La exautoridad electoral volvió a redactar una carta en la que explica las razones de su dimisión. Entre varias denuncias, dice que en la semana que estuvo de vacación se contrató a 60 funcionarios sin méritos.
Rosario Baptista reapareció tras su renuncia al Tribunal Supremo Electoral (TSE). La exvocal, en una extensa carta, reveló que el ente electoral no resolvió dos causales que pudieron derivar en la pérdida de la personería jurídica del Movimiento Al Socialismo (MAS). La exautoridad también aseguró que si en Bolivia no se cambia el sistema electoral –y también el funcionamiento de la justicia- se consolidará “un gobierno tirano” y “se dejará impune a Evo Morales”, a quien lo considera como una persona que se quiere aferrar del poder.
Además, Baptista reveló que en la semana que estuvo de vacación se contrató a 60 funcionarios sin méritos y con el aval de la vocal Dina Chuquimia, designada por el presidente Luis Arce.
“Y es por este partido único que el Tribunal Supremo Electoral eligió no procesar una denuncia. Un Tribunal resuelve los casos sometidos a su conocimiento, no los oculta, no elige qué juzgar y qué no. Es su obligación procesar todo, aunque fuera solo para rechazarlo, con apego a la ley. En este caso concreto, se denunció la existencia de dos causales que podrían haber dado lugar a la cancelación de su personalidad jurídica, una por uso de bienes del Estado para la campaña electoral de Evo Morales, y la otra por discriminación, explícita en el Estatuto Orgánico del MAS-IPSP aprobado el año 2012, que determinaba que el acceso a la función pública corresponde sólo a militantes del partido”, reveló Baptista.
La exvocal acotó que las denuncias no prosperaron porque las causales pasaban de una “dirección a otra dirección” y que no había respuesta de los funcionarios del ente electora, que según Baptista fueron amenazados para no resolver el caso.
“Se me acusó en Sala Plena de inventarme el hecho de que la denuncia estuviera pendiente, olvidaron que estaba dando vueltas de una dirección a otra, sin que nadie quisiera tramitarla. Se hizo la investigación; se obtuvieron las pruebas, no legalizadas porque los funcionarios a cargo fueron amenazados, los ministros de turno se negaron a entregarla, y todo esto durante el gobierno transitorio. Hoy, esta denuncia sigue pendiente de tratamiento, se resolvieron muchas otras presentadas con el mismo propósito, pero con diferentes causales y sin fundamentos válidos, todas fueron resueltas en plazo; esta no”, dijo Baptista.
Luego, la exvocal exige que se hagan cambios en los Órganos del Estado con el fin de que se evite un “gobierno tirano” y exista una impunidad a favor de Evo Morales.
“No hacer las correcciones al sistema que conforma a todos los Órganos del poder público, distorsionado por una voluntad dolosa que ha secuestrado la soberanía del pueblo a favor de un partido político, conlleva la consolidación de un gobierno tirano, que ha desmantelado la democracia y persistirá en sostener impune a quienes, como Evo Morales, se aferran al poder engañando y traicionando a la propia gente que dice representar, a quienes no ha hecho otra cosa que dividir, basado en la mentira”, dice parte de la carta de Baptista, quien no aclara si está en Bolivia o fuera del país.
Baptista cuestionó que en Bolivia haya un solo partido político, en referencia al Movimiento Al Socialismo (MAS), y rechazó que en el país haya un sistema de partidos políticos. La exvocal consideró que el MAS debía perder su personería jurídica y consideró que se deben “romper los círculos de impunidad y corrupción” para que no gobiernen “los que han secuestrado la democracia”.
“En estas condiciones, ni aún desde adentro se pueden corregir las cosas; se requiere la participación responsable, activa y comprometida de la población; es el momento de que la ciudadanía recupere su soberanía, y la ejerza de manera directa y legítima, respetando su diversidad, libre de presiones, extorsión y manipulación del poder gobernante, ejerciendo su derecho a recurrir ‘al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión’ que considera la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuando sus derechos no son protegidos por un régimen de Derecho. No es un tema político, es un tema de Derechos Humanos y garantías mínimas para recuperar el Estado de Derecho. Cambiar las cosas requiere partir de algo, y ese algo no es otra cosa que romper los círculos de impunidad y corrupción. No pueden gobernar quienes han secuestrado la democracia para desmantelarla”, dice otra parte de la carta.
Baptista añadió que en la semana que estuvo vacación se contrató a 60 funcionarios que no reúnen los méritos para ingresar al ente electoral. Estos nuevos servidores –dijo- tenían el aval de la vocal Dina Chuquimia, quien fue designada por el presidente Luis Arce en sustitución de Salvador Romero. La exvocal volvió a denunciar que el ente electoral tiene empleados que “están bajo presión y control de quienes operan internamente para el MAS”.
“La designación de personal debe hacerse por convocatoria pública. En mi ausencia por vacación designaron a más de 60 personas, sin verificar siquiera si cumplían los requisitos del cargo; se negaron a hacerlo por seis meses, desde abril y en una semana, durante mi ausencia, llenaron todos los cargos vacantes, bajo la batuta de la vocal recién llegada”, reveló Baptista.
La exvocal lamentó que ahora requiere acudir a seguridad por temor a las represalias del poder de turno y de la justicia por las denuncias que lanzó. Además, Baptista dijo que no importa dónde se encuentre en este momento, por lo que no especificó si está en Bolivia o en el exterior.
A continuación, la carta de Rosario Baptista en extenso:
MI COMPROMISO CON BOLIVIA
Soy Rosario Baptista Canedo, cochabambina, nací en 1965, soy abogada y he trabajado toda mi vida en el ámbito de los derechos humanos, en especial los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas. Decidí postularme al Tribunal Supremo Electoral el año 2019, después del grave conflicto político y social ocurrido tras el proceso de Elecciones Generales de ese año. Nos postulamos 502 personas, y después de un proceso de calificación, examen y concurso de méritos, la Asamblea Legislativa nos designó a 6 como vocales del Tribunal Supremo Electoral.
El cargo para el que fuimos elegidos es el de Vocales, es un cargo de magistratura de un Tribunal Supremo, en el que se tutelan los derechos políticos y se resguarda la institucionalidad democrática del país, a través de la conformación de los órganos del poder público mediante el voto ciudadano, para lo cual debemos ser imparciales, y asegurar que todo el Órgano Electoral lo sea; tenemos relaciones de cooperación y coordinación con los otros órganos: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pero es nuestra obligación preservar además nuestra independencia y separación respecto a ellos, porque así es como se fundamenta la organización del Estado en democracia. Pero no sólo debemos ser independientes respecto a ellos, sino también y especialmente, respecto a las organizaciones políticas, a las cuales regulamos, registramos y supervisamos.
Como miembros de un Tribunal, no denunciamos; recibimos peticiones de la gente, denuncias y requerimientos; los tramitamos, respondemos, investigamos y sancionamos, cuando corresponde. Por eso somos un Tribunal Supremo. Recibir una denuncia y evadir su tramitación por las consecuencias que pudiera tener, no es ético, es antidemocrático, vulnera los derechos humanos, genera responsabilidad para el Estado y constituye un delito. Es mentirle a la gente, es omitir la obligación de impartir justicia electoral; es mirar a otro lado y fingir demencia.
En nuestro sistema político la participación electoral está mediada por las organizaciones políticas: partidos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas. En los últimos 15 años hemos visto que se ha ido consolidando un solo partido de alcance nacional, existen otros 10 pequeños, dispersos, unos sin militantes siquiera, que han dado lugar a un mercado negro de siglas, prestadas, alquiladas, vendidas, sin importar cuál sea su declaración de principios, su programa de gobierno ni la posición ideológica que tengan (porque ya no tienen nada de esto), a las que la oposición recurre para cada elección; otros partidos, los menos, tienen personalidad jurídica nacional, pero presencia sólo departamental. Lo cierto es que el sistema de partidos políticos prácticamente no existe. Existe un partido único.
Y es por este partido único que el Tribunal Supremo Electoral eligió no procesar una denuncia. Un Tribunal resuelve los casos sometidos a su conocimiento, no los oculta, no elige qué juzgar y qué no. Es su obligación procesar todo, aunque fuera sólo para rechazarlo, con apego a la ley. En este caso concreto, se denunció la existencia de dos causales que podrían haber dado lugar a la cancelación de su personalidad jurídica, una por uso de bienes del Estado para la campaña electoral de Evo Morales, y la otra por discriminación, explícita en el Estatuto Orgánico del MAS-IPSP aprobado el año 2012, que determinaba que el acceso a la función pública corresponde sólo a militantes del partido. En una segunda ocasión en la que estuvo en igual riesgo, el mismo partido confesó que la disposición, por la que en una anterior elección se canceló la personalidad jurídica a una organización política del Beni, pocos días antes de la jornada de votación, era inconstitucional y esto fue reconocido oficialmente por el Tribunal Constitucional, que en la anterior ocasión encontró una salida para evadir decirlo.
Las justificaciones para no procesar esa denuncia pueden ser muchas; las condiciones políticas que se vivieron apenas unas semanas antes, la amenaza de una guerra civil, un pacto político entre las diferentes fuerzas en pugna, con aval de algunos vocales, condicionamiento ideológico, dádivas económicas, amenazas personales, o simple negligencia. Ninguna es una razón jurídica, ni apegada a la justicia. Ninguna es de cara a la gente, y ninguna justifica el omitir el cumplimiento de nuestras obligaciones. Se me acusó en Sala Plena de inventarme el hecho de que la denuncia estuviera pendiente, olvidaron que estaba dando vueltas de una dirección a otra, sin que nadie quisiera tramitarla. Se hizo la investigación; se obtuvieron las pruebas, no legalizadas porque los funcionarios a cargo fueron amenazados, los ministros de turno se negaron a entregarla, y todo esto durante el gobierno transitorio. Hoy, esta denuncia sigue pendiente de tratamiento, se resolvieron muchas otras presentadas con el mismo propósito, pero con diferentes causales y sin fundamentos válidos, todas fueron resueltas en plazo; esta no.
El problema no es sólo si hubo o no fraude (la palabra ni siquiera existe en nuestra legislación). No hay verdadera transparencia, siempre tuvimos y tendremos esa duda. Porque hubo dudas se pidió en las calles un nuevo padrón, que se hizo el 2009 y los medios espurios de su conformación también generaron dudas, jamás despejadas, dejando la puerta abierta a la incertidumbre sobre su legitimidad. Y más de 10 años después estamos en el mismo punto, con las mismas dudas, después de otra cuestionada elección el 2014, la vergonzosa de 2019 y la supuestamente ejemplar de 2020. No hacer una investigación de fondo hace que las dudas persistan, los errores se repitan y la ilegitimidad se instale. El problema es estructural, de un sistema electoral diseñado a medida, con leyes inconstitucionales, funcionarios sometidos y toda la información inaccesible (la más crítica bajo resguardo de confidencialidad). La solución debe ser también estructural y no política. Hay problemas generales y otros específicos. Resumiendo, menciono algunos:
• Los órganos del Estado con competencia jurisdiccional, es decir, el Electoral y el Judicial, así como el Tribunal Constitucional, son conformados a través del Órgano Legislativo, que es eminentemente político, con mayoría absoluta de un solo partido político, el voto ciudadano en elecciones judiciales sólo legitima a los candidatos del partido, manteniendo sobre ellos una férrea sumisión.
• La Constitución y las principales leyes son producto de acuerdos emergentes de situaciones de alta conflictividad, en la que los políticos hicieron y hacen pactos respondiendo a sus intereses, muchas veces personales porque ni partido político tienen y omiten los intereses de la población, para su beneficio.
• El sistema de partidos políticos ha sido destruido por completo, quedando unos pocos partidos sobrevivientes, por decisión y voluntad del partido hegemónico, al cual son funcionales. Los políticos se adscriben, pagando el “alquiler” de las siglas para cada elección, participando de esta farsa con todo entusiasmo. Este sistema se mantiene pese a su ineficacia democrática, pero se impide la participación independiente sin organizaciones políticas.
• Cuando el sistema no puede manipular a su favor los resultados, simplemente los ignora, como hicieron con el referendo de 2016, violando la Constitución y las leyes. No sólo lo hizo el propio Tribunal Supremo Electoral, que habilitó a Evo Morales por tercera vez el 2014 y por cuarta vez el año 2019, lo hizo el Tribunal Constitucional el 2014, el 2016 y el 2019, y lo hicieron los políticos que terciaron en elecciones con un candidato absolutamente ilegal, sin cuestionar nada. Lo legitimaron con su presencia; la misma que me exigen ahora para legitimar los actos de este Tribunal Supremo Electoral, al que mi posición disidente benefició para simular una conformación “equilibrada”, y lo legitimamos los ciudadanos con nuestro voto, el que cuando no les conviene no quieren respetar.
• La legislación electoral es inconstitucional; lo reconoció el propio MAS cuando se debió cancelar su personalidad jurídica, como ellos lo hicieron sin pestañear el 2015 contra un adversario político, pero además vulnera el debido proceso, poniendo el derecho individual en manos del delegado del partido, permitiendo así la corrupción y venta de candidaturas e impidiendo la democracia interna en las organizaciones políticas. La Ley 1096 es inconstitucional; vulnera los derechos políticos, entregando a las organizaciones políticas (al partido único) el derecho político de ser elegido. Interponer acciones de inconstitucionalidad sólo sirve para el registro, porque el Tribunal Constitucional no hará su trabajo de forma imparcial y sólo las consolidará, con toda su arbitrariedad.
• El sistema tolera la tortura ejercida contra mujeres en ejercicio de cargos electivos, para lograr su renuncia a favor de sus suplentes o su actuación sometida al interés del partido. La violencia hacia las mujeres, especialmente en municipios y asambleas departamentales, no es abordada de forma eficaz, se ha omitido el tratamiento de un reglamento que sancione a los partidos políticos por estos actos, que se ha visto en los casos sometidos a conocimiento del TSE, responden a decisiones orgánicas, especial y mayoritariamente en el caso del MAS.
• En el ámbito tecnológico, jurídico y jurisdiccional, se evita abrir las fuentes, permitir la observación, veeduría y control ciudadano real y efectivo; pretenden de la gente un acto de fe, para justificar la ausencia de transparencia institucional. No se quiere ir a la “arqueología” del padrón. Quieren convencer sobre la integridad del padrón con publicidad, con diapositivas y exposiciones. Lo tecnológico debe ser abierto, sometido a escrutinio público, todo el tiempo, permanentemente. No hay motivo para que no lo sea. Las cláusulas de confidencialidad sólo generan dudas. Todo puede estar bien, es una posibilidad. Pero nada indica que lo esté. Lo que no se puede verificar, no se puede validar y mucho menos legitimar. Hay suficientes razones para dudar. Pero también hay mecanismos para absolver esas dudas y no se está recurriendo a ellos.
• La designación de personal debe hacerse por convocatoria pública. En mi ausencia por vacación designaron a más de 60 personas, sin verificar siquiera si cumplían los requisitos del cargo; se negaron a hacerlo por 6 meses, desde abril y en una semana, durante mi ausencia, llenaron todos los cargos vacantes, bajo la batuta de la vocal recién llegada. En el período electoral se hicieron designaciones por méritos, pero se acordó que después del mismo, las designaciones fueran por convocatoria pública, cosa que no se hizo. Son designaciones dudosas, de espaldas a la gente y, sobre todo, fieles a su Estatuto.
• La gente no tiene acceso a información, cosas elementales se mantienen en reserva; no existen los medios para que la población pueda verificar las condiciones de una elección o impugnarla. Los algoritmos debieran ser públicos, abiertos, el de cómputo, el de sorteo de jurados, visibles para que ciudadanos que entienden puedan verificar que están bien; las sesiones, grabaciones y actas de cada sesión de Sala Plena deben ser públicas, son elementos esenciales para generar la confianza ciudadana, al igual que los procesos de contratación de notarios electorales, y muchos etcéteras.
• La participación de pueblos indígenas ha sido limitada, es inadmisible que la primera vez que participan de forma directa sin intermediación partidaria para la elección de escaños especiales indígenas fuera recién el 2020, once años después de la aprobación de la Constitución, y 3 elecciones después; pero, aun así, se los obligó a competir contra el partido. Se les reconoció la posibilidad de participar como organizaciones políticas, pero se impide su participación en circunscripciones uninominales, por ejemplo. El MAS ha dividido a las organizaciones indígenas, originarias y campesinas, impidiendo la defensa de sus derechos desde el interés de sus pueblos, sometidos una vez más al partido. Y están los temas de la consulta previa, libre e informada que supervisa el Órgano Electoral, de forma nominal y viendo pasar concesiones mineras, madereras, de hidrocarburos, sin el cumplimiento de este requisito constitucional, además de invadir sus territorios una y otra vez, para entregarlos a intereses corruptos.
• La forma de asignación de escaños plurinominales en las asambleas departamentales ha sido diseñada para que sin importar quién asuma la gobernación, la asamblea sea siempre del MAS, con mucho. Se ha roto el sistema presidencialista (que de todas maneras no es el mejor), previsto en el ámbito nacional, por el que la votación obtenida por el Ejecutivo determina el porcentaje de diputaciones plurinominales. En el ámbito departamental el Gobernador va sólo, lo cual no estaría mal a nivel nacional, departamental y municipal, para que todos los representantes, en todas las asambleas legislativas, sean elegidos de manera individual y democrática. Pero como está actualmente diseñada, la asignación porcentual por organizaciones políticas claramente genera beneficio para un partido.
Pero no es todo.
Entendí que mi presencia no solo legitimaba la impunidad; estaba generando un espejismo que impidió ver cómo secuestran el Órgano Electoral; si bien inicialmente se designó personal profesional, comprometido con la democracia, eficiente y confiable, hoy éste se encuentra bajo presión y control de quienes ahora operan internamente para el MAS.
No se debe olvidar la ya abierta, descarada y vergonzosa defenestración realizada por el presidente Luis Arce de seis vocales de los Tribunales Electorales Departamentales de Pando, Beni, Santa Cruz, Potosí, Oruro y Tarija, tres de ellos que ejercían la presidencia, ni la complicidad del Tribunal Constitucional para un acto similar, de quitar de un plumazo a cuatro vocales del Tribunal Electoral Departamental del Beni, legítimamente elegidos y designados conforme determina la Constitución, ahora en un limbo jurídico por una acción de amparo constitucional concedida a una persona que fue inhabilitada en el proceso de selección, y por la cual se ha anulado el proceso de designación de cuatro Vocales que se encontraban en funciones, quedando desde el 21 de julio todo un Tribunal Departamental sin autoridades (excepto el vocal impuesto por el presidente Arce).
Y hasta la fecha, cuatro meses después, ese tribunal está en manos de un solo vocal, que es el “de confianza” del presidente y es administrado desde el TSE. Pero, sobre todo, no se debe olvidar que el Órgano Electoral mantuvo silencio público en ambos casos, y que internamente recibieron y dieron la bienvenida a los vocales presidenciales. Y ahora, sólo unas pocas Vocales libran una solitaria lucha defendiéndose no sólo de la indiferencia y pasividad del propio Tribunal Supremo Electoral, sino de los muchos procesos penales iniciados en su contra y de la “carga procesal” que impide que el Tribunal Constitucional atienda oportunamente las acciones constitucionales interpuestas.
Mostré mis disidencias, fueron publicadas, las expuse, pese a la mordaza de la vocería única. No he visto pronunciarse a quienes ahora lamentan la “toma” del Órgano Electoral, respecto al Estatuto Orgánico del MAS, con el que no sólo se apropian del Órgano Electoral, sino de todo el Estado, con descaro. En él expresa que NO HAY AUTORIDADES NEUTRAS NI INDEPENDIENTES EN NINGUNA INSTITUCIÓN DEL ESTADO. Y tampoco he visto indignarse a quienes ahora lamentan un Órgano Electoral parcializado. Quienes ejercen funciones en cargos que exigen independencia e imparcialidad, tienen dos caminos: o sumarse al partido, hacer aportes mensuales y aceptar la consulta obligada con su Dirección Nacional para tomar decisiones, o irse. Salvo que, como dicen los vocales, los militantes no estén de acuerdo e interpongan las “acciones que correspondan para determinar su inconstitucionalidad”, la cual debió ser determinada por el TSE. Ellos tomaron su decisión, y se quedan. Sabemos en qué condiciones, lo dice el Estatuto que registraron.
Cuando se produjo la crisis política y social de 2019, que no fue otra cosa que el desborde de una situación ya inadmisible generada por el MAS-IPSP, para imponerse de forma violenta y permanecer indefinidamente en el poder como mecanismo para garantizar su impunidad, aquellos llamados a responder ante esta coyuntura para dar a la población una opción verdaderamente democrática, honesta y enmarcada en la justicia, con vocación de servicio y leal a la ciudadanía, actuaron lejos de ese clamor, lo hicieron desde la soberbia, aprovechando la situación para postular sus candidaturas en un quitoneo voraz, dejando a la gente -una vez más- sin opciones que respondan verdaderamente a sus necesidades, sumando otro factor de ventaja a los muchos ya existentes en el sistema, para perpetuar en el poder a quienes de manera delictiva han desmantelado la democracia.
Es importante no perder el horizonte de lo estructural. Si se resuelve sólo un tema, no es suficiente para corregir el sistema. La agenda indica que luego vendrán la reforma legislativa de las leyes en materia electoral; el censo de población y vivienda, que conllevará la redistribución de circunscripciones uninominales; las elecciones judiciales, y luego otra vez el ciclo de elecciones generales, departamentales, regionales y municipales, sucesivamente, todo esto sin hacer las correcciones abiertas, con participación y observación ciudadana.
Un medio de verificación de carácter vinculante, realizado por aportación ciudadana, abierto a quienes asuman libremente la responsabilidad de verificar con aval del método de investigación científica, los procesos y la aplicación sobre derechos humanos en los Tribunales Constitucional, de Justicia y Electoral, a fin de verificar la imparcialidad, independencia y el apego a la Constitución y las leyes que aplican en los casos sometidos a su jurisdicción y competencia, es la vía para restablecer la justicia, consagrar las garantías y con ello, la democracia, restableciendo el Estado de Derecho, devolviendo la soberanía a quien pertenece de manera inalienable: el pueblo. Y el pueblo somos todos, no sólo los militantes de un partido.
Entre tanto no habrá otras organizaciones políticas sólidas ni se informará adecuadamente a los ciudadanos, ni se garantizará el respeto al voto. No hacer las correcciones al sistema que conforma a todos los Órganos del poder público, distorsionado por una voluntad dolosa que ha secuestrado la soberanía del pueblo a favor de un partido político, conlleva la consolidación de un gobierno tirano, que ha desmantelado la democracia y persistirá en sostener impune a quienes, como Evo Morales, se aferran al poder engañando y traicionando a la propia gente que dice representar, a quienes no ha hecho otra cosa que dividir, basado en la mentira.
En estas condiciones, ni aún desde adentro se pueden corregir las cosas; se requiere la participación responsable, activa y comprometida de la población; es el momento de que la ciudadanía recupere su soberanía, y la ejerza de manera directa y legítima, respetando su diversidad, libre de presiones, extorsión y manipulación del poder gobernante, ejerciendo su derecho a recurrir “al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión” que considera la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuando sus derechos no son protegidos por un régimen de Derecho. No es un tema político, es un tema de Derechos Humanos y garantías mínimas para recuperar el Estado de Derecho. Cambiar las cosas requiere partir de algo, y ese algo no es otra cosa que romper los círculos de impunidad y corrupción. No pueden gobernar quienes han secuestrado la democracia para desmantelarla.
Quiero expresar mi reconocimiento por todas las muestras de solidaridad, aprecio y apoyo, gracias a las que me encuentro bien, con el ánimo de seguir, siempre. Lamento tener que buscar protección, no sólo de quienes ejercen el poder, sino también de nuestro sistema de justicia, que es en el que debería confiar y resguardarme, pero, al contrario, se ha convertido en herramienta servil de la persecución y la extorsión. No importa dónde esté. Estoy con mi país, buscando que los derechos humanos y la justicia se restablezcan.
Rosario Baptista Canedo
Por Ivan Alejandro Paredes
Fuente: El Deber
