De acuerdo con el Código Penal, los delitos contra la salud pública pueden ser sancionados con uno a 10 años de privación de libertad. Enfatiza que la vacunación es voluntaria.
El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva” dijo que fue “tergiversado” respecto a la aplicación voluntaria de la vacuna contra el coronavirus y recordó que existen disposiciones de bioseguridad que se deben respetar en el marco del derecho a la salud de todas.
“Lamento que se distorsione, en ningún momento hemos dicho que se va a meter a la cárcel a quienes no se vacunen”, subrayó en conferencia de prensa.
Silva explicó que el Decreto Supremo 4640, promulgado el pasado jueves, respeta el carácter voluntario de aplicación de la vacuna, ya que en caso de no contar con el documento se solicitará la prueba PCR como parte de las medidas de contingencia y control de la pandemia que a la fecha cobró la vida de 19.554 ciudadanos, con un promedio de 1.500 infectados por día.
En entrevista con la televisora estatal afirmó que “si yo no porto, no demuestro estos documentos (carnet de vacuna o PCR negativo) y si me hacen la prueba y tengo Covid, estoy atentando contra la salud de los otros usuarios, por lo tanto, pueden hacerme un proceso”.
El funcionario recalca que la vacunación es universal, gratuita y voluntaria, enfatizando que sus palabras fueron malinterpretadas y descontextualizadas, cuando indicó de manera general que, de acuerdo con el artículo 216 del Código Penal de 1972, los delitos contra la salud pública pueden ser sancionados con uno a 10 años de privación de libertad. Actores de la oposición usaron la tergiversación para lanzar ataques políticos en contra del proceso de vacunación.
“Para proteger la salud de la población, se ha establecido que, para ingresar a ciertos establecimientos, puedan portar su carnet de vacuna o su prueba PCR (…), quienes no tengan su carnet de vacunación deberán mostrar su prueba PCR o no podrán entrar a ciertos lugares”, recalcó.
El viceministro no manifestó en ningún momento, de manera textual, que la no aplicación de la vacuna Covid-19 signifique 10 años de cárcel. “Apelamos a la actitud responsable de la ciudadanía para continuar con todas las medidas de prevención y contener el avance de la pandemia”, complementó.
Por Jesus Alanoca
Fuente: El Deber
