La decisión del Gobierno boliviano de postular al ecuatoriano Patricio Pazmiño Freire para su reelección como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos recibió críticas, por su componente político.
Según publicó este sábado el diario ecuatoriano El Comercio, Mauricio Alarcón, director de la organización no gubernamental Fundación Ciudadanía y Desarrollo, discrepó con esta candidatura y criticó al gobierno saliente de Lenín Moreno por no haber presentado una candidatura local.
“Sorprende la omisión del Gobierno ecuatoriano de presentar un candidato para la Corte, más aún cuando sabían que no iban a impulsar la reelección de Pazmiño. La omisión, en este caso de la Cancillería, abrió la puerta para que Bolivia postule a alguien que de manera clara ha estado vinculado, no con los derechos humanos, sino que es un alfil político del socialismo del siglo XXI”.
La peruana Úrsula Indacochea, directora del Programa de Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso, recordó que es permitido que un país presente una candidatura de otra nacionalidad y que eso sucedió cuando Costa Rica postuló en 1979 a Thomas Buergenthal (un sobreviviente del Holocausto), por lo que “es hasta irónico que se pretenda ponerlo a la altura de este exmagistrado”.
Agregó que los Estados nominan a sus nacionales, porque eso “les da prestigio y mostrar que su país aporta con juristas de alta talla, y por la alta calidad académica y credenciales democráticas de estas personas”. Pero “nominar un extranjero es indirectamente admitir que no hay mejores candidaturas propias, que cuesta creer en el caso boliviano”. La elección se realizará en la próxima asamblea general, en Guatemala.
Fuente: Pagina Siete
