Esta semana el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dijo que presentó una demanda penal por el daño ecológico causado e indaga la posible autorización de la ABT y del INRA para permitir la apertura de un camino.
El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, en una conferencia de prensa realizada este domingo se refirió a la demanda penal (por daño ecológico) presentada por el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por la construcción de un puente ilegal sobre el río Parapetí. En días pasados Camacho afirmó que las investigaciones preliminares indican que la ABT (Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra) y el INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) habrían autorizado la apertura de un camino para la construcción de un puente sobre el río Parapetí.
“Queremos desmentir las declaraciones del señor Camacho, que dice que la ABT habría autorizado y el Ministerio del Medio Ambiente también. Mediante un comunicado se le hace conocer que es totalmente falso que las dos instituciones habrían autorizado esta construcción clandestina”, aseguró la autoridad.
Montaño le recordó a Camacho y al secretario de Medio Ambiente de la Gobernación, Efraín Suárez, que para construir un puente tiene que existir una licencia ambiental departamental en principio.
De igual manera, según el ministro, la obra debe contar con un estudio de impacto ambiental, diagnóstico actual de estado del medioambiente, realizar programas de impacto y mitigación ambiental, especificaciones técnicas y reposición de perdidas, plan de aplicación y seguimiento ambiental. “Si es que no hay esta documentación correspondiente, las áreas donde se ha construido este puente clandestino están en peligro de deforestación”, dijo.
Con todo lo expuesto, Montaño asegura que existe incumplimiento de deberes por parte de la Gobernación de Santa Cruz y no existe autoridad alguna en el departamento. Adelantó que invitó al Ministro de Medio Ambiente (Juan Santos Cruz) para que inspeccionen la obra la siguiente semana.
Lo manifestado por la autoridad se da luego de que Suárez asegurara que el puente fue construido tras la firma de un convenio entre un grupo de menonitas y originarios de la comunidad Cuarirenda.
Con esta firma la obra tiene legalidad, ya que los dirigentes que suscribieron el acuerdo forman parte del Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino de Charagua Iyambae, que tienen autonomía para decidir y avalar este tipo de obra, según las autoridades.
Aún así, la obra le costó el puesto al subgobernador de la provincia Cordillera, por no haber alertado sobre la construcción del puente.
Fuente: El Deber
