Entre los pagos más altos están la indemnización por nacionalización de Chaco $us 357 millones, por Transredes $us 241 millones y por Entel $us 100 millones.
Desde 2006 el Estado enfrentó más de 15 demandas y tuvo que pagar cerca de 1.000 millones de dólares como compensación a las empresas extranjeras demandantes por la nacionalización. Están en curso aún seis arbitrajes.
A principios de 2017, la Procuraduría General del Estado (PGE) informó que Bolivia pagó 828,3 millones de dólares por la nacionalización de 12 firmas.
A esos casos resueltos se sumaron el laudo de la española Abertis con un acuerdo transaccional de 23 millones de dólares, que se alcanzó en mayo del mismo año, por la estatización de Servicios de Aeropuertos Bolivianos (Sabsa) en 2013, y el de Quiborax en 2018 con una obligación del Estado de 57 millones de dólares.
El 29 de agosto de 2019 culminó el conflicto de arbitraje interpuesto por la canadiense South American Silver contra el Estado por la nacionalización y reversión de la mina Mallku Khota.
Ese año se firmó un acuerdo transaccional mediante el cual el país pagó 25,5 millones de dólares como compensación.
Con esos fallos, la indemnización que tuvo que cancelar el Estado, por los procesos de nacionalización y reversión de propiedades concedidas a empresas privadas, sumó hasta 2019 un total de 933,8 millones de dólares.
Los mayores pagos fueron realizados a Pan American Energy (PAE) con 357 millones de dólares por la nacionalización de la petrolera Chaco, Ashmore-Shell con 241 millones de dólares por Transredes, ETI Eurotelecom Internacional con 100 millones de dólares por Entel y Quiborax de 57 millones de dólares (ver gráfica).
En junio de 2018 el entonces procurador Pablo Menacho informó que se cerraron 14 laudos y producto de la defensa y negociación se logró un ahorro de 2.300 millones de dólares al reducirse la pretensión de las firmas.
Demandas pendientes
El Estado aún enfrenta seis demandas de arbitraje internacional por la nacionalización de minas y afectación de los contratos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), entre otros, según la información difundida por la Procuraduría.
Glencore
El 19 de julio de 2016, Glencore Finance (Bermudas) presentó su notificación de arbitraje alegando la violación del Convenio entre Bolivia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre el Fomento y la Protección de Inversiones de Capital por la reversión de las plantas fundidoras de Vinto Estaño, Vinto Antimonio y el Centro Minero de Colquiri. La empresa exige un pago de 675,7 millones de dólares como compensación.
Soboce
En el marco del Decreto Supremo 616 del 1 septiembre de 2010, los principales accionistas de Soboce iniciaron un procedimiento arbitral ante la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC).
El decreto dispuso la recuperación del 33,34% de las acciones de Fancesa a favor de la Gobernación de Chuquisaca que correspondían a la ex-Prefectura y que fueron transferidas a Soboce por la ley de privatización.
Procesos de las AFP
El 2 de agosto de 2018, la Secretaría del CIADI notificó al Estado boliviano sobre una demanda del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) contra el Estado boliviano por su salida de la administración de la AFP Previsión BBV. Se invocó el acuerdo a las previsiones del Acuerdo de Inversiones entre el Reino de España y Bolivia.
El 1 de abril de 2019, los accionistas de la AFP Futuro de Bolivia notificaron a Bolivia sobre la existencia de una controversia en el marco de los acuerdos de inversión que el Estado suscribió con la Confederación Suiza y con el Reino de Suecia.
El 17 de agosto de 2020, las partes en el procedimiento suscribieron un acuerdo procesal que determina claramente los pasos por seguir para la conformación del tribunal arbitral.
Orlandini
En 2018, Julio Miguel Orlandini Ágreda y Compañía Minera Orlandini Ltda. presentaron su notificación de arbitraje contra el Estado por la expropiación de las concesiones en Oruro.
Jindal
La empresa india Jindal demandó a la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) por la ejecución de una tercera boleta de garantía por 18 millones de dólares y es el proceso por el cual se contrató al bufete del que son socios los exprocuradores Héctor Arce y Pablo Menacho.
Menacho explicó a Página Siete que en noviembre de 2018 salió el laudo de jurisdicción en la demanda que presentó Jindal en la Corte de Arbitraje de Cámara de Comercio Internacional y excluyó del proceso al Estado y a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
La demanda se inició en 2014 y la intención de Jindal era recibir 86 millones de dólares por la ejecución que hizo el Estado de sus boletas de garantía por el proyecto Mutún.
El arbitraje continuó entre Jindal y la ESM, en el que la empresa india tiene varios reclamos, entre ellos la ejecución de una tercera boleta de garantía por un valor de 18 millones de dólares.
Fuente: Página Siete
