El Comité contra la Tortura de la ONU indica que la Policía jugó un papel determinante antes y después de la crisis política de 2019-2020.
Durante el examen del informe presentado por Bolivia en Ginebra en el marco de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, miembros del Comité contra la Tortura observaron el comportamiento de la Policía Boliviana en la crisis de 2019-2020 y el hacinamiento en las cárceles del país.
“En el período más convulso (de esta crisis), llama la atención el comportamiento errático y partidista de la Policía que, en muchas ocasiones, ha permitido la acción violenta de grupos opuestos al gobierno de Evo Morales”, dijo Claude Heller, relator del Comité de examen de Bolivia en una publicación difundida en el sitio oficial de la ONU.
“Un análisis de los hechos revela que la institución policial había sido manipulada durante los conflictos políticos”, agregó. Además, prosiguió el experto, en el contexto de polarización y enfrentamiento político desde 2019, funcionarios gubernamentales han sido acusados de “sedición” y “terrorismo”, presuntamente cometidos antes y después de la renuncia del expresidente Evo Morales. Estos delitos están definidos en el artículo 135 del Código Penal.
Heller recordó que el 15 de noviembre de 2019, Jeanine Áñez, al frente del Gobierno interino, emitió un Decreto autorizando a los militares a usar la fuerza contra manifestantes para el mantenimiento del orden público, pero exonerando a los militares de cualquier responsabilidad penal.
Durante este período se registraron violaciones al derecho a la vida y la seguridad de las personas, incluyendo unas 36 muertes en protestas (unos 21 simpatizantes del MAS), la mayoría de ellas por fuerzas del orden, principalmente en Sacaba y Senkata, dijo Heller.
Por su parte, el Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) indicó que el hacinamiento en las cárceles de Bolivia llega al 550% o incluso al 700% en algunos establecimientos – así como a los hechos de violencia cometidos en el país en el contexto de la crisis política que siguió a las controvertidas elecciones presidenciales de 2019, la renuncia y exilio de Evo Morales y la formación de un gobierno interino por Jeanine Añez.
La misma publicación agrega que las prácticas de tortura y malos tratos en Bolivia son frecuentemente utilizadas por la Policía y la administración penitenciaria como métodos de investigación o sanción disciplinaria.
El que presentó el informe ante la ONU fue César Adalid Siles Bazán, viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales del Estado Plurinacional de Bolivia. La autoridad, entre otros temas, explicó que el período de ruptura del orden constitucional, entre 2019 y 2020, estuvo marcado por violaciones sistemáticas y graves de los derechos humanos.
“La comunidad internacional y varios informes independientes entendieron rápidamente que no hubo fraude electoral, sino un golpe de Estado en Bolivia, con la complicidad de las Fuerzas Armadas y Policía Bolivianas”, agregó.
La afirmación de Siles de que la Policía y las Fuerzas Armadas estuvieron en complicidad con la sucesión de Áñez pone en tela de juicio desde el actual Gobierno la idoneidad e independencia de las instituciones, pero además, confirma la apreciación de la ONU, de que los uniformados tienen un “comportamiento partidista”.
La delegación de Bolivia también estuvo integrada, entre otros, por Iván Manolo Lima Magne, ministro de Justicia y Transparencia Institucional y jefe de la delegación; Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno; Miriam Julieta Huacani Zapana, viceministra de Igualdad de Oportunidades; Nelson Marcelo Cox Mayorga, viceministro del Interior y de la Policía, y Maira Mariela Macdonald Álvarez, representante permanente de Bolivia ante las Naciones Unidas en Ginebra.
Por Esmir Cortez Becerra
Fuente: El Deber
