El Gobierno aprobó una norma que prohíbe las cláusulas abusivas en contratos de preventa de inmuebles. Esto luego de que en los últimos 18 meses el Gobierno recibiera 32.000 denuncias sobre cláusulas y prácticas comerciales abusivas en los contratos de preventa de bienes inmuebles. Así lo confirmó el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva.
De acuerdo con Silva, el jefe de Estado, Luis Arce, tomó conocimiento de este problema que se arrastra desde hace varios años y consideró que la falta de regulación, control y fiscalización en la preventa de bienes inmuebles está ocasionando una gran cantidad de afectados en el país.
Silva sostuvo que el Decreto Supremo 4732 busca evitar que los contratos cuyo objeto esté relacionado con la venta futura o preventa de lotes de terreno, viviendas, parqueos, depósitos, centros comerciales, lotes de inhumación y otros bienes, tengan prácticas comerciales abusivas.
La autoridad precisó que la norma protege a usuarios o consumidores que demanden un bien inmueble o usuarios que requieran el servicio de una inmobiliaria, para obtener un bien inmueble a futuro.
También el decreto tiene el objetivo de restaurar los derechos vulnerados a través de la conciliación en la vía administrativa; sin embargo, puntualizó que la Ley 453 y demás normativas que se desprenden de dicha ley, prevé la sanción económica, la suspensión de la actividad y en su caso la remisión ante la autoridad jurisdiccional contra aquellas personas que vulneren derechos de usuarios y consumidores.
Reacciones
Javier Arze, gerente de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), criticó que justo cuando el sector empieza a reactivarse ‘a levantar cabeza’, el Gobierno sale a presionar a la construcción formal, lo que a su criterio ‘espantará’ las inversiones privadas, recursos que son claves para dinamizar la actividad en beneficio del país.
Arze observó que el decreto es inconstitucional desde el momento que indica que es retroactivo; es decir, que un potencial afectado puede reclamar y pedir sanciones de un contrato firmado con anterioridad al DS 4732.
También se mostró preocupado con la posibilidad de que los contratos de compraventa firmados con los clientes ahora tengan que ser aprobados por una institución estatal.
“¿Se pueden imaginar tener que esperar la aprobación del Gobierno, cuando para que nos aprueben un plano de construcción la Alcaldía cruceña tarda un año”?, cuestionó Arze.
Explicó que en el negocio de la preventa, para su financiamiento, participa el sector financiero por lo que a su criterio el tema es multisectorial y debe ser analizado en ese contexto.
Sobre el tema, Juan Pablo Saavedra, presidente de la Cámara Boliviana de Desarrolladores Inmobiliarios, sostuvo que el ordenamiento jurídico vigente se establecen una serie de medidas para proteger a los ciudadanos, como ser la regulación de los contratos, la tipificación de la estafa y otras defraudaciones.
Por lo tanto, remarcó que no ven necesaria la aplicación del DS 4732, que -en su criterio- incrementará la burocracia para un sector que ya tiene que lidiar con diferentes instancias normativas municipales y departamentales.
“Esto puede resultar en postergación de inversiones, por la burocracia adicional, en un momento en que son muy necesarios los empleos para garantizar la reactivación económica” precisó.
Desde las inmobiliarias indicaron que están analizando la nueva norma y el efecto en el sector.
Fuente: El Deber
