La Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva (Sbmcti) se ha declarado en emergencia y pide una reunión urgente con las autoridades del Ministerio de Salud, en un plazo no mayor a 72 horas, para que den respuestas ante el colapso virtual que registran las unidades de terapia intensiva (UTI) en el país.
Los intensivistas consideran que esta situación es uno de los detonantes en el deceso de personal médico, personal de salud y población en general. Ven que existe “indiferencia de las autoridades del Gobierno nacional”, de los gobiernos departamentales y municipales, así como una falta de coordinación con los especialistas para dar mayor funcionalidad a las UTI. Además de la falta de equipos, demandan especialistas para el manejo de pacientes en estado crítico.
El sector tiene otras demandas como la dotación de pruebas rápidas para todo el personal de salud de primera línea y una solución para que todo intensivista, que realiza un trabajo 24/7, pueda contar con los beneficios que corresponden. Es por ello la declaratoria permanente de “emergencia nacional”, según determinó la directiva de la entidad.
Los médicos intensivistas indican que falta medicamentos e insumos imprescindibles para el funcionamiento de las Unidades de Terapias Intensivas, además de indumentaria de bioseguridad para el personal de salud. A esto se suma que más del 40% de los médicos intensivistas están sin asignación de ítems institucionalizados.
Aducen que los actuales contratos son básicos y no brindan ningún tipo de seguridad laboral (sin beneficios siquiera de un seguro de salud). “A nombre de todos los médicos intensivistas de la Sbmcti hacemos notar nuestra sentida preocupación por lo antes mencionado y extendemos nuestro apoyo incondicional al personal de salud que se encuentra en primera línea”, señala el comunicado que fue elevado a las autoridades.
Por otro lado, fue rechazado el uso de medicamentos y otro tipo de sustancias que no estén contempladas en la lucha contra el coronavirus y deslindaron de cualquier responsabilidad legal ante los infortunios que puedan afectar a los pacientes por la grave coyuntura que atraviesa el país por el desborde del coronavirus en su segunda oleada.
El Deber
