El objetivo es generar electricidad renovable desde los hogares en beneficio del medioambiente. Analistas ven que es un tema que tomará tiempo madurar para que el usuario promedio invierta y se beneficie.
El 11 de agosto, el ciudadano cochabambino Damián Laura Rojas se convirtió en el primer boliviano en instalar un sistema de Generación Distribuida (GD) en su casa del municipio de Entre Ríos, donde incorporó un equipo de paneles fotovoltaicos, que le permitirá producir energía eléctrica para su consumo durante el día y así generar un ahorro en su factura de electricidad convencional.
Fue un evento donde las autoridades del sector eléctrico boliviano celebraron la puesta en práctica del Decreto Supremo 447, del 24 de marzo de 2021, que establece las condiciones generales para normar la referida actividad en los sistemas de distribución del país, así como determinar la retribución por la energía inyectada a la Red de Distribución.
Para algunos analistas del sector eléctrico, es ponderable la puesta en marcha de la nueva norma, puesto que se trata de una acción para combatir el cambio climático mediante la generación de energía renovable. Sin embargo, en comparación con otros países de la región estamos atrasados con 20 años y la nueva norma resulta incompleta para un mercado como el boliviano.
El analista eléctrico Sergio Arnez, lamentó que las leyes están más orientadas a normar lo poco existente, que a viabilizar el incremento de generación distribuida. El primer error de la norma es la aplicación del net metering (compensación de la energía inyectada a la red con la consumida de ella) solo a consumidores de menos de 500 kWh/mes (kilovatios/hora al mes) y no a los de mayor consumo. Esto es un error debido a que son justamente los de mayor consumo los que tienen el poder adquisitivo para instalar estos sistemas”, observó Arnez.
Al mismo tiempo, sostuvo que el segundo gran error es la complejidad de los requisitos y procedimientos técnicos y administrativos, innecesaria y perjudicial en la etapa de inicio. Calculó que si una familia consume en promedio 150 kWh/mes, necesita un sistema fotovoltaico de 1,5 kW, que tiene un precio de hasta $us 2.500 instalado.
Por su parte, Osvaldo Irusta, analista energético, profundizó que en el caso de los consumidores menores o iguales a 500 kW/h por mes, en ningún caso el consumidor obtendrá una retribución por los excedentes que pudieran resultar cuando la producción del panel fotovoltaico sea superior al consumo de electricidad proveniente de la red.
“En el caso de los consumidores superiores a 500kW/h y al de otras categorías, se aplica el concepto de net billing, esto significa que el consumidor no solo puede compensar su consumo de electricidad que proviene de la red, con la producción de sus paneles fotovoltaicos, sino que podría obtener una retribución por la electricidad inyectada”, sostuvo.
Los riesgos
El presidente del Colegio de Ingenieros Electricistas y Electrónicos de Santa Cruz, Luis Fernando Áñez, precisó que la norma debe velar por la salud del sistema eléctrico en general, ya que si la energía inyectada por un sistema de GD se la remunera al mismo precio de la que tiene la red, se estaría obviando una serie de costos, desde las centrales de generación ubicadas a cientos de kilómetros, hasta las distribuidoras que instalan las redes de cables.
Asimismo, la Gobernación de Santa Cruz cuenta con una ley departamental que contempla la generación distribuida desde 2019. El secretario de Energía, Minas e Hidrocarburos de la Gobernación, Eduardo Ibáñez, dijo que los cuatro proyectos de reglamento se encuentran en revisión técnico–legal por las áreas competentes.
Fuente: El Deber
