El abogado de la exalcaldesa califica de “chismes” las acusaciones contra su defendida al no contar con “pruebas reales” y asegura que los intereses políticos se imponen en el proceso.
Hasta las 3:00 de la madrugada de este miércoles se extendió la declaración de Angélica Sosa, ex alcaldesa de Santa Cruz de la Sierra, en las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). Durante su declaración sobre los supuestos contratos irregulares de personal en la comuna cruceña, Sosa apuntó a Jhonny Fernández como uno de los beneficiarios de cupos en la Alcaldía. Hasta 600 ítems podría haber recibido el entonces concejal ucesista durante las gestiones entre 2016 y 2018.
El abogado de Sosa, Joadel Bravo, considera que la acusación en contra de su defendida se sostiene en versiones de dos testigos declarados en reserva legal. Estas dos personas aseguran que habrían firmado contratos en la Quinta Municipal para realizar campaña política en favor de diputados de Creemos.
Bravo cataloga como “chismes” los testimonios que involucrarían a Sosa en el caso de los ítems fantasmas y contratos irregulares. “No han presentado un documento, ni una prueba probatoria que sustente el caso”, dijo el jurista a la red Unitel al señalar que “el Ministerio Público utiliza esas aseveraciones en contra de Sosa para determinar su aprehensión”.
La imputación en contra de la exautoridad se conocerá este miércoles, al igual que la fecha y hora de la audiencia cautelar que definirá el futuro inmediato de Angélica Sosa.
Para Bravo, la Fiscalía actúa de modo indebido e ilegal, pues primero aprehende a las personas y después investiga. “Este caso se maneja por intereses políticos y no probatorios”, añade.
A decir del jurista, la aprehensión de Sosa se vincula a “su condición de concejala” por “no haber fiscalizado al personal de Recursos Humanos”. Más allá de que la competencia de supervisar la acción del Ejecutivo corresponde al alcalde, el letrado pide que se proceda de la misma forma con otros concejales que ostentaban el cargo en la gestión municipal investigada.
También solicita al actual alcalde de la ciudad que presente la auditoría que demuestre la existencia de lo 866 contratos irregulares que señalan en la lista entregada a la Fiscalía. “En un debido proceso, hay que respaldar las acusaciones con elementos probatorios de respaldo para que sea una acusación creíble”, recuerda el defensor de Sosa.
La lista presentada al Ministerio Público o los “chismes” sobre contratos para hacer campaña en favor de diputados “son argumentos poco creíbles”, insiste el abogado.
Fuente: El Deber
