La administración del presidente Luis Arce señala que el documento emitido en Washington es “unilateral” y no reconoce los esfuerzos del país contra el narcotráfico. El comercio de la coca movilizó en cinco años $us 1.630 millones.
El Gobierno descalificó ayer el contenido del “Memorando sobre los principales países productores de drogas ilícitas para el año fiscal 2022”, que el presidente estadounidense Joe Biden remitió el miércoles al Congreso de su país.
Este mensaje fue emitido un día después de la reunión que sostuvieron productores y comercializadores de coca del trópico de Cochabamba con el viceministro de Defensa Social, Jaime Mamani, quien alentó a “valorizar la coca” para exportarla y distribuirla a todo el territorio nacional, en el marco de la legislación vigente.
“A la cabeza de ustedes (los comercializadores) podemos hacer llegar la coca a todo el territorio nacional y también podemos hacer llegar a otros países. Ahí tenemos que trabajar de manera conjunta para que nuestra coca de Chapare sea comercializada, igual que la coca paceña, porque tiene las mismas características. Tenemos que trabajar para llevar nuestra coca a otros departamentos y a otros países”, insistió la autoridad durante el ampliado.
Desde 2017, cuando se aprobó la nueva Ley General de la Coca, el Gobierno no pudo llegar a reducir a menos de 22.000 hectáreas que fue el límite legal establecido. Hace cuatro años había 24.500 hectáreas, un año después se tuvo 23.100; en 2019, 25.500 y el más reciente reporte que elaboró la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) señala que aumentó a 29.400 hectáreas en 2020, cerca de las 31.100 de 2010, hasta ahora el mayor registro de la década.
Además, la coca legal movilizó $us 1.630 millones entre 2015 y 2019, de acuerdo con informes anuales publicados por Unodc.
Biden señaló en su memorando que el país falló “de manera demostrable” en sus compromisos internacionales para enfrentar al narcotráfico, pero alentó a la administración del presidente Luis Arce “a tomar medidas adicionales para salvaguardar los mercados lícitos de coca del país de la explotación criminal y reducir el cultivo ilícito de coca que continúa excediendo los límites legales de las leyes de Bolivia para usos medicinales y tradicionales”.
En junio, dos meses antes de la presentación del informe de la Unodc, la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos había reportado 39.400 hectáreas de coca en 2020 y “una ligera disminución del siete por ciento (7%) desde 2019”. Biden tomó como base ese reporte y fue lo que enfureció al Gobierno.
A primera hora de ayer, la Cancillería emitió un comunicado para responder al memorando de Joe Biden. “Bolivia rechaza enfáticamente el sesgado documento publicado por la Casa Blanca, que no valora los resultados obtenidos”, como una erradicación con respeto a los derechos humanos de los cocaleros”, se lee en el documento que apunta a Estados Unidos por tener “los mayores índices” de consumo de drogas ilícitas en el mundo. Por lo tanto, el Gobierno consideró que Washington “carece de legitimidad y de autoridad moral” para presentar este tipo de pronunciamientos.
La Cancillería sostuvo, además, que el país “viene trabajando decididamente en una lucha frontal contra el narcotráfico”, y culpó al anterior gobierno transitorio de Jeanine Áñez por el incremento del 15% de cultivos de coca entre 2019 y 2020, un período marcado por tensiones políticas y el inicio de la pandemia de coronavirus.
“Se ha reducido la erradicación de 8.000 hectáreas que teníamos en promedio hasta 2019 a solo 2.000 hectáreas en 2020”, afirmó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, sobre las responsabilidades que pudo tener la administración de Áñez en estos resultados. También señaló que el año pasado se cometieron irregularidades para proteger a narcotraficantes y cuestionó a Biden por no coordinar la información en la que se basó ese memorando.
“Estos informes se deben trabajar de forma coordinada, por lo tanto, no estamos de acuerdo con ese informe, que viola la soberanía del pueblo boliviano”, afirmó.
Desde 2008, las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Estados Unidos carecen de embajadores. Ese año, Evo Morales expulsó al entonces jefe de la oficina diplomática en La Paz, Philip Goldberg, tras acusarle de injerencia en asuntos internos, entonces vinculados con la redacción de la Constitución, promulgada en 2009. Durante su gestión, Evo Morales también echó a la agencia estadounidense antidrogas DEA y la oficina de cooperación Usaid. Ante ese escenario, Estados Unidos redujo gradualmente la cooperación antidroga, pero dejó aeronaves y equipos en poder de la Fuerza Aérea y el Gobierno.
Inquietudes
Tras respaldar el pronunciamiento de la diplomacia boliviana, el viceministro de Defensa Social, Jaime Mamani, precisó ayer que el único informe que reconoce el Gobierno es el que procesa la Oficina antidroga de la ONU, porque trabaja con metodología reconocida y con el respaldo de la Unión Europea (UE), la entidad que financia la estrategia antidroga.
Esta entidad internacional ya había expresado su preocupación por los indicadores sobre la producción de coca y pidió mejorar los resultados. “Esperamos que el Gobierno logre disminuir los cultivos a la cantidad establecida por la ley”, dijo Emanuel Amaral, jefe de cooperación de la legación diplomática de la UE, tras la presentación del informe de la ONU.
Saúl Lara, exministro de Gobierno y diputado de la alianza de oposición Comunidad Ciudadana (CC), pidió al Gobierno tomar nota del informe de Estados Unidos, pero también de los organismos internacionales con los que actualmente trabaja el país. “No puede ser una visión unilateral, como dice el Gobierno, cuando la preocupación es internacional”.
Lara señaló, no obstante, que “el alcance del informe de Estados Unidos tiene un alcance político”, pues reconoce a sus aliados y cuestiona a quienes no lo son.
“Es, en todo caso, un informe que nos debería llamar a la preocupación, tomando en cuenta los recientes datos de la ONU, existen hasta 43.000 y 53.800 toneladas de rendimiento de coca y esto implica el potencial de Bolivia para producir droga”, afirmó Lara.
El dato expresado por el exministro tiene que ver con el análisis de la productividad de la hoja de coca secada al sol que hace la oficina antidroga de la ONU. En toneladas, en el trópico de Cochabamba el rendimiento es de 29.315, en Yungas 23.885 y en el Norte de La Paz 637.
En el informe de Estados Unidos, el análisis apunta de manera directa “al potencial de producción de cocaína” que corresponde a 312 toneladas métricas”, lo que supone un incremento de 44% respecto a las 216 toneladas potenciales de cocaína de 2010.
Mamani explicó ayer que el Gobierno ha confiscado, en lo que va del año, 402 toneladas de coca ilegal que era desviada a tareas ilícitas. El informe de la Unodc señala que en el 2020 se secuestraron 309 toneladas de coca desviada de los mercados autorizados.
En cuanto a las tareas antidroga, que tienen que ver con la anulación del puente aéreo, el viceministro destacó los recientes operativos que se realizaron en Beni al desmantelar tres pistas clandestinas, una de ellas era de concreto y “construida hace un año”.
“En este año hemos capturado un total de nueve avionetas y dos helicópteros con matrícula brasileña”, que eran empleados por el puente aéreo que usan los narcos para transportar droga de Perú a Brasil a través de Bolivia”.
Mamani participó ayer junto con la embajadora de Paraguay, Terumi Matsuo de Claverol, de la comisión mixta antidroga. “Ya nos hemos reunido con Argentina y Perú y el 30 de septiembre lo haremos con Chile”, remarcó el viceministro de Defensa Social.
Fuente: El Deber
