Un informe dice que están involucrados policías que son llamados los ‘tranqueros’ y que cobran para que camiones pasen sin control. En Challapata las mafias llegan a pagar Bs 2.500 por motorizado.
El mundo del contrabando tiene sus propias reglas, sus equipos tecnológicos y hasta su propio tarifario en las trancas de control. Las mafias, que en su mayoría son clanes familiares, “acordaron” con uniformados una escala de precios para que puedan pasar su mercadería. El más alto es el puesto de Challapata, en Oruro, donde los contrabandistas pagan a policías 2.500 bolivianos para que un camión pueda pasar. Hay 19 trancas en el departamento de Oruro que tienen un precio para dejar pasar mercadería ilegal.
EL DEBER accedió a un informe militar que revela el nexo entre contrabandistas y policías que están destinados en diferentes puntos del departamento de Oruro. En el documento se evidencia un listado de 19 puntos de control en localidades orureñas. Este informe revela que los contrabandistas “acordaron” con policías el pago de un monto de dinero en cada puesto de control para que los camiones que introducen mercadería ilegal puedan pasar sin ningún tipo de revisión.
El pago más alto es el de Challapata, localidad que volvió a convertirse en el núcleo del contrabando, sobre todo de vehículos indocumentados. En esa tranca las mafias pagan 2.500 bolivianos por camión. Una de las trancas con pago menor es la de Sevaruyo, localidad que está al medio de los municipios de Challapata y Uyuni.
“Cada camión cargado con mercadería de contrabando paga determinadas sumas de dinero para pasar las trancas sin mayores contratiempos. Los montos son detallados a continuación (ver infografía), que son recaudados en trancas y provincias, sirven para que los funcionarios policiales subalternos recuperen lo cancelado por anticipado para ser destinados a estas localidades”, dice parte del informe militar.
El documento también revela una red de policías que tienen contactos con clanes familiares que operan con el contrabando. El informe revela desde coroneles hasta suboficiales que estarían involucrados con las mafias.
Además, en el texto militar se muestra que los policías pagan a sus superiores determinadas sumas de dinero para ser destinados a zonas rojas del contrabando con el fin obtener dinero proveniente de las mafias dedicadas al transporte de mercadería ilegal.
Pagan por destinos
“Para ser destinado por tres meses a poblaciones por donde existen trancas dependientes de la Policía Rural y Provincial, y por donde transitan camiones cargados con mercadería de contrabando, vehículos indocumentados, precursores, coca prensada y otro tipo de mercadería ilegal, los funcionarios policiales deben pagar por anticipado”, detalla el documento.
Un policía relata que a estos uniformados se los conoce como “tranqueros” y que desde años anteriores -cuando Evo Morales era presidente- se instaló una red policial que tenía nexos con clanes familiares de Oruro.
“Esos puestos son cotizados por los policías en Oruro. El contrabando tiene códigos con policías, tiene ayuda de estos malos policías y esto se conocía desde 2020. Hoy, no vemos que haya cambiado la situación”, dice la fuente policial que prefiere no dar su nombre.
Al respecto, el comandante departamental de la Policía de Oruro, coronel Roque Arraya, dijo que en su gestión se erradicaron esos clanes que operan en la entidad policial y aseguró que ahora hay una labor coordinada con militares y Aduana para combatir el contrabando. “Tenemos tareas conjuntas con estas instituciones y también con el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando. La Policía en Oruro está haciendo su labor para erradicar ese delito que tanto daño hace al país”, afirmó Arraya.
Los “tranqueros”, según el reporte militar, en su mayoría son suboficiales y sargentos, que son los mayores de edad, y los más jóvenes tienen grado de tenientes. En el documento se cuestiona que estos uniformados tengan patrimonios muy elevados que no son justificados con el salario que perciben de la Policía Boliviana.
En un caso de un suboficial se demuestra que tiene dos vagonetas de último modelo marca Toyota y una casa de tres pisos en la ciudad de Oruro. A este policía se lo vincula con clanes familiares del contrabando. Este medio no publica los nombres de uniformados debido a que hay una investigación en curso.
Ya en 2019 se dio a conocer que un centenar de policías de Oruro estaban implicados en una estructura ilegal que, en complicidad con civiles, permitían el ingreso de contrabando. Este caso llegó a salpicar a miembros del Comando de la Policía Boliviana.
En el informe militar se identifican 19 puestos de control dominados por los “tranqueros”. Se aumentó uno más a la lista que había en la gestión 2019. Todas las localidades donde están las trancas son parte de las vías que unen la frontera entre Chile y la ciudad de Oruro. Las trancas donde sigue el cobro de peaje a los contrabandistas están en; Sabaya, Huachacalla, Ancaravi, Copacabanita, Sevaruyo. Orinoca, Quillacas, Huari, Challapata, Pazña, Poopó, Cruce Huanuni, Vichuloma, Jatita, Vila Vila, Capachos, Caihuasi, Curahuara de Carangas y Radio Patrullas 110 de la ciudad de Oruro.
Esta última tranca fue introducida en el informe militar y está al ingreso de la capital orureña.
Varios pagos
Un camión cargado de contrabando puede pagar hasta seis veces en diferentes trancas antes de llegar a Oruro. Pero, en una sola tranca se puede reunir hasta 110.000 dólares en un mes, tomando en cuenta que diez motorizados pueden traspasar el control. En este caso se toma el ejemplo de la tranca de Challapata, que es el puesto donde se cobra más dinero.
Williams Paredes, fiscal especializado en delitos aduaneros, afirmó que también existen civiles en el cobro de dinero a contrabandistas en puesto de control. El investigador relató que ahora los funcionarios que cobran peajes en las rutas de Oruro “venden” información a las mafias. “En las trancas, los que dan boletas, son los que dan información a los contrabandistas de los operativos. Son los que dan las boletas, los de Vías Bolivia, ellos les mandan fotos a los contrabandistas de que están saliendo operativos del CEO”, alertó Paredes.
Los clanes son dirigidos por los hijos de líderes
Son tres clanes familiares los que dominan la mafia del contrabando en el departamento de Oruro. Estas familias tienen nexos con policías y ahora es la segunda generación la que dirige las operaciones. Challapata volvió a ser el cuartel de estas mafias, aunque todos sus lujos y sus patrimonios están concentrados en la capital orureña.
Un informe militar revela que los clanes “Colque-Herrera”, “Arce-Arias” y “Mamani-Nina” son las bandas que dominan el ingreso de contrabando desde la República de Chile. “En sus últimas actividades ilegales (se refiere a Tito M. P., líder del clan Mamani Nina) no empleó su nombre propio, usa seudónimos y recientemente utilizó el nombre de sus amistades”, dice parte del documento.
Según el texto, el líder de este clan opera con una persona que tiene el alias de “Moroco” y que sus iniciales son Edson A. A. Este individuo vive entre Chile y Bolivia, en las poblaciones fronterizas de ambos países. “Moroco tiene un grado de amistad con funcionarios policiales y militares”, establece el documento militar.
Este clan opera en Pisiga y se dedicaba en un inicio a introducir de manera ilícita y en diferentes modalidades ropa usada, ropa nueva y zapatillas de marca. En la actualidad internan electrodomésticos y teléfonos celulares de alta gama. Esta mafia ahora es manejada por la segunda generación; es decir, los hijos, hijas y yernos del líder.
Denuncias contra mafias
El Gobierno, en 2019, instaló una denuncia contra el “Moroco”, quien tiene doble nacionalidad. Según información del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, el “Moroco” manejaba la organización de contrabandistas y que el modo de operar del clan Mamani Nina es captar en la frontera con Chile a los camiones que quieren ingresar al país, les cobran dinero y luego pretenden corromper al personal uniformado para transportar la carga por rutas establecidas.
El informe también indica que otro clan familiar es “Colque Herrera”. Esta banda era liderada por los esposos Miguel C. C. y Ludim H. V. El primero fue alcalde mayor de Pisiga en 2017 y hace nueve años estuvo preso en la cárcel de Alto Hospicio, al norte de Chile, por el delito de narcotráfico. Fue beneficiado por el indulto de ese año y se desconoce ahora su paradero. Esta banda en la actualidad es dirigida por los hijos e hijas.
“Miguel C.C. tenía el control total de los chuteros, que son las personas que ingresan vehículos indocumentados”, dice el informe.
La esposa de Miguel C.C. también se encuentra desaparecida porque tiene denuncias ante la justicia. En 2019 intentó linchar a dos miembros del Comando Estratégico Operacional (CEO).
El otro clan familiar es el “Arce-Arias”. Esta banda aparece congelada debido a que su líder, el “Moroco”, ahora se encuentra en Chile. En el informe se muestra que esta mafia sigue operando, aunque con menos actividad que antes. Su ruta tradicional es desde Pisiga hacia el norte de Potosí.
En la actualidad, existen otros siete clanes familiares inmersos en el contrabando. Todos operan desde la localidad de Pisiga.
Por Ivan Alejandro Paredes
Fuente: El Deber
