Mario Aguilera observa un lento avance en la actual gestión departamental. Pidió un informe sobre el decreto 343, que concede atribuciones al secretario de Gestión Institucional. En la bancada de Creemos aseguran nunca estuvo en vigencia.
El vicegobernador del departamento, Mario Aguilera, reconoció ayer que su comunicación con el gobernador Luis Fernando Camacho está reducida a lo necesario, situación que, según él, repercute en el cumplimiento de los objetivos dentro de la actual gestión.
La revelación de Aguilera surgió un día después de que se hiciera público el decreto departamental 343, en el que se confiere las atribuciones del gobernador Luis Fernando Camacho, que viajó a Brasil, al secretario de Gestión Institucional, Miguel Ángel Navarro. El decreto quedó sin efecto a consecuencia de los cuestionamientos, porque según el Estatuto Departamental esas competencias corresponden al vicegobernador, en ausencia de la primera autoridad de Santa Cruz.
Sobre el referido documento, Aguilera dijo que tuvo conocimiento de que estuvo publicado en la Gaceta Oficial de la Gobernación. “Pediré los informes para conocer si este procedimiento se realizó de manera correcta, además de sus solicitudes y autorizaciones debidas porque existe una cadena de mando que se sigue para estas publicaciones. Debe quedar establecido quiénes son los responsables”, afirmó.
Aguilera dijo que si bien desconoce el contenido en detalle y la finalidad del documento, sabe que para la construcción del mismo se pasó por las diferentes secretarías departamentales.
En ese sentido, las autoridades deberán corroborar su objetivo porque vulnera las competencias que establece el Estatuto para la Vicegobernación: La coordinación con la Asamblea Legislativa Departamental, la gestión de proyectos que son delegados por el gobernador y reemplazarlo en su ausencia.
“Si se cuenta con responsabilidades múltiples se tiene que tener un igual número de personas trabajando para buscar las soluciones en el tiempo necesario. Existe cierta lentitud y algunas personas tienen otro ritmo de trabajo, él (Camacho) tiene su gabinete que debe responder por el resultado de su gestión”, sostuvo Aguilera en una entrevista en el programa “Influyentes” de EL DEBER Radio.
Consideró que para avanzar en la gestión se precisa de mayor comunicación entre el gobernador y el vicegobernador, por lo que sugirió que se hagan a un lado los que interfieren en este flujo de trabajo.
El diputado plurinacional Richard Ribera, ve que el distanciamiento entre las dos principales autoridades departamentales se encuentra presente en el imaginario colectivo de la población. No obstante, considera que el decreto fue un “error” cometido por algunos de los asesores del gobernador.
La versión sobre el error de asesoramiento, mencionado por el diputado Ribera, que renunció públicamente a la agrupación Creemos, coincidió con la deun funcionario de alto rango de la Gobernación que prefirió mantener su nombre en reserva.
La fuente mencionó que debido “al quiebre” entre Camacho y Aguilera, algunos asesores y secretarios recomendaron emitir el decreto para que asumiera funciones Miguel Ángel Navarro, uno de los hombres de mayor confianza del gobernador. El otro es el asesor general Federico Martínez. Ambos lo acompañan desde su época en el Comité Cívico.
Se intentó conversar con Navarro y Martínez, pero en la Gobernación informaron que el secretario de Gestión Institucional se encontraba fuera de la ciudad cumpliendo actividades de gestión, mientras que el asesor general no ofrece declaraciones a la prensa. También se mencionó el nombre de Walter Chávez, como estratega político, pero no se conoció su versión, a pesar de que se intentó en reiteradas oportunidades.
Petición de informe
Desde la Asamblea Legislativa Departamental informaron que presentaron una petición de informe escrito al Ejecutivo para que explique lo ocurrido con el decreto departamental 343, esto debido a varios testimonios que el documento estuvo supuestamente publicado en la Gaceta Oficial.
La secretaria general de la Asamblea Legislativa Departamental, Paola Aguirre, informó que esta petición fue enviada ayer, con su rúbrica y la del presidente de esta instancia, Zvonko Matkovic.
“No creemos que haya existido un mal asesoramiento (al gobernador) y lo que se nos han informado, que es muy probable, es que haya existido una carga indebida a la Gaceta Oficial de un decreto que no estaba aún perfeccionado”, explicó.
Por otro lado, los asambleístas del MAS, a la cabeza de Clemente Ramos, presentaron una denuncia ante la Fiscalía contra el gobernador por los presuntos delitos de manipulación informática, resolución contraria a la constitución e incumplimiento de deberes. Según lo expuesto por Ramos el decreto vulnera los estatutos departamentales, la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley de Procedimiento Administrativo.
Fuente: El Deber
