La Dirección de Transparencia destaca “elementos contradictorios” en la resolución preliminar. En dos meses, la comuna supera las 100 denuncias o reclamos.
La directora de Transparencia de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, Adriana Pedraza, reveló que la resolución preliminar que se prepara por parte del Ministerio Público rechazaría la denuncia presentada por Jhonny Fernández contra Angélica Sosa y dos de sus colaboradores cercanos. El caso en cuestión se relaciona con los contratos laborales observados por el actual alcalde cruceño.
Pedraza resaltó la presencia de “elementos contradictorios” en la resolución que manejan de manera preliminar y, por ello, adelanta que la municipalidad presentará sus objeciones. “Le están robando su plata al pueblo”, señala la directora de Transparencia.
El actual alcalde de la ciudad, Jhonny Fernández, presentó una demanda ante la Fiscalía por un millar de contratos irregulares que involucraban a la gestión de Angélica Sosa. El proceso también incluía a Sandra Velarde y Javier Canedo por los presuntos delitos de conducta antieconómica, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, nombramiento ilegal y falsedad ideológica.
Además de este caso, Pedraza avanza con la investigación de numerosas denuncias y reclamos que han llegado a su oficina.“No estamos para obstaculizar nada, ni actuar de forma parcial”, manifestó la titular de la cartera de Transparencia en el municipio cruceño.
En el inicio de su gestión, la Dirección a cargo de Pedraza ha recibido 56 reclamos en mayo y 58 en junio. “Contamos con una unidad de análisis con abogados especializados en materia penal que determina si son denuncias y reclamos”, asegura.
Las más relevantes se refieren al cobro de aportes económicos como condición para la emisión de los cheques de pago a diversos contratistas que se mantienen en espera de cobranza. La destitución de un director municipal zanjó la denuncia.
“El alcalde puede prescindir de los directores, son de libre nombramiento”, menciona Pedraza para no incidir más en el tema.
Cada requerimiento cuenta con un proceso de investigación que se debe resolver en 45 días. La ley también le faculta ampliar el plazo si se requiere más tiempo de indagación. Aunque no todos los reclamos son denuncias que requieren la intervención de la justicia, según Pedraza.
Antes de llegar a los tribunales, la oficina debe obtener elementos y evidencias “que tenemos que recabar para poder sindicar a alguien”, señaló.
Pedraza insiste en que “una de las premisas de la institución es velar por el correcto funcionamiento del municipio y que seamos imparciales y objetivos”. Se suma la decisión de actuar de manera “implacable” en los casos que se demuestre corrupción.
Paralelamente a las investigaciones que realiza la oficina de Transparencia, su directora recuerda las labores de prevención y promoción de ética entre el personal que trabaja en el municipio.
Por Juan Manuel Ijurko
Fuente: El Deber
