El exministro es investigado por uso irregular de bienes del Estado cuando se creó una comisión que debía investigar la “persecución política” entre los años 2006 y 2019.
Una nueva demanda fue planteada contra la gestión transitoria de la expresidenta Jeanine Áñez. El exministro de Justicia Álvaro Coímbra, detenido desde marzo en el penal de San Pedro de La Paz acusado por terrorismo, sedición y conspiración, ahora enfrenta un nuevo proceso legal. El Gobierno lo acusa de cometer delitos cuando se creó un comité en favor de víctimas de “persecución política”.
El actual viceministro de Justicia, César Adalid Siles, informó ayer que por efecto de la denuncia, la jueza Claudia Castro, del tribunal tercero anticorrupción, dictaminó seis meses de prisión preventiva contra el exministro en el penal donde está recluido.
Coímbra creó, a través de la resolución 140/2019, el Comité Interinstitucional de Defensa a las víctimas de la Injusticia. Su abogado, Luis Adolfo Guillen, explicó que la entidad fue instituida para investigar la vulneración de derechos que sufrieron las personas que, “por motivos políticos e ideológicos”, enfrentaron demandas legales.
Además, explicó el jurista, el comité promovió una investigación para establecer el daño y las afectaciones que han sufrido esas personas por efecto de esa persecución entre 2006 al 2019.
“Lo que este comité pretendía era mal utilizar a los servidores públicos y a los bienes del Estado para tratar de cerrar casos, hacer injerencia en la Justicia en favor de connotados políticos”, explicó ayer el viceministro Siles, luego de la audiencia dirigida por Castro.
La autoridad citó casos que pudieron beneficiar al empresario y político Samuel Doria Medina en la investigación del supuesto desvío de recursos estatales a emprendimientos privados (Focas) y, eventualmente, a jefes militares por el tema de Orbisat, una antigua demanda que tiene que ver con la compra de radares.
Guillen señaló que la jueza Castro tuvo que “subsanar” varios errores que cometió la Fiscalía al momento de la imputación, pues no se precisó qué artículo pudo vulnerar el exministro cuando creó la comisión “Justicia y Paz”.
“La autoridad judicial ha establecido que existiría un ilícito de omisión administrativa. Es una situación contradictoria con la imputación que sostenía que se emitieron resoluciones contrarias a la Constitución y un incumplimiento de deberes”, apuntó.
Coímbra fue encarcelado en marzo por el lapso de seis meses en el marco de un juicio ordinario por el llamado caso “golpe de Estado”. Con este nuevo proceso sumará un tiempo similar de detención preventiva a partir de ayer que terminaría en enero de 2022.
El próximo 15 de julio, la expresidenta Áñez cumplirá cuatro meses de prisión preventiva tras ser acusada -al igual que Coímbra y el exministro Rodrigo Guzmán- de conspiración, terrorismo y sedición, delitos que pudo cometer cuando llegó al poder desde su curul en la Cámara de Senadores.
La exmandataria, que también fue demandada por otras tres decisiones asumidas durante su mandato, será interrogada hoy de manera virtual desde Sucre por el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa. Esta vez por la intervención militar y policial que tuvo lugar en Sacaba y Senkata a mediados de noviembre de 2019.
A diferencia de la pesquisa del caso “golpe de Estado”, en esta demanda, se reconoce el papel transitorio de Áñez en la presidencia del país. “Efectivamente esta es una contradicción”, apunto Guillen.
Pero, el diputado Juan José Jáuregui negó contradicciones “si se trata de aplicar la justicia” y pidió apoyo a la oposición para aprobar los juicios de responsabilidades.
Fuente: El Deber
