El mandatario se reunió ayer durante todo el día en la Casa Grande del Pueblo junto a dirigentes del Pacto de Unidad y el vicepresidente Choquehuanca. Decidió anunciar la abrogación de la Ley 1386.
Es el segundo revés que sufre el Gobierno de Luis Arce. Ayer, el jefe de Estado anunció la abrogación de la Ley 1386, de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, en medio de amenazas de dirigentes afines al Movimiento Al Socialismo (MAS). Los sectores en conflicto se reunirán hoy, por separado, para decidir si levantan las medidas de presión.
Arce estuvo reunido ayer todo el día con su equipo técnico y dirigentes del Pacto de Unidad en la Casa Grande del Pueblo. Luego de evaluar la situación decidió anunciar la abrogación de la norma. Además, afirmó que había sectores afines al MAS que se inclinaron por esa determinación, como los transportistas de La Paz.
No es la primera vez que Arce se ve obligado a retroceder. El pasado mes de octubre, tuvo que archivar el proyecto de Ley de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas ante la presión de sectores sociales y cívicos del país.
“Escuchando las demandas del pueblo boliviano, escuchando las demandas sectoriales, nosotros hemos tomado la decisión de abrogar la Ley 1386, con el objeto allanar el camino para que no exista el menor pretexto para seguir enlutando, para seguir maltratando, para seguir paralizando nuestra economía”, afirmó Arce durante el anuncio realizado en las escalinatas de la Casa del Pueblo y donde estuvo acompañado por integrantes del denominado Pacto de Unidad y del vicepresidente David Choquehuanca.
Más tarde, se difundió la carta que envió Arce a Choquehuanca adjuntando el anteproyecto de ley que abrogue la Ley 1386. El analista Paul Antonio Coca explicó que la Asamblea Legislativa Plurinacional, en tratamiento en sus dos cámaras, debe aprobar el proyecto de ley que abrogue la normativa que generó polémica.
“Es el Órgano Legislativo el que aprueba una ley -que el presidente promulga- y, por ende, es el mismísimo Legislativo el que debe abrogar una ley. Por ende, la Ley 1386 sigue vigente. Y, finalmente, una vez el Órgano Legislativo convoque a sesión y se apruebe la abrogación de la norma, la misma tiene que ser publicada en la Gaceta Oficial del Estado, ya que todo tiene validez desde el momento en que ahí se publica”, explicó el analista Coca.
Arce, en su declaración de prensa, informó que en la última semana envió a sus ministros a diferentes regiones para recabar información sobre las demandas de sectores que observaron la controvertida Ley 1386 y se estableció la existencia de dos corrientes: Una con pedidos de modificación de la norma y otra que demandaba la abrogación. El mandatario aseguró que se inclinó por lo segundo con el fin de evitar obstáculos para la reactivación económica y de devolver la tranquilidad a los bolivianos.
El jefe de Estado afirmó que existen “intereses más allá de las necesidades de grupos sociales” en las medidas de presión que se instalaron los últimos seis días, principalmente en las ciudades de Santa Cruz de la Sierra y Potosí con paralización de actividades. En las demás regiones hubo marchas y bloqueos en protesta contra la norma finalmente abrogada.
“El Gobierno nacional tiene que velar por la paz y tranquilidad, tenemos la obligación de cuidar la economía y la democracia. Todo lo que está pasando está generando zozobra, incertidumbre por sectores que tienen otros intereses”, acotó Arce.
Antes de que Arce anunciara la abrogación de la Ley 1386, los dirigentes del Pacto de Unidad amenazaron a los sectores en conflicto con salir a las calles si es que hasta mañana no se levantan los bloqueos y paralizaciones en diferentes ciudades. El ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, aseguró que los cívicos y el bloque de gremiales de Francisco Figueroa tiene otras intenciones.
“Hemos entendido que a ellos (políticos opositores y cívicos) no les interesan las leyes, el país, el pueblo, no les interesa la reactivación económica; lo único que les interesa es desestabilizar al gobierno”, cuestionó Huarachi.
En la misma línea se pusieron otros dirigentes que antecedieron a Huarachi. Rodolfo Mancilla, secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Gremiales de Bolivia afín al MAS, aseguró que su sector solo pedía modificar los artículos dos y siete de la norma y no la abrogación. Sin embargo, el dirigente reveló que en la reunión de hoy en Cochabamba había pedidos de abrogación.
Lo mismo afirmó el secretario Ejecutivo de la Confederación de Chóferes de Bolivia, Ismael Fernández, quien dijo que sus afiliados buscaban la abrogación de la norma luego de varios ampliados.
Evalúan medidas
Los sectores en conflicto anunciaron, por separado, que hoy evaluarán las medidas a seguir. El presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Juan Carlos Manuel, adelantó que el pedido de su sector era la abrogación de la Ley 1386 y que ante el anuncio del mandatario se verá esta jornada en un ampliado si continúa el paro en la Villa Imperial.
“Eso estábamos pidiendo (la abrogación de la Ley 1386). Ahora sentémonos a hacer leyes de verdad y que vayan a atacar la pobreza y la mendicidad que estamos viviendo particularmente en el departamento de Potosí. Señor presidente más que todo le estamos diciendo que trabaje para todos, no solo para un partido político”, afirmó Manuel.
Desde Santa Cruz, el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, informó que el paro continúa hasta que se decida medidas en una reunión que se realizará hoy, a las 19:00 en el emblemático monumento al Cristo Redentor.
“Nuestra lucha de unidad comenzó a dar sus frutos. No hemos terminado, esta lucha continúa. El pueblo cruceño sigue en paro. Mañana (hoy) tendremos reuniones con los diferentes sectores y recién vamos a tomar definiciones”, señaló Calvo.
Mientras, el líder gremial de Cochabamba, César Gonzales, informó que hoy se decidirá si se levantan las medidas en la ciudad de Cochabamba luego de realizar una reunión de evaluación.
Por su parte, el ejecutivo del transporte pesado de Santa Cruz, Juan Yucra, aseguró que el bloqueo de su sector persistirá hasta que se presente la abrogación de la ley en la Gaceta Oficial del Estado. “Mientras no veamos un documento firmado seguiremos en paro hasta que se cumpla con la abrogación de la Ley 1386. Una cosa es pronunciarse y otra es con documentos”, dijo.
El alcalde de La Paz, Iván Arias, consideró que el gobierno de Luis Arce minimizó las protestas contra la Ley 1386 y anunció que mañana se reunirá la Asamblea de la Paceñidad para ratificar la defensa de la libertad y de la propiedad privada. Mientras, médicos de Cochabamba exigen la abrogación del paquete de leyes.
Fuente: El Deber
