o de una crisis de prolongaciones peligrosas. Por supuesto, no es casualidad que la revista británica The Economist incluyera a Bolivia entre las naciones ejemplares de 2020.
La importancia de la observación electoral internacional en contextos polarizados y enfrentados como el boliviano radica en la mirada objetiva sobre una elección, indiferente al resultado, centrada exclusivamente en la calidad del proceso; en la perspectiva amplia, construida por especialistas, ceñida a metodologías rigurosas. Las plataformas locales aportaron igualmente su capacidad de estudiar el proceso con meses de anticipación y su extensa cobertura de la jornada electoral. Ellas enriquecen la democracia pues suman ciudadanos comprometidos y activos en la esfera pública.
Tanto los informes de las misiones internacionales como los de las plataformas locales coinciden en que la elección se ajustó a los parámetros de comicios limpios, transparentes, que reflejan la voluntad expresada en las urnas. También hubo errores, sin duda, y existen áreas donde corresponde hacer ajustes o reformas. Los reportes señalan lo primero sin ocultar lo segundo. En conjunto, constituyen la verificación más seria del proceso electoral 2020, el estudio del cumplimiento de los estándares de integridad por parte de la autoridad electoral y sus páginas tiene las características de una auditoría técnica de la elección. Para quien desee conocer los aciertos y las eventuales debilidades de la elección de 2020, el camino expedito y sencillo es la lectura de esos informes.
Sobre esta base, se entregaron las credenciales a las autoridades de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, dotadas de legalidad y de legitimidad. El esfuerzo constante de supervisión del Tribunal Supremo Electoral consiguió que las candidaturas finales respetaran la paridad y alternancia de género en sus listas. Así, el Senado tiene una mayoría de senadoras y las diputadas bordean la mitad, manteniendo al país en la vanguardia mundial por el porcentaje de parlamentarias, consolidando uno de los principales capitales de la democracia nacional.
La resolución exitosa de los comicios más complejos de la historia democrática no fue seguida de ninguna pausa o descanso. Apenas posesionado el presidente, el Órgano Electoral convocó a la elección departamental, regional y municipal, ya citada para el 7 de marzo de 2021. En los meses finales de 2020 se avanzó aproximadamente la mitad de las tareas preparativas para esa jornada con la cual se cierra el ciclo electoral boliviano.
Dos tareas destacaron. Por un lado, la inscripción en un padrón electoral biométrico confiable, seguro, auditado. Otra vez, los jóvenes respondieron con convicción democrática y tal como lo hicieron para la presidencial, acudieron masivamente a los puntos de empadronamiento, lo que sumado a los cambios de domicilio y el cotidiano trabajo de depuración de fallecidos garantiza sufragar con un padrón saneado, actualizado, sometido a revisiones periódicas. Por otro lado, en los Tribunales Departamentales se anotaron más de 20.000 postulantes para los cerca de
5.000 cargos que configuran el poder local y que incluye igualmente la elección de autoridades en distritos indígenas por normas y procedimientos propios.
Conocemos que la ruta por recorrer no es sencilla y asumimos, otra vez, el reto de conjugar el ejercicio de los derechos políticos con el cuidado de la salud. Prepararemos protocolos y recomendaciones, proveeremos material de protección a los jurados, notarios y guías. Haremos nuestra parte. El país requerirá que todos hagan la suya: los partidos, llevando adelante campañas con responsabilidad, los ciudadanos respetando las consignas durante las capacitaciones y el día de la votación.
Cualquiera sea la intensidad de la actividad electoral, ella no agota las responsabilidades, funciones y competencias del Tribunal Supremo Electoral, que también se encarga de la administración del Servicio de Registro Cívico, y en particular del Registro Civil.
El trabajo se efectuó en condiciones adversas, en especial cuando los Oficiales de Registro Civil vieron su actividad reducida al mínimo o suspendida por la cuarentena. Pese a ello, se adoptaron las disposiciones administrativas y jurídicas necesarias para que, a medida que el país recobraba pautas de normalidad, se lograran cubrir todos los movimientos de nacimiento o defunción ocurridos durante el período. Asimismo, la extensa red de Oficialías se completó con la creación de dos oficinas que actúan como centros regionales en áreas en rápida expansión demográfica: el sur de la ciudad de La Paz y el Plan 3000 en Santa Cruz. El objetivo de los nuevos centros es el mismo que nos guía en todo el país: ofrecer un servicio de calidad y de cercanía a la población.
En la historia social del país, el año 2020 anotará igualmente el reconocimiento de la primera unión libre de dos personas del mismo sexo, a cargo del Servicio de Registro Cívico (SERECI). El registro supera su simple carácter administrativo: fue el punto de llegada saludado de un esfuerzo por abordar los derechos con una mirada amplia y abierta.
La gestión 2020 se cierra. Un año en el cual el país fue puesto a prueba por la pandemia, una crisis política latente y un deterioro de los indicadores económicos, es decir confrontó una profunda incertidumbre. Más allá de las equivocaciones e insuficiencias, quizá inevitables cuando los agrestes caminos que se recorren se transitan por primera vez, el Tribunal Supremo Electoral cumplió su principal encomienda.
Se abre la gestión 2021. El Tribunal Supremo Electoral ofrecerá otra vez el mejor y más responsable esfuerzo, recurrir a sus mejores talentos, asumirá plenamente sus principios y valores, para privilegiar el bien común y fortalecer los cimientos de la democracia. Estamos convencidos que en esa tarea nos acompañará el aliento y el impulso de todo el país.
