El Decreto Supremo (DS) 4783 autoriza al Ministerio de Economía transferir al Tesoro General de la Nación (TGN) mensualmente unos Bs 55 millones, recursos provenientes de las multas al sistema financiero del país impuestas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
Ese dinero será destinado a las entidades ejecutoras de proyectos de inversión o programas de interés social, que son los bonos que se efectivizan a través de transferencias públicas, privadas y el Fondo de la Renta Universal de Vejez (FRUV).
También el DS determina que las empresas públicas del nivel central y en las que el Estado tenga mayoría accionaria deberán transferir al TGN parte de sus utilidades netas o dividendos, para financiar proyectos de inversión o programas de interés social.
Jhony Mercado, expresidente del Colegio de Economistas de Bolivia, sostuvo que el Gobierno central necesita plata, ya sea mediante la deuda externa o interna, por eso ahora recurre a las empresas estatales para sus proyectos productivos y sociales.
Aunque Mercado remarcó que es muy general los ítems en los que se va a destinar esos recursos, por lo que el Gobierno debería ser más precisó y detallar en qué va a gastar ese dinero.
Víctor Hugo Figueroa, también expresidente del Colegio de Economistas de Bolivia, tuvo sus reparos en el verdadero uso que se dé a estas transferencias, pues considera que una de las características del Gobierno es su poca transparencia a la hora de manejar los recursos.
Quién determinará cuánto transferir
El Consejo Superior Estratégico de las Empresas Públicas (Coseep) será la encargada de determinar los márgenes de utilidades netas o dividendos de cada gestión a ser transferidos, previa evaluación del plan de negocios, sostenibilidad financiera, rentabilidad, entre otros factores.
Un plazo de 20 días, a partir de la conclusión del trabajo del Coseep, corre para que las empresas hagan las transferencias de recursos económicos, en el marco de su responsabilidad social corporativa y la política de distribución y redistribución justa de la riqueza y de los excedentes económicos.
Fuente: El Deber
