La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra hizo el cálculo del daño económico que generó la creación de los 800 ítems fantasmas. Se estima que cada año la red de corrupción produjo un daño de al menos Bs 48 millones, tomando en cuenta que el sueldo promedio de estos cargos es de Bs 5.000. Al mes se detectó un perjuicio de Bs 4 millones.
La Fiscalía anunció la citación para que Angélica Sosa declare como testigo. La defensa de la exalcaldesa dijo que el principal acusado, Antonio Parada Vaca, no trabajaba en Recursos Humanos en la gestión de Sosa.
“Ese es el daño económico que se tiene por año (Bs 48 millones). Y si se lo multiplica por el tiempo de gestión que ha tenido Antonio Parada Vaca la suma no deja de ser exorbitante”, explicó el director de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, Ever Mérida.
El funcionario explicó que el cálculo se lo hizo tomando en cuenta un salario promedio de Bs 5.000. Dentro de los 800 ítems fantasmas existía un rango de sueldos que oscilaban desde los 3.000 hasta los 9.000 bolivianos.
La denuncia de los 800 ítems fantasmas fue presentada por Valeria Rodríguez Paz, exesposa de Parada Vaca, al Ministerio Público en septiembre de este año, pero el proceso de indagación recién se inició en la semana. Además de Parada Vaca son también investigados los exfuncionarios Javier Cedeño, Javier Carrasco y Julio Herbas, quienes fueron denunciados por los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito, uso indebido de influencias y peculado, entre otros.
Sobre el tema, la directora de Transparencia de la Alcaldía cruceña, Adriana Pedraza, resaltó que se hará una auditoría interna más amplia para “recabar datos y evidencias que fortalezcan la labor del Ministerio Público”.
La funcionaria añadió que como la Fiscalía rechazó una denuncia similar, a mitad de año, y para evitar que se repita esta situación, “queremos hilar fino y tener más detalles para ofrecer”.
El viernes, una comisión de tres fiscales, a la cabeza de Gonzalo Aparicio, llegó de Sucre para revisar los antecedentes vinculados al caso y emitir los requerimientos investigativos. Hasta el momento se tiene órdenes para el secuestro y embargo de ocho vehículos y 11 anotaciones preventivas de inmuebles, que pertenecen a las cuatro personas investigadas.
Durante un contacto con los medios de prensa, Aparicio informó que se solicitó documentación al Gobierno Municipal cruceño y otras instituciones públicas y privadas para que puedan ayudar a esclarecer la investigación. Los investigadores que llegaron a Santa Cruz trabajarán de manera permanente y conjunta con otra comisión constituida por fiscales de Santa Cruz, encabezada por Javier Cordero, Yolanda Aguilera y Marcela Terceros.
“Estamos asumiendo las medidas para asegurar una posible reparación del daño (económico) causado al municipio, y brindar la protección y el resguardo a la víctima (Valeria Rodríguez) denunciante”, explicó Aparicio.
Aportes a la investigación
Ayer, el Ministerio Público anunció las citaciones para Angélica Sosa en calidad de testigo por el caso ‘ítems fantasmas’. “Estamos a la espera de que se reciban las declaraciones en calidad de testigo de seis personas, entre ellas está la exalcaldesa Angélica Sosa, en calidad de testigo”, explicó la fiscal Terceros, que forma parte de la comisión que investiga el caso.
Mientras, Sosa decidió salir a la luz pública a través de sus redes sociales y cuestionó que existan versiones de una posible salida al exterior por parte de la exalcaldesa. La exautoridad dijo que colaborará en la investigación.
“Por la gracia de Dios, todas las noches duermo tranquila, por ello no tengo temor a ningún proceso. Agradezco el apoyo moral que he recibido de parte de miles de personas que me han hecho llegar en estos últimos días, eso me compromete a seguir adelante y afrontar con mayor fortaleza las malas intenciones de personas inescrupulosas”, escribió Sosa.
En la denuncia interpuesta por Rodríguez Paz se muestra a Parada Vaca como jefe de la Unidad de Recursos Humanos del municipio cruceño cuando ocurrió el supuesto tráfico de los ítems fantasmas. Jerjes Justiniano, abogado de Sosa, negó que Parada Vaca haya ocupado ese cargo durante la gestión de la exalcaldesa.
“Ella no se va a someter a su derecho al silencio y va a declarar en calidad de testigo. Hay que analizar bien el caso. El señor Antonio Parada no fue en su gestión (de Sosa) director de Recursos Humanos. (Parada) fue director de Recursos Humanos hasta 2018 y la arquitecta Angélica (Sosa) asume prácticamente en 2020 y eso significa que no fue durante su gestión”, afirmó Justiniano.
El abogado acotó que Sosa puede explicar cómo se elaboran las planillas, las cuales pasan por una serie de personas que no fueron contratadas durante su gestión ni la de Percy Fernández. “Una auditoría debería establecer dónde están los cargos y lamentable no se lo hizo”, dijo.
Por su parte, el concejal por Demócratas en Santa Cruz, Manuel Saavedra, realizó una solicitud para que se le pueda hacer la entrega de una lista de las personas que ingresaron a la Dirección de Recursos Humanos durante la gestión de Parada Vaca. “Pero sobre todo haciendo énfasis en un listado anexo, para que me pongan todos los (funcionarios) que fueron liberados del marcado de tarjeta y enviados en comisión, porque los fantasmas tienen que estar ahí”, aseguró.
El concejal también calculó los cobros por año de la planilla, llegando a un promedio de Bs 50 millones, por lo que “asumiendo que este sistema mafioso haya funcionado entre cuatro o cinco años mínimo, porque el señor (Parada Vaca) ha estado más de diez (años), estamos hablando que son por lo menos Bs 200 millones, con eso se pueden pavimentar 600 calles, construir 30 módulos educativos o 15 hospitales de segundo nivel”, destacó Saavedra.
En tanto, desde la bancada de la alianza Comunidad Autonómica (C-A) en el Concejo Municipal informaron que mañana presentarán una minuta de comunicación, en la que se pide al Ejecutivo que se amplíe la investigación y se tome como testigo a los 22 concejales -incluido Jhonny Fernández- que estuvieron en la anterior gestión municipal.
“Nosotros nos preguntamos, dónde estaba el Concejo Municipal de la anterior gestión, por qué no investigaron este acto vergonzoso, (…) no olvidemos que el alcalde Jhonny Fernández era concejal y tenía un acuerdo con la ex alcaldesa interina Angélica Sosa”, expuso el concejal por C-A, José Alberti, ante los medios de comunicación.
El secretario municipal de Fortalecimiento Institucional y Autonomías de la Alcaldía cruceña, José Luis Santistevan, aseguró que el alcalde Fernández realizó siete denuncias contra la anterior administración municipal por diferentes temáticas, incluidos los ítems fantasmas, cuando estaba en el Legislativo cruceño.
“Ahora lo que corresponde es que la Fiscalía tome cartas en el asunto, no busque chivos expiatorios y realice una investigación integral”, dijo Santistevan.
El asambleísta departamental por el Movimiento Al Socialismo (MAS) y exconcejal por esa tienda política, Jhonny Zeballos, dijo que se encuentra con la conciencia tranquila y aseguró que ha sido el único edil, de la pasada gestión, que se ha dedicado a fiscalizar desde el inicio hasta el cierre de su mandato. “Que den cara los otros concejales que nunca fiscalizaron y no hicieron nada, más al contrario se aprovecharon de los cargos”, complementó.
Alistan memorial
Rodríguez Paz, que está internada desde el martes en una clínica privada de la capital cruceña, tenía que declarar por este caso en calidad de testigo y denunciante, pero sus abogados presentaron un recurso que imposibilitó que se le tome declaración por tener prescripción médica.
Además, la parte legal también prepara un memorial donde se pide que los primeros en declarar sobre el caso sean los principales denunciados: Antonio Parada Vaca, Javier Cedeño, Javier Carrasco y Julio Herbas. Según el diagnóstico médico, Rodríguez presenta lupus eritematoso sistémico y ceféala tensional, por lo que se encuentra siendo sometida a estudios de neurología y reumatología.
Su abogada, Darly Franco, confirmó que todavía continúa afectada e incluso el médico que la atiende le ha prohibido brindar más entrevistas a medios de comunicación. “Además se está viendo la posibilidad de incluirla en el Programa de Testigos del Ministerio de Justicia, porque como ella fue la que comenzó a desvelar los megarobos de la Alcaldía, corre peligro de vida. Por eso estamos solicitando que esté en buenos recaudos”, explicó la representante de Rodríguez.
La jurista sospecha que el principal investigado ya no está en Bolivia y señaló como el culpable de ello al actual fiscal departamental, Róger Mariaca, por no actuar con rapidez porque el caso se conocía hace dos meses.
El fiscal Mariaca se encuentra en el ojo de la tormenta después que Franco denunciará que el suegro del representante departamental del Ministerio Público, el abogado Luis Flores, se encontraba trabajando en la Alcaldía cruceña hace año y medio, como asesor de la Dirección Legal y Administración de la Secretaria Municipal de Innovación Tecnológica y Planificación.
Horas después de conocerse la noticia, Flores presentó su renuncia señalando que lo hacía por “la seguridad de mi familia y el honor personal” ante la susceptibilidad generada y el estado de gestación de su hija.
Por su parte, Mariaca respondió a las preguntas indicando que, si bien respeta a su suegro como profesional, mantiene con él una relación “muy alejada, (…) bajo ese entendido respeto la decisión (renuncia), la cual mi persona no ha tenido ningún interés en que la realice”.
Sobre las críticas a su trabajo en este caso de los 800 ítems, se limitó a responder que continuará trabajando en la Fiscalía “de frente y como lo he venido haciendo”, asegurando que se tendrá una investigación objetiva dentro del proceso, además de señalar que se ha tenido un gran avance, tras la ampliación de la denuncia realizada por la Alcaldía cruceña.
Desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, de filas del Movimiento Al Socialismo (MAS), espera que el Ministerio Público pueda dar celeridad a las investigaciones de este proceso. “Esperamos que la justicia pueda trabajar inmediatamente y darnos a conocer con las investigaciones, qué es lo que realmente ha pasado, nosotros no compartimos con ese tipo de actitudes de saqueo”, indicó.
También, el viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, pidió al Ministerio Público aplicar “mano dura” con los responsables de este ilícito. “Ojalá que este hecho pueda provocar una verdadera investigación y una sanción ejemplar porque se están metiendo al bolsillo la plata que viene de los usuarios”, aseveró la autoridad del Gobierno central.
Fuente: El Deber
