Las consultorías para producir biodiésel sintético, construir una planta de hidrotratamiento de aceites vegetales (HVO) y la de una generadora de biodiésel bajo el sistema FAME fueron descartadas. Analistas observan su viabilidad.
El ansiado proceso de sustitución del diésel fósil por el vegetal que lleva adelante el Gobierno no arranca y ya está en la mira. La unidad de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Contrataciones declaró desiertas tres licitaciones ligadas al proyecto biodiésel el mes pasado.
El 18 de noviembre de 2021 declaró desierta la contratación de una empresa internacional especializada para el desarrollo de la ingeniería pre-feed para la planta de hidrotratamiento de aceites vegetales (HVO). ¿El justificativo?, el informe revela que el descarte procede cuando “la o las propuestas no hubieran cumplido con los requisitos del Documento Base de Contratación”.
El 19 de noviembre de 2021, la ingeniería para la producción de biodiésel FAME (éster metílico de ácido graso) corrió la misma suerte. Al igual que la licitación para la ingeniería conceptual del proyecto para producir diésel sintético a partir de neumáticos, plásticos y aceites lubricantes usados (del 24 de noviembre de 2021).
En las tres licitaciones que quedaron sin efecto consta la firma de Carlos Alberto Zeballos, responsable del Proceso de Contratación.
De acuerdo al documento, para el proyecto de producción de diésel sintético, ya se habían presentado las compañías Axens, Techint y Petrex. El costo de la consultoría suma $us 960.000.
Las contradicciones surgen cuando en pleno Foro de Biocombustibles, organizado por el Ministerio de Hidrocarburos y YPFB (el 3 de diciembre, en Santa Cruz), en el que participó el primer mandatario Luis Arce, y el ministro de Hidrocarburos y Energía, Franklin Molina, este indicó que en el primer cuatrimestre de esta gestión se realizó un estudio de ingeniería conceptual para analizar la construcción de una planta de HVO, que tendrá capacidad de producir aproximadamente 9.000 barriles por día (bpd) de diésel renovable. “Por ello, actualmente hay tres procesos de licitación vigentes que permitirán realizar los estudios pre-feed para encaminar la implementación de dicha planta”, precisó. Así, se consultó al Ministerio de Hidrocarburos sobre las declaraciones de Molina, pero no se obtuvo una respuesta.
En este punto, una analista que pidió la reserva de su nombre, se preguntó a qué procesos de licitación vigentes se refiere el ministro. Si los que figuran en la página de Contrataciones de YPFB han quedado sin efecto.
“Es más, Molina habla de un estudio realizado en abril de este año, referido a una planta HVO. Pero el 18 de noviembre Yacimientos informa que esa licitación quedó desierta. Entonces, alguien miente”, precisó el experto en temas energéticos.
¿Es factible ese tipo de planta?
Siguiendo las palabras de Molina, se detalla que la biorrefinería (HVO) necesitará 450.000 toneladas de materia prima por año como la jatropha, el totaí, el cusi y otros cultivos de los cuales se obtienen aceites vegetales de segunda generación, que no son para el consumo humano.
Francesco Zaratti, experto en energía, hace notar que para lograr esa cantidad de materia prima será necesario ampliar la frontera agrícola o recuperar por lo menos unas 500.000 hectáreas, a tiempo de aclarar que en este proceso de producción de biodiésel no se va a recurrir a la soya o girasol, que ya tienen mercado.
Además, para llegar a esta cantidad de materia prima, Zaratti hace notar que se van a precisar unos cinco años, por lo que la planta -en caso de construirse- va a tener que esperar contar con esa cantidad de productos para operar a su máxima capacidad.
El costo de la planta -en principio- sería de $us 250 millones, pero el experto resalta que falta definir quién se hará cargo de la producción de la materia prima y a qué costo. También hace notar que habrá un costo de producción, transporte y comercialización; por lo que calcula que el precio final al consumidor será de unos Bs 5,8 el litro de biocombustible, cuando el litro de diésel fósil es de Bs 3,72, por lo que considera que el proyecto -si no se mejoran los costos- es inviable.
Según el exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, es importante que existan los estudios de factibilidad para estimar cuánta materia prima se necesita y de dónde se la va a obtener. Para así tener un mejor conocimiento sobre estas tecnologías que se piensa desarrollar en el país.
Los límites de la Ley 1098
De acuerdo con fuentes del sector petrolero, se pudo saber que otro de los frenos de mano, más allá de las cuestiones técnicas y el costo elevado para obtener biodiésel para el mercado interno, fue una norma anterior que obligó a dejar desiertas las tres licitaciones.
Se trata de la Ley 1098 en la que se define al etanol anhidro como el aditivo de origen vegetal resultante de la deshidratación del alcohol etílico, a través de tecnologías que no dejen residuos químicos.
Además, se establece que el biodiésel es el aditivo de origen vegetal, resultante de la transformación química de un aceite o grasa, debidamente refinado, en reacción con etanol anhidro.
Así la norma vigente no reconoce a otro aditivo vegetal que no sea el etanol anhidro para ser mezclado con el diésel fósil por lo que los otros proyectos como biodiésel sintético, el logrado bajo el sistema FAME o HVO estarían vulnerando la norma vigente.
Aunque, según las fuentes, se estima que, debido a la necesidad de reducir la importación de diésel, el Gobierno estaría dispuesto a modificar la Ley 1098.
Entendiendo que son planes de mediano a largo plazo, YPFB ya tiene una asignación presupuestaria para 2022 (PGE) que supera los $us 3.000 millones para la compra de combustibles. “Ustedes saben que YPFB es la única empresa que puede garantizar la compra de combustibles”, justificó el viceministro de Presupuesto, Zenón Mamani.
Fuente: El Deber
