El Ministerio Público pide pena máxima contra seis exautoridades. Calculan un daño económico de más de $us 8,6 millones.
La comisión de fiscales presentó ante la autoridad judicial la acusación formal en contra el exministro de Hidrocarburos Víctor Hugo Zamora, y otras cinco personas implicadas en la paralización de la Planta de Amoniaco y Úrea de Bulo Bulo, en Cochabamba, en noviembre de 2019.
“El Ministerio Público emitió la acusación formal debidamente sustentada con 11 pruebas testificales y 73 pruebas documentales requeridas y secuestradas de las instituciones involucradas. También se tiene ofrecida una prueba pericial de auditoria del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), a desarrollarse, que demostrará el daño económico causado al Estado, entre otros elementos probatorios. Ahoral”, indicó Barrientos.
El hecho causó un daño económico al Estado de aproximadamente 8,6 millones de dólares, informó este lunes el director de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, Aldrin Barrientos.
Además entre los otros acusados en el caso caratulado YPFB-Bulo Bulo están el expresidente de la petrolera estatal Herland Soliz; el exvicepresidente nacional de Operaciones, Jorge Roberto Blancourt; el exgerente de Industrialización, Óscar Alberto Boutier; el exdirector de la Planta de Amoniaco y Úrea, Carlos Manuel Segundo Vilar, y el excoordinador de la Planta de Amoniaco y Úrea, Ivert Fernando Oliva.
En la acusación formal, el exministro Zamora fue declarado rebelde. Todos fueron imputados por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, previstos y sancionados por los artículos 154 y 224 del Código Penal. El Ministerio público solicita la pena máxima.
“En noviembre de 2019 las autoridades deciden la paralización del funcionamiento de la Planta de Úrea y Amoniaco de YPFB en el sector de Bulo Bulo, a partir de ello se estableció la paralización de la producción y un deterioro importante por parte de la maquinaria que se usaba en los procesos”, señala una nota de prensa.
Pese a los informes, no se determinó de inmediato la reanudación de las operaciones de la planta y a partir de esta situación se estableció un daño económico al Estado de considerable cuantía, motivo por el cual se presentó por parte del Ministerio Público la acusación formal, agregó Barrientos.
Fuente: Página Siete Digital
