Sobre el dirigente universitario recaen los delitos de usurpación de funciones y de conducta antieconómica, aunque también se le abrirá una investigación por trata y tráfico. El juez dispuso su detención por 180 días en el penal de San Pedro, de La Paz.
Acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ese es uno de los planteamientos que contempla la defensa del dirigente universitario estudiantil Max Mendoza Parra, implicado en el escándalo del sistema de educación superior pública de Bolivia y acusado de varios delitos.
José Paredes, abogado de Max Mendoza, sostuvo que primero agotarán todas las instancias en territorio nacional para el cese de la detención preventiva de Mendoza, quien fue enviado a la cárcel de San Pedro (La Paz) por 180 días mientras se impulsan las investigaciones en su contra.
El dirigente universitario está imputado por los delitos de usurpación de funciones y conducta antieconómica, aunque también se le abrirá una investigación por trata y tráfico. Esto último se da tras una nueva denuncia del diputado masista Héctor Arce, quien develó que Mendoza presuntamente viajaba al extranjero con una veintena de personas y solo volvía la mitad.
“Me ha llegado una serie de documentos en los que hay la hipótesis, se presume que el señor (Mendoza) habría hecho muchos viajes al exterior. Tengo la documentación y, aparentemente, viajaba con grupos folclóricos, que iban a exponer nuestra cultura y algunos de ellos ya no volvían”, apuntó el legislador.
Mendoza fue recluido en el penal, principalmente, tras ser acusado de ejercer el cargo de Secretario Nacional del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) de forma interina, sin haber cumplido requisitos como tener título académico y percibiendo salarios por ello. Sin embargo, su abogado indicó que que los requisitos para ejercer el cargo no se aplican para su defendido, puesto que los mismos se emplean en condiciones normales sin acefalías en la entidad y no cuando existe un interinato.
En entrevista con Erbol, el jurista manifestó que el CEUB tenía dos opciones: caerse por falta de administración o elegir una persona con experiencia que realice el trabajo de los nueve secretarios, que en este caso fue Mendoza.
Tomando en cuenta este argumento, la defensa presentó una apelación contra la detención preventiva de Mendoza, tema que será sometido a análisis por la justicia. En caso de que esto sea rechazado, el próximo paso será presentar una acción de libertad ante una Sala Constitucional.
Si esta último instancia deniega el recurso, se irá ante el Tribunal Constitucional. Posterior a esto, si es que hay más negaciones, se acudirá a la CIDH.
Fuente: El Deber
