El experto Alcides Vadillo señaló que es positiva la detención del exministro Characayo, pero advierte que las experiencias pasadas muestran que estos procesos muchas veces se quedan en nada.
El tráfico de tierras fiscales involucra la gestión de cuatro exministros y ha dejado al menos 100 procesos entre administrativos y penales a funcionarios del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y del Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA).
De acuerdo con la Fundación Tierra, los casos de corrupción relacionados a la dotación de tierras fiscales, si bien siempre han existido, adquieren una importancia mayor desde 2010, cuando Nemesia Achacollo ocupaba la cartera de Desarrollo Rural.
“A partir de 2010 se marca muy visiblemente el tema de la corrupción en el manejo de tierras fiscales. A partir de ese año la institucionalidad pública del INRA se pierde y entra el manejo político. El INRA pierde su condición técnica y se convierte en una instrumento político, operativo, partidario en favor de intereses concretos y esto genera mecanismos ligados a la extorsión y el tráfico de tierras”, señala el director de la Fundación Tierra Regional Oriente, Alcides Vadillo.
De acuerdo con reportes de prensa, en 2010 Juan Carlos Rojas, exdirector del INRA, denunció la existencia de una oficina que fraguaba documentos y que blanqueó antecedentes y extorsionó a funcionarios para beneficiar a ciertas personas y entregarles tierras fiscales por un precio, que según reportó el periódico La Prensa en 2011, oscilaba entre los 23.000 y 50.000 dólares.
De acuerdo con los documentos del caso “INRA paralelo”, los implicados en el caso “procedían a contactarse con empleados del INRA de Santa Cruz con el objetivo de obtener la información de la base de datos oficial. Fraguaban la documentación, introducían datos falsos y los utilizaban para cumplir sus compromisos económicos por un monto aproximado de 23.000 dólares americanos por cada contrato, aunque hubo casos en los que el monto exigido alcanzaba los 50.000 dólares”, señala el reporte de La Prensa.
El INRA “chuto” operaba en el pasaje Cuéllar N 3135 y en la calle Pozo N 448 de Santa Cruz, y se dedicaba a “hacer seguimiento” de trámites en el INRA y en la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), confesó el responsable de la oficina clandestina Marcelo Salas Viruez en su declaración formal ante la Fiscalía de Distrito de Santa Cruz el 17 de marzo de 2011.
“Aquí es donde aparece lo que en ese momento se llamó el ‘INRA Paralelo’. En ese momento la ministra de Desarrollo Rural era Nemesia Achacollo y el director del INRA era Juan Carlos Rojas y es esta persona quien denuncia la existencia de esta oficina, que estaba armando expedientes paralelos, extorsionando a unos y beneficiando a otros y la consecuencia de esta denuncia es que el denunciante es separado del INRA y se le inicia un proceso del cual no se sabe cuál fue su conclusión”, agregó Vadillo.
Rojas, luego de realizar la denuncia, fue reemplazado por Julio Urapotina, quien, según notas de prensa, fue uno de los responsables de los asentamientos humanos impulsados en Pando por el exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana.
Rojas, en su momento, no descartó que su destitución obedezca a las denuncias presentadas ante el Ministerio Público por la presunta existencia de una red nacional de traficantes de documentos e información de saneamiento.
Los reportes de la prensa en ese entonces señalan que uno de los integrantes de la organización aseguró ser asesor personal de la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, e intentó acudir a ella por teléfono en el momento en que fue arrestado en su oficina, de acuerdo con las autoridades del Ministerio Público.
Asimismo, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, en las mencionadas oficinas se encontró documentación relacionada al saneamiento de tierras en Santa Cruz y Montero, y que, además, fueron visitadas por la exministra Achacollo en dos ocasiones.
En abril de 2011, ante las acusaciones contra la exministra, el entonces presidente Evo Morales la defendió: “La compañera Nemesia es de mucha confianza, la conozco desde hace mucho tiempo, es una gran luchadora; no creo para nada en la acusación contra la ministra, pero a veces es difícil dar la cabeza por todos y todas…”.
Nepotismo y clanes
Durante la gestión del exministro César Cocarico (2015-2019) se presentaron también denuncias de corrupción, nepotismo y tráfico de tierras, apuntando directamente a la ex autoridad y sus familiares.
El hermano del exministro, Rogelio Cocarico Yana, fue detenido en 2018, acusado de estafar a una comunidad menonita con el cobro de 600 mil dólares a cambio de sanear tierras ilegales.
El 24 de octubre de 2018, el Tribunal Cuarto de Sentencia de Santa Cruz envió a Rogelio Cocarico al penal de Palmasola acusado de estafa agravada.
Según la denuncia, el hermano de Cocarico -junto con cinco que se presentaron como funcionarios de la empresa Mato Grande- “sonsacó” a los pobladores de la colonia Río Negro (Beni) 200 mil dólares para sanear un desmonte ilegal. Ése era sólo un adelanto del pago de 600 mil dólares exigido para arreglar el “lío de tierras”.
Según documentación de la Contraloría y las planillas de personal del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, el exministro César Cocarico tuvo a dos de sus primos trabajando dentro de la cartera de Estado que él dirigía. Los dos presuntos familiares son Orlando Achu Cocarico, exJefe de Unidad de Producción Agropecuaria, Agroforestal y Pesca; y Édgar Yana Chambi, que trabajó en el INRA.
En enero de 2020, el entonces viceministro de tierras, Gustavo Terrazas, aseguró que Cocarico estaba implicado con un clan familiar vinculado al tráfico de tierras en Santa Cruz y la Chiquitania, denominado “clan León”, junto con Juan Carlos León, exdirector del INRA.
En enero de 2020, el INRA presentó una demanda penal ante el Ministerio Público contra Cocarico por el nombramiento ilegal justamente de Juan Carlos León Rodas, como director de esa entidad sin que cuente con un título profesional que respalde esa designación y que fue refrendado mediante Resolución Suprema Nº 24721 por el entonces presidente Evo Morales, establece un comunicado del Viceministerio de Tierras.
“De acuerdo con la hipótesis que estamos pudiendo manejar desde el Viceministerio de Tierras, vemos que hay un enlace directo, quienes nombran a León son Evo Morales y César Cocarico. Quién es Juan Carlos león, parte del clan de los León, habría una relación directa entre estas autoridades para atentar contra la Chiquitania y ver con el tráfico de tierras”, acusó Terrazas en rueda de prensa.
Cocarico se defendió en su momento, señalando que él mismo había denunciado los hechos de corrupción y que en el caso de su hermano, él no podía hacer nada para defenderlo. “Aunque seamos hermanos nada puedo hacer”, expresó entonces el exgobernador de La Paz.
Denuncias a la gestión de Añez
En noviembre de 2020, días antes del cambio de gobierno, durante la gestión de la exministra Eliane Capobianco, la Fundación Tierra denunció el “manejo arbitrario” del INRA en el gobierno transitorio de Jeanine Añez y denunció la entrega de “miles” de títulos agrarios en el departamento de Santa Cruz.
“Al igual que hemos cuestionado la actuación del gobierno del MAS por el tráfico de tierras, expresamos nuestra preocupación por el manejo arbitrario del INRA durante el gobierno transitorio de Jeanine Añez. Entregó miles de títulos agrarios en el departamento de Santa Cruz, bajo el argumento de que los trámites se habían paralizado sin motivo alguno. Varias de estas propiedades, en especial las medianas y grandes, tenían observaciones jurídicas de fondo por tratarse de tentativas de apropiación ilegal de tierras fiscales y de latifundios que no cumplen la Función Económico Social (FES)”, señaló la Fundación Tierra.
La Fundación también denunció la consolidación de dos propiedades agrarias: Empresa Agropecuaria Laguna Corazón, de 12.480 hectáreas, en la provincia Guarayos; y la Empresa Agropecuaria Tierras Bajas del Norte, de 21.000 hectáreas, en la provincia Chiquitos, sumando un total de 33.480 hectáreas en favor de la familia del entonces ministro de Economía, Branko Marinkovic.
Al respecto, la familia Marinkovic, mediante un comunicado, negó que el exministro se haya beneficiado de la titularización de las tierras, ya que éstas pertenecen a la Empresa Agropecuaria Laguna Corazón, “entre cuyos accionistas él no figura”.
La nota agrega que la titularización de estas tierras se realizó producto de un trámite que duró más de 10 años y se consolidó luego de un proceso legal “debidamente sustanciado en los tribunales e instancias respectivas”.
Al respecto, Vadillo apunta que con el gobierno de transición no se hace una revisión de los procesos cuestionados durante el gobierno del MAS, sino que las prácticas irregulares se reforzaron, cambiando a los beneficiarios de interculturales y dirigentes asociados al MAS a medianos y grandes propietarios.
“Si durante la gestión del MAS los beneficiarios eran interculturales y gente del partido, durante la gestión de Añez la gente que se benefició principalmente de la dotación de tierras fueron grandes propietarios, con propiedades mayores a 5.000 hectáreas que en el gobierno del MAS no pudieron consolidar derechos sobre la tierra. Cuando entra Añez al poder, estas tierras son legalizadas en gran medida; lastimosamente no hay proceso de revisión de lo que se hizo”, agregó el director de la Fundación Tierra Regional Oriente.
Atrapado por un soborno
El pasado martes, Edwin Characayo, entonces ministro de Desarrollo Rural y Tierras, fue detenido luego de ser descubierto in fraganti mientras recibía un soborno de 20.000 dólares, entregados con el objetivo de sanear el predio denominado El Triunfo II, de 1.350 hectáreas, ubicado en el municipio de San Julián del departamento de Santa Cruz, clasificado como tierra fiscal, según el INRA
“Ese predio (El Triunfo II) data desde hace tiempo y está en proceso de saneamiento, y el INRA, antes de mi gestión, ya había emitido una resolución de reversión de esa propiedad y ahí terminó el trabajo. El ministerio (de Desarrollo Rural), a través del Viceministerio de Tierras, en su calidad de fiscalizador, solicita información (al INRA) y seguramente iba a emitir alguna resolución”, respondió a Página Siete el director nacional del INRA, Eulogio Núñez.
El director del INRA afirmó que es el Ministerio Público el que debe aclarar esos detalles y las investigaciones desvelarán cómo se realizaron esos contactos.
Procesos
Según declaraciones del exdirector del INRA, Juan Carlos León, entre 2018 y 2019, se presentaron al menos 100 denuncias contra funcionarios de la institución por irregularidades y corrupción en la dotación de tierras, lo que dio inicio a procesos penales.
“Tenemos más de 100 procesos penales que se están dando no sólo a funcionarios públicos que falsificaban documentos y extorsionaban, sino también a particulares. Se ha despedido a esa gente”, señaló León en 2019.
Por su parte, la Fundación Tierra señala que no cuenta con un registro de denuncias y procesos; sin embargo, observa que la mayor parte de los casos denunciados han tenido muy poco avance o han quedado en nada.
“Lamentablemente no tenemos un registro de las denuncias que se han realizado. A 2019 habían cerca de 100 denuncias contra funcionarios del INRA, se abrió un proceso contra el exministro Cocarico, se le abrió un juicio al exdirector del INRA Juan Carlos León, se inició un juicio al exdirector del INRA en Santa Cruz, Sergio Abrahan Imana, pero todos estos juicios quedan en nada. La influencia política es más fuerte y trata de cerrar estos espacios de discusión e incluso de aplicación de justicia, de sanción”.
Vadillo agregó que es un hecho muy positivo el caso del exministro Characayo; sin embargo, advierte que las experiencias pasadas muestran que estos procesos muchas veces se quedan en nada.
“Es importante que haya una decisión de iniciar un proceso; sin embargo, la experiencia nos muestra que luego de dos semanas esto pasa al olvido y los procesos quedan en el aire”, acotó.
Fundación Tierra pide intervención
En una carta abierta presentada el pasado jueves, la Fundación Tierra urgió al Gobierno a intervenir el Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA) y devolverle su institucionalidad.
“El tráfico de tierras es uno de los peores fenómenos de corrupción en Bolivia. Por eso, entre las medidas que deben tomarse de forma urgente y de fondo, están: La intervención inmediata del INRA para iniciar una auditoría de alto nivel de todos los casos con antecedentes de tráfico de tierras, especialmente en el departamento de Santa Cruz”.
La Fundación también pidió proceder al desalojo de los ocupantes ilegales de tierras fiscales en todos los casos donde existan Resoluciones de Desalojo que obligan a las autoridades del Gobierno nacional a usar incluso la fuerza pública para proteger las tierras que pertenecen a todos los bolivianos.
En otro punto se solicita al Gobierno “paralizar todos los trámites de autorización de asentamientos del INRA y los procesos de saneamiento con antecedentes de tráfico de tierras, especialmente las grandes propiedades que superan el límite de 5.000 hectáreas”.
La Fundación hace un llamado público a “las autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo para que nombren un Director Nacional Titular del INRA, en cumplimiento de la ley de tierras que señala que el Presidente debe nombrar al Director a partir de una terna de postulantes seleccionados por la Cámara de Diputados”.
Según Tierra, en 10 años, el INRA ha tenido ocho directores interinos, en su mayoría propuestos por los movimientos sociales.
Dotación se aceleró a partir de 2011
La Fundación Tierra señala que, a partir de 2011, el gobierno del entonces presidente Evo Morales aceleró el proceso de saneamiento y dotación de tierras fiscales, sobre todo en el oriente, llegando a otorgar autorizaciones de asentamiento a, al menos, 1.400 comunidades sólo en la Chiquitania entre 2011 y 2019. Sin embargo, la Fundación advierte que esta distribución de tierras se hace de manera poco transparente.
“A partir de 2011 hay un cambio en la política de distribución de las tierras fiscales. Hasta ese año, el proceso de saneamiento había avanzado, se había identificado un volumen de tierras fiscales pero los procesos de asentamiento y de distribución de estas tierras eran muy limitados”, indica el director de la Regional Oriente de la Fundación, Alcides Vadillo.
Vadillo agrega que, revisando las memorias del Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA), desde 1996 hasta 2010 prácticamente sólo se habían distribuido 200 mil hectáreas, en 14 años.
“Pero a partir del 2011 empieza un proceso de distribución de tierras que es cada vez más creciente y ya desde el 2011 hasta el 2019, sólo en la Chiquitania, la Fundación Tierra identifica la existencia de 1.400 comunidades con autorización de asentamiento de parte del INRA”, señaló.
Fuente: Pagina Siete
