Concejales ven injerencia política en la justicia, además de un interés por “tachar a cruceños de incapaces en gestión”.
La detención preventiva de la exalcaldesa Angélica Sosa supone un primer paso para desnudar la corrupción al interior del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra y dar un giro a un manejo absoluto en el ente municipal. Concejales de oposición proponen retomar el sistema de contrapesos para fiscalizar las acciones del Ejecutivo y evitar el manejo discrecional de la entidad.
“Estamos rascando la punta del iceberg”, expresó el concejal Manuel Saavedra, de filas de Demócratas, al señalar que “el nivel de corrupción al que se llegó en la Alcaldía era absurdo y alcanzó a todo nivel. ¿Qué otras cosas nos iremos a enterar?”.
El concejal José Alberti, de Comunidad Autonómica (C-A), observa “una debilidad institucional a todo nivel”, propiciada por “reglas de juego que se rompen fácilmente por los tomadores de decisiones”.
Ambos concejales coinciden en señalar la importancia de la labor fiscalizadora del Concejo Municipal cruceño para frenar los actos de corrupción. Alberti sugiere, además, otros mecanismos de control que combatan “una corrupción que vemos normalizada”.
Saavedra defiende la función de contrapeso del Concejo Municipal “para que no haya impunidad”. El munícipe refiere que el problema central surge “por lo dañino que es la percepción que da el poder, que maneja todo de forma absoluta”.
Además, plantea la recuperación “de los valores y principios para promover un cambio en la sociedad”. De esta forma, el ciudadano será parte activa en la vigilancia a la gestión pública. “Se trata de priorizar la prevención y recurrir a herramientas tecnológicas que permiten agilizar los procedimientos”, aclaró Alberti.
Para los dos concejales opositores, la investigación por el caso de los ítems fantasmas y los contratos irregulares debería enmarcarse en una acción estrictamente judicial. La injerencia política que envuelve el caso despierta las suspicacias sobre la profundidad que se dará a las indagaciones.
“El Gobierno quiere cerrar el relato del golpe de Estado vinculando el caso con el paro de los 21 días”, manifestó Alberti. Desde el MAS se “traiciona” a un socio (Sosa) ahora que ahora “la ven sin poder” y se aprovecha la oportunidad de direccionar el debate hacia su imposición del relato.
Dentro de esta lógica, el oficialismo usa el caso de los ítems fantasmas para “tachar a los cruceños de ser incapaces de administrar la cosa pública y así enterrar la autonomía”, expresa el representante de C-A.
ara el concejal Saavedra, resulta necesario entender que los casos son personales y no se puede manchar a una sociedad en su conjunto, como en este caso Santa Cruz. “Se debe sentar un precedente y sancionar a las personas involucradas”, dijo.
Fuente: El Deber
