El Gobierno señala que el caso de quema de domos en el salar no se trata de un conflicto de límites, puesto que la costra salina es una reserva fiscal bajo tuición del Estado y debe beneficiar a toda la zona.
Desde hace unos 20 años, los departamentos de Potosí y Oruro mantuvieron al menos cinco conflictos importantes en su zona fronteriza; el salar fue el motivo en dos de ellos. Sólo en uno -la centenaria pugna por tierras entre Qaqachacas, Laimes y Jucumanis- se logró relativa paz; mientras prevalecen los problemas por canteras y cultivos.
El incidente más reciente se desató por la instalación de un proyecto turístico en la parte norte del salar que ambos departamentos reclaman. Las autoridades aseguran que el problema no es limítrofe , ya que se trata de una reserva fiscal bajo control estatal.
Potosí envió una consulta sobre este punto al Tribunal Constitucional; Oruro asegura que el terreno es parte de una tierra comunitaria de origen (TCO).
Salar, la manzana de la discordia
El 23 de julio pasado, comunarios potosinos quemaron los domos del emprendimiento turístico Kachi Loddge, que se instaló en la costra salina en 2018 y por el que ya había denuncias ante el entonces Ministerio de Culturas.
Kachi Loddge se encontraba en el norte del salar, área que Potosí y Oruro reclaman como suya y por la cual se acusan de avasallamiento. Para los primeros es parte del Salar de Uyuni; para los segundos pertenece al Salar de Thunupa.
El emprendimiento trabajó con comunidades orureñas sin consultar a las potosinas ni, como manda la ley, al Gobierno central. Pero detrás de lo que parece ser un conflicto limítrofe hay décadas de tensión por la tuición del salar.
“Se ha establecido muy claramente que éste no es un conflicto territorial. Ambas gobernaciones han indicado que tienen claros sus límites. Además, no existe ningún proceso de conciliación administrativa en esa zona. Queda claro que lo que falta es una normativa que regule el aprovechamiento turístico del salar. Esta es una oportunidad para que el desarrollo no sea solo para un departamento, sino para toda la región”, señaló el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz.
El pasado miércoles, el ministro encabezó una reunión con autoridades de Oruro y Potosí. Tras horas de debate, se acordó un acta de entendimiento con 10 puntos, que a último momento no se firmó, dejando el tema en cuarto intermedio. Hay dos puntos de desacuerdo: el reconocimiento de que el “Salar de Uyuni” es una unidad integral y que es una reserva fiscal no disponible.
“Oruro no firmó. No quiere reconocer al Salar de Uyuni y no puedo permitir que se viole las normas que sí lo reconocen”, explicó el gobernador de Potosí, Jhonny Mamani.
Sostuvo que el desacuerdo surgió por el acápite en el que ambos departamentos reprochan lo ocurrido en el salar. Y es que para Oruro ese sector es parte del Salar de Thunupa y no el de Uyuni.
“El acta prosperó, identificamos aspectos importantes como que Oruro no promovió ningún hecho de violencia. Nos estancamos porque Potosí no quiere que se inserte el termino de ‘tierra fiscal no disponible’, eso implica que ni ellos ni nosotros podemos hacer ningún tipo de actividad en el sector”, sostuvo el gobernador de Oruro, Johnny Vedia.
La reserva fiscal
No es la primera vez que hay tensión por el salar. Ya hace 11 años la explotación del litio y la participación en las regalías llevaron a los departamentos a disputas. La pugna se sumó a demandas regionales potosinas y a un conflicto limítrofe latente en Coroma, lo que desencadenó la histórica huelga de los 19 días, que empezó el 29 de julio de 2010.
La protesta, que movilizó a casi todo el departamento potosino, marcó la separación entre la región y el gobierno del MAS. El pliego petitorio llevaba la bandera de la defensa del litio y la solución a los conflictos de límites.
Aunque ya entonces se pedía la delimitación definitiva en torno al salar; la demarcación había sido hecha mucho tiempo atrás.
El 9 de diciembre de 2003, en el gobierno de Carlos Mesa se promulgó la Ley 2564 que declara como Reserva Fiscal “las 2.190.500 hectáreas del Salar de Uyuni”. Las coordenadas del perímetro fueron definidas en el Sistema Geodésico Mundial (WGS-84).
La integridad del terreno quedó refrendada en el artículo 29 de la Ley 339 de Delimitación de Unidades Territoriales, firmada por Evo Morales en 2013. La norma establece: “la unidad territorial a delimitarse no podrá definir jurisdicción territorial sobre cuerpos de agua y salares”. Añade que, en estos casos, le corresponde al nivel central el uso y administración.
Desde la Gobernación de Oruro se explica que en 2008, conforme al expediente agrario N° 37466 y la resolución suprema 230065, su municipio de Salinas Garci de Mendoza se convirtió en un Gobierno Autónomo Indígena Originario, cuya delimitación por parte del INRA incluye parte del salar.
En los mapas, esta delimitación formalizada en 2008 se sobrepone a la realizada por la Ley 2564 que le da tuición al Estado.
En la Cumbre Potosina de Defensa del Salar, realizada el jueves en Uyuni, acordaron no ceder ni un milímetro y remitir al TCP una consulta sobre la reserva fiscal.
Pugna en Coroma: la cantera, los cultivos y la fábrica de cemento
Uno de los antecedentes del conflicto cívico de 2010 fue la disputa por 14 kilómetros cuadrados ubicados entre las provincias Avaroa, de Oruro, y Bustillos, de Potosí.
El problema empezó en 2006 por la jurisdicción del cerro Pahua. Potosí afirma que éste se encuentra en Coroma, provincia Antonio Quijarro, mientras que Oruro asegura que es de Sevaruyo, en la provincia Avaroa.
Esas montañas contienen la mayor reserva de piedra caliza de la región, ideal para proveer de materia prima a una fábrica de cemento que ambos departamentos han pedido desde hace décadas. Además, era una reserva de uranio que Evo Morales negaba conocer.
Los enfrentamientos desataron la protesta de los lugareños y luego el paro cívico de 2010.
Se sabe que en 2008 se gestionó crédito venezolano e iraní para construir dos cementeras en la zona. Pero tras la ruptura con Potosí, nunca se concretaron al argumentar que no eran factibles. Oruro recibió una fábrica en 2019 en Caracollo.
En 2016 el conflicto en la zona se reactivó y se pidió militarizar el lugar para evitar los enfrentamientos. Esta vez la cantera de piedra caliza y el mineral no eran los únicos problemas.
Las comunidades de Coroma se enfrentaron con las comunidades de Quillacas, en el lado orureño. El Ministerio de Autonomías indicó que la pugna se debía a un loteamiento de los terrenos en conflicto que se convirtieron en cultivos de quinua en disputa.
Los lugareños señalan que hasta hoy la tensión vuelve cada año en la época de siembra.
20 años de calma entre los ayllus guerreros
Las peleas entre Qaqachacas, Laimes y Jucumanis fue uno de los conflictos entre Oruro y Potosí de más larga data. Tiene sus antecedentes siglos atrás, incluso desde antes de Colonia.
Durante décadas, estos pueblos ubicados en el norte de Potosí y el sur de Oruro protagonizaron sangrientas batallas por territorios discontinuos que escaparon a las divisiones territoriales impuestas por la Colonia y la República.
Para pacificar y delimitar sus territorios, el 7 de enero de 2014, el presidente Evo Morales promulgó la Ley de Delimitación Interdepartamental Oruro – Potosí y proclamó el fin a la guerra de ayllus.
Pero según los registros, el último enfrentamiento se produjo el 23 de enero de 2000. Esa madrugada los Qaqachacas de la provincia Avaroa, del Sur orureño, dejaron como saldo 18 muertos y 10 heridos en el asalto y quema de 25 casas de la comunidad de Sora Sora, del ayllu Laimes de la provincia Bustillos, al norte de Potosí. Portaban armas que databan de la Guerra del Chaco.
Según determinaron las investigaciones, el asalto fue una venganza ante un ataque -de una semana antes- protagonizado por los Laimes y que dejó varios heridos. Hasta ese año, el 2000, los asaltos y ataques mutuos por el control de los territorios eran una constante para estas comunidades sumidas en la pobreza.
Aunque por años las autoridades anunciaron la pacificación y hasta emprendieron el desarme, los intentos no prosperaron hasta que los mismos ayllus buscaron una salida.
En los archivos de el periódico El Potosí hay una fotografía tomada meses después de este último enfrentamiento a los pies del Cerro Rico. En ella se ve a dos dirigentes de los ayllus en guerra dándose la mano para acordar el camino a la paz.
Punto de vista
MILTON Lérida Aguirre,economista e investigador.
“Los límites están zanjados”
Hay que decir que el tema de límites (en el salar) no está en conflicto, eso ya está zanjado hace años. Ya está definido el límite entre Oruro y Potosí.
Hay un texto que hizo conocer la demarcación que es de conocimiento del Viceministerio de Autonomías. Lo que pasó la semana pasada no tiene que ver con los límites, sino con el emplazamiento de los domos sobre la superficie de la costra salina que está ubicado de forma integral en la provincia Daniel Campos, en el departamento de Potosí.
Hay una Resolución Ministerial de enero de 2004, que en su artículo 66 establece como error de fondo los trazos limítrofes que dividen aguas lacustres y salares. Es decir que los salares no se pueden dividir. O están en una provincia o están en la otra.
Antes del 2004 sí había este problema. Por ejemplo: una tercera parte del Salar de Coipasa estaba en territorio potosino y una parte pequeñita del gran Salar Thunupa (Uyuni) estaba en Oruro. Esto generaba una serie de problemas y por eso se hizo esa resolución. Han pasado más de 15 años y nunca nadie se quejó. Se aceptó y, por tanto, el límite ya estaba zanjado.
El tema de Coroma y Quillacas está en Sucre y se define en esa área. Ese conflicto es en un tramo muy distante al del salar y tiene sus propias particularidades.
Lastimosamente no hay un sitio donde estos datos, documentos, mapas precisos sean de acceso libre. Hemos tenido años de una administración deficiente sin conocimiento de muchos temas y que acaban en problemas como el de los domos.
Por Leny Chuquimia
Fuente: Página Siete
