Políticos y juristas consideran que la estrategia del oficialismo apunta a empantanar la causa en la Asamblea Legislativa para que se archiven los obrados.
Después de que se conociera que el denominado “caso audio” está en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), donde esa institución debe decidir si autoriza o no un juicio de responsabilidades, juristas y políticos consideran que la estrategia del oficialismo apunta a librar a Evo Morales de esa causa a través del trámite de un “caso de corte”, para que se archive la causa.
El proceso se ventiló en la justicia ordinaria, pero a fines de 2020, luego de que el MAS asumiera nuevamente el poder, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se declaró competente para tratarlo. Es en ese contexto que el 6 de mayo el presidente de ese tribunal informó que la causa está en la ALP.
“El caso iba a prosperar por la vía ordinaria, sin embargo, el proceso dio un viraje. Ahora argumentan que sería un juicio de responsabilidades, lo que significa que Morales no sería enjuiciado, porque en el Parlamento el MAS tiene mayoría y es imposible que lo aprueben. Esto demuestra que a Evo Morales le intentan lavar su imagen para luego habilitarlo en las próximas elecciones como si no hubiera pasado nada”, declaró a Página Siete Roberto de la Cruz, exejecutivo de la COR El Alto y abogado aymara.
La jefa de bancada de Creemos en el Senado, Centa Rek, sostuvo a este medio que el caso lo pasaron a la ALP para que se empantane.
“Esto obedece a toda la estrategia que está siguiendo el MAS de buscar el escenario más propicio para deshacerse de los juicios que les corresponden a sus autoridades, y de los delitos que se cometieron durante la etapa del fraude electoral. Este caso lo han pasado al Parlamento porque saben que ahí no vamos a poder tener chance de tener los dos tercios, para poder generar consensos. Entonces es una forma de anularlo, desviándolo hacia un juicio de responsabilidades en vez de encausarlo por la justicia ordinaria”, aseguró Rek.
En el caso de la expresidenta Jeanine Áñez sucede lo contrario. La exmandataria está detenida en el marco de la demanda por supuesto “golpe de Estado”, que se ventila en la justicia ordinaria. No obstante, expertos y políticos críticos al MAS sostienen que Áñez debe ser procesada a través de un juicio de responsabilidades.
Marcelo Pedraza, diputado de Comunidad Ciudadana (CC), afirmó a este medio: “Al no contar con una justicia que pueda realmente tener todos estos elementos que te permitan hablar de una independencia, de una probidad y de que no esté sometida al Gobierno estas son las incongruencias: procedimentalmente unas exautoridades pueden estar procesadas ordinariamente, otras gozarían de un juicio de privilegio”.
Rek aseguró que en el caso de Áñez el oficialismo actuó al revés. “Derivaron los casos de juicios de responsabilidades -también seguramente suponían que se iban a empantanar en el Parlamento, por el hecho de que íbamos a buscar consenso con todos los juicios de responsabilidades- a la justicia ordinaria, donde tiene jueces sumisos y subordinados. O sea, es una manipulación absoluta”, indicó.
Pedraza manifestó que, más allá de todo, para que pueda existir una averiguación de la verdad y se llegue a la justicia se debe primero reformar el sistema judicial.
El caso data de 2019 y se originó a partir del audio, difundido el 20 de noviembre de ese año. En el registro se escucha a una voz, atribuida a Morales, instruir al dirigente Faustino Yucra un cerco a las ciudades: “Hermano, que no entre comida a las ciudades. Vamos a hacer un cerco de verdad”. (El 10 de noviembre de 2019 Morales renunció a la presidencia y un día después partió rumbo a México).
El mismo 20 de noviembre, la Fiscalía General del Estado instruyó investigar a Morales. El 18 de diciembre, el Ministerio Público emitió una orden de aprehensión en contra de Morales.
En esa coyuntura, Juan Lanchipa, fiscal general del Estado, precisó: “La orden de aprehensión para Morales es a partir de las llamadas que habrían sostenido estas dos personas después de dejar la función, por lo tanto, es un juicio ordinario y no es un juicio de privilegio, ya que las acciones investigadas se han producido cuando ya no era presidente”.
En 2020, antes de las elecciones generales, ocurrieron dos cosas: 1) El 27 de febrero, el Instituto de Investigaciones Forenses informó que la pericia internacional del audio, realizada por el Cuerpo Técnico de Investigación del Ministerio Público de Colombia, estableció que hay una “alta probabilidad” de que la voz del registro sea de Morales; 2) el 6 de julio de 2020, la Fiscalía imputó a Morales.
Después de que Luis Arce del MAS ganara la Presidencia y tomara posesión, el panorama cambió. En octubre de 2020 se dejó sin efecto la imputación y la orden de aprehensión, y en diciembre, la Sala Penal del TSJ, a petición de la defensa de Morales, se declaró competente para tratar el caso.
El 6 de mayo pasado, Olvis Egüez, presidente del TSJ, indicó que el caso está en la ALP. “Entiendo que (el caso) está en el interior de la ALP, que tendría que aprobarse en un eventual juicio de responsabilidades”, señaló.
La pasada semana, el diputado Juanito Angulo (MAS) anticipó que “en su momento se analizará”, pero desde luego “se rechaza todo proceso contra el expresidente”.
La Ley 44 señala que si después de dos votaciones no se cuenta con los votos requeridos, se rechazará la autorización de juzgamiento y se archivarán los obrados.
Por Pablo Peralta M.
Fuente: Página Siete
