La Procuraduría General de Estado (PGE) tiene 173 ítems, entre abogados, comunicadores, economistas y otros. Por pago de salarios se eroga cada mes más de Bs 1,7 millones. El exdiputado opositor Amílcar Barral cuestiona la contratación “excesiva” de juristas, incluida la hija de Evo Morales, Evaliz Morales.
“Hay 107 abogados que prestan servicios en la Procuraduría, entre ellos la hija de Evo Morales. No sabemos a qué se dedican, pero nos están haciendo perder miles de millones en demandas internacionales. Y no solo es culpa de Wilfredo Chávez, principalmente de Arce Zaconeta y Pablo Menacho”, escribió Barral en su cuenta de Twitter a tiempo de adjuntar un informe de 2019.
En el caso de la hija del líder cocalero, el memorándum de fecha 4 de enero de 2021 detalla un haber básico de Bs 11.362, monto que, según el exlegislador, no gana un abogado recién egresado, como es el caso de Morales Alvarado.
Según una reciente revisión de la página oficial de la Contraloría, Evaliz hizo su declaración jurada en enero de 2021, pero no se volvió a actualizar.
La escala salarial de la Procuraduría, según resolución ministerial Nº 012 del 14 de enero de este año, cada mes se pagan Bs 1.771.738 por concepto de salarios. El monto anual es de Bs 21.260.856, cuya fuente de financiamiento es “41-111 Transferencias – Tesoro General de la Nación”.
Menacho y Arce
Barral recordó que el bufete legal Alliance Abogados Asociados S.C., de la cual son socios el exministro de Justicia Héctor Arce y el exprocurador Pablo Menacho, se adjudicó el proceso de defensa de la Empresa Siderúrgica de Mutún para un caso de arbitraje internacional. El legislador los apunta como responsables de las pérdidas millonarias producto de la nacionalización.
Según los documentos, el consorcio de abogados fue contratado por la empresa estatal bajo la modalidad de “contratación por excepción” por más de Bs 2,5 millones para defender al Estado en el proceso arbitral de Jindal Steel.
El exministro Yerko Núñez recordó que Arce y Menacho, en septiembre de 2015, perdieron dos casos a favor de Quiborax, y Bolivia pagó $us 48,6 millones. Luego en marzo de 2018, la CIJ resolvió que Chile no tiene obligación de negociar con Bolivia.
Fuente: El Deber
