Firmas creen que el negocio es una forma de enriquecimiento ilícito que impacta en ventas mediante canales ilegales. Aduana habla de un combate duro al contrabando.
El ‘mercado gris’ de vehículos importados oscurece las operaciones de más de una concesionaria automotriz formal del país y provoca un daño económico al Estado boliviano que supera los $us 20 millones anuales, por evasión de tributos aduaneros e impuestos.
Los ‘mercados grises’ son aquellos en los que se producen importaciones paralelas a través de canales de distribución no autorizados por el fabricante y que se caracterizan porque el productor aplica precios de mercados distintos para un mismo artículo en diferentes países. Esto permite que un comerciante -no autorizado- compre bienes de una marca, destinados a un país con precios más bajos y los venda en otro país con valores más altos, obteniendo un beneficio superior al que podría haber conseguido en el mercado del precio más bajo.
En el caso de Bolivia, a decir de fuentes oficiales del sector afectado, grupos ‘grises’ -importadores particulares, unipersonales y otros-, se dedican a importar sin cumplir normas relativas al sector, generan evasión mediante procedimientos ingeniosos que hacen daño al país, en general, y al Estado, en particular, por las fuentes de trabajo que ponen en riesgo. Además, condicionan el cierre de las concesionarias por la competencia desleal que promueven.
Insinúan que los importadores ‘grises’ y algunos malos funcionarios públicos permiten el ingreso de los vehículos sin cumplir exigencias documentales, normativas ni técnicas. Ingresan vehículos nuevos o antiguos para hacer trabajos de ‘reacondicionamiento’ que no necesitan; solo para evitar la exigencia legal de los ‘test report’ exigido por norma y la carta del fabricante que no pueden conseguir porque carecen del contacto.
De este modo, en ‘contubernio’ con usuarios de la Zona Franca, compran certificados fraguados de trabajos que no han recibido los vehículos, nacionalizándolos como reacondicionados, pero vendiéndolos como vehículos nuevos. Así, empresarios del sector piden al Estado fiscalizar esta actividad para que las normas se cumplan y así evitar corrupción y daño económico no solo al Estado boliviano, sino también a empresas que invierten tiempo, pagan impuestos y arriesgan su patrimonio.
Citan que los importadores particulares -ciudadanos comunes compradores de vehículos en el país-, son utilizados en su buena fe, por los importadores grises que, en el afán de ganar a costa del Estado, eluden impuestos de venta recurriendo a la forma mañosa de ‘importación directa’.
Los compradores (unos 10.000 por año), desconocen que Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional tiene ocho años -de acuerdo a ley- para hacer fiscalizaciones posteriores y, son ellos, los que van a figurar como evasores fiscales.
Anotan que los importadores unipersonales, personas naturales que por defectos normativos o ‘viveza criolla’ de gente inescrupulosa, se inscriben como importadores tradicionales en la ANB y sacan un NIT que con agregarle tres números a su documento de identidad, pueden importar 100 o 500 vehículos sin que siquiera el monto de su capital declarado signifique la milésima parte de los volúmenes millonarios que importan.
Un ejemplo de cómo funcionan estas asociaciones, es el bullado caso de las 41 ambulancias importadas por una empresa unipersonal, creada días antes de participar en una invitación de la Gobernación de Potosí.
El capital de la empresa era de Bs 100.000 y hacía un negocio con una institución del Estado por más de Bs 20 millones. “Los importadores unipersonales, son el ejemplo vivo de las importaciones ‘grises’, que provocan daño económico permanente al Estado boliviano. Importan aproximadamente 2.000 unidades por año, eludiendo tributos e impuestos por encima de los $us 20 millones”, apuntaron.
Una gran mayoría son ‘piratas’ que sin tener representación de las marcas que importan y venden, no otorgan garantía de fábrica ni tienen repuestos originales ni talleres especializados como exige la Ley del Usuario y el Consumidor dentro de la garantía de 100.000 km o tres años que exige la norma.
Adicionalmente, el comprador es engañado porque compra vehículos que no son fabricados para la topografía ni el clima diverso de Bolivia. Los combustibles en el país, no son adecuados a las normas de contaminación ambiental que permiten importarse (EURO II), son vehículos EURO IV, V o VI, cuyo daño ocasionado por los combustibles nuestros, es inminente ya que un vehículo EURO IV necesita 95 octanos y un EURO VI necesita 98 octanos, mientras que nuestra gasolina especial tiene 87 octanos y el Etanol 92 tiene 92 octanos por lo que va a tener una vejez prematura por este concepto.
Los importadores grises, declaran montos menores a los reales como base imponible para pagar los tributos y la gran mayoría, venden bajo la figura de importación directa para no emitir facturas.
De esta manera, todas las importadoras formales y legalmente establecidas, son afectadas ya que por cada vehículos ingresado por importadores grises, una marca legalmente importada, deja de venderse y se pone en riego 12.000 fuentes de trabajo directo y más de 70.000 indirectos que genera el sector automotriz formal.
Enriquecimiento ilícito
A decir del gerente general de la Sociedad Anónima Comercial Industrial (SACI), Jorge Escobari Urday, la incidencia del ‘mercado gris’ sobre las operaciones específicas de la concesionaria significa una disminución de las ventas mediante canales lícitos, pero también una pérdida de confianza de parte de los clientes con respecto; por ejemplo, a la marca Foton.
Un 35% de los camiones y el 20% de los minibuses de la marca Foton ingresan a Bolivia bajo el esquema de importación ‘gris’. Escobari infirió que los riesgos para la operación de SACI incluyen, entre otros, la identificación del importador legalmente establecido como proveedor de vehículos sin garantía o con provisión de repuestos deficiente y de dudosa procedencia.
En su opinión, el ingreso de ‘vehículos grises’ a Bolivia implica una evasión sistemática y dolosa de impuestos por parte de los operadores de este tipo de transacciones, generando un daño económico al Estado. “No necesariamente implica una forma de lavado de dinero, pero sí una forma de vulnerar los procesos legalmente establecidos”, enfatizó.
En Toyosa, el gerente general Erick Saavedra, afirmó que el mercado gris es un negocio cuestionado porque su proceso de importación no es claro y la fuente de dinero no es fija, lo que genera problemas en la economía y el sector. En 2021, dijo que fueron unos 1.100 los vehículos grises de la marca Toyota que ingresaron al mercado boliviano, de los cuales el 95% entró como ‘reacondicionados’. “Los mismos, carecen de garantía de fábrica. No están diseñados para funcionar con el combustible boliviano ya que son EURO 5 y Bolivia utiliza EURO 4, no emiten factura comercial eludiendo impuestos y la respectiva contribución al Estado, no declaran el valor real CIF -subfacturando y omitiendo los respectivos impuestos- y, por último, este mercado fomenta la corrupción”, expresó Saavedra.
A su juicio, el ingreso de vehículos grises a Bolivia es una forma de enriquecimiento ilícito, dado que, de acuerdo con la Cámara Automotor Boliviana, a partir de 2019 hay más de 150 marcas en el país, las cuales han sido afectadas por importaciones paralelas. “Muchas de esas operaciones de dinero y forma de pago son muy cuestionables, porque no hay trazabilidad de dinero y eso hace entender que quienes están detrás de este negocio fomentan el lavado de dinero, penado duramente fuera y dentro del país, siendo algo en lo que el Estado está fallando en auditar y evaluar”, subrayó Saavedra.
Enriquecimiento ilícito
Desde la Aduana Nacional refieren que en el marco de la Ley General de Aduanas y su Reglamento, la administración aduanera tiene como atribución fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, puertos y aeropuertos del país e intervenir en el tráfico internacional de mercancías para los efectos de la recaudación de los tributos que gravan las mismas.
Asimismo, aclararon que las importaciones de vehículos son realizadas por operadores de comercio exterior debidamente empadronados ante la Aduana Nacional y que las declaraciones de importación son realizadas en base a la documentación soporte para el posterior pago de tributos.
El ingreso, recepción e importación de vehículos son operaciones controladas por las administraciones aduaneras de frontera y de destino, conforme los reglamentos y manuales de procedimientos vigentes, que establecen el control de las prohibiciones para la importación de vehículos, el cumplimiento de los requisitos y formalidades aduaneras, así como el correcto pago de tributos. “La Aduana Nacional tiene la facultad de realizar el control de las importaciones y el respectivo cobro de tributos aduaneros; sin embargo, esta facultad no alcanza a las ventas en el mercado interno”, anotaron.
Respecto a las marcas de vehículos importadas, aluden que no existe restricción conforme al marco legal vigente y que, como ente operativo, se sujetan al cumplimiento de la normativa vigente.
Con relación al contrabando, señalan que es un flagelo que afecta la economía del país que combaten hace años. En 2021, se comisaron un aproximado de 2.000 vehículos de diferentes marcas y tipos.
Fuente: El Deber
