Por el caso Golpe de Estado I le negaron la cesación de la detención mientras grupos afectados por las masacres de Senkata y Sacaba piden una reunión con el Presidente.
A más de dos años de los conflictos de 2019, la situación legal de la expresidenta Jeanine Áñez se agrava y las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata se movilizan para exigir justicia. Asimismo, el Comité Impulsor del Juicio por el Golpe de Estado demanda penalmente a un juez.
Mientras la defensa de Áñez presentó una solicitud de cesación de la detención preventiva, que le fue rechazada, la Justicia determinó ayer que permanezca otros tres meses más en prisión, en el marco del caso Golpe I por el que es acusada por los delitos de conspiración y terrorismo.
Jorge Nina, abogado de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty, informó, citada por ERBOL, que el juez tomó la decisión “teniendo en cuenta que hay actos investigativos pendientes como la declaración de testigos y otros que no se puede revelar para no perjudicar la investigación”. Los exministros de Energía, Rodrigo Guzmán, y de Justicia, Álvaro Coímbra, también deben seguir presos otros tres meses.
Nina agregó que la parte acusadora está “conforme” con la decisión y pidió al Ministerio Público avanzar en las investigaciones con “serenidad”.
Por este caso, la expresidenta es acusada por los delitos de conspiración y terrorismo. En un inicio también estaba incluido el delito de sedición, pero esa figura penal fue eliminada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). También afronta un proceso por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las Leyes, en el caso Golpe II.
PROTESTA
Entre tanto, las víctimas de Senkata y Sacaba, además de “detenidos injustamente y torturados” protagonizaron una marcha de protesta desde El Alto hacia la Casa del Pueblo, en La Paz, “debido a la no atención a solicitudes de audiencia por parte del presidente Luis Arce”.
Su representante y miembro de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, David Inca, informó que se enviaron cartas para entablar un diálogo “con carácter de urgencia” ante el incumplimiento de compromisos, sin embargo, no recibieron ninguna atención. Por la noche decidieron sacarse sangre y con ella escribieron letreros con frases como: “Presidente escuche a las víctimas”; “Senkata y Sacaba de pie nunca de rodillas!!!”; “Audiencia con el Presidente”.
“Como el año pasado hay una barrera policial que impide nuestro paso. Esto se llama revictimización. Esperemos que la CIDH y el Alto Comisionado de las Naciones tome en cuenta esta situación que agrava y denigra a los hermanos que fueron víctimas de las masacres”, manifestó.
DEMANDA PENAL
Por otro lado, el coordinador del Comité Impulsor, Aldo Michel, presentó una denuncia penal contra el juez Orlando Rojas por resoluciones contrarias a la Constitución y las normas vigentes. Los delitos por los que se le acusa es incumpliendo de deberes y prevaricato.
Dijo, según ABI, que Rojas se “prestó” en favor de un juicio de responsabilidades para Áñez.
“Hemos llevado adelante esta acción haciéndonos eco de las organizaciones sociales y de todos quienes estamos en contra la impunidad”, declaró.
En abril pasado, la Sala Penal Cuarta de La Paz determinó que corresponde juicio de responsabilidades y no un juicio ordinario contra Áñez en el proceso por presunta designación irregular en la Empresa Boliviana de Alimentos.
En esa decisión judicial, según el abogado del Comité Impulsor, el juez recibió “presiones políticas” y vulneró la constitucionalidad de los procesos.
“Planteamos llevar adelante esta acción para evitar que los procesos por la vía ordinaria penal sean desplazados por esta ficción y este ardid político denominado juicio de responsabilidades”, afirmó.
En la demanda se exige al Ministerio Público cumplir su rol establecido en el artículo 225 de la Constitución que hace referencia a su rol de defensor de la legalidad y los intereses generales de la sociedad.
Fuente: Opinión
