Bolivia mantiene el incremento en los cultivos de coca. Según el informe de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés) que será presentado esta semana, señala que las áreas cultivadas de la hoja ancestral se encuentran en 30.000 hectáreas por segundo año consecutivo.
La Ley 906, General de la Coca, contempla la plantación de 22.000 hectáreas como un límite legal para el país. Sin embargo, esa disposición nunca se ha cumplido desde septiembre de 2017, cuando entró en vigor.
A principios de este año, el presidente Luis Arce había prometido eliminar, al menos, 10.000 hectáreas, pero eso se registrará en el informe del año entrante. Los resultados del monitoreo del año pasado (correspondiente a 2020) ya mostraban un 15% de incremento de la superficie con cultivos de coca con respecto al año anterior, estimándose una superficie de 29.400 hectáreas cultivadas.
Por ahora, los resultados del primer año de gestión de Luis Arce, después de la gestión de Áñez no reflejan una mejoría. Por el contrario, las proyecciones vaticinan que incluso superará las 30.000 hectáreas.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, se refiere lo menos posible a la reducción de los cultivos de coca en el país, aunque sí defiende su gestión en cuanto a los decomisos de cocaína.
El especialista en asuntos de seguridad y prevención de drogodependencias, Franklin Alcaraz, no cree al 100% en los datos suministrados por la oficina de Naciones Unidas, porque son proporcionados por el gobierno de cada país.
“La Unodc se basa en informes oficiales. Hay un tipo de plantación de coca que no se detecta a través del satélite. Es la que se encuentra sembrada bajo platanales, árboles frondosos, que son difíciles de detectar, y no se puede confiar en el trabajo de terreno, porque la fuente es el Ejecutivo nacional”, explicó Alcaraz.
A decir del experto, en el caso de Bolivia, las hectáreas cultivadas de hoja de coca son 39.400 (casi 10.000 más de las que podría mencionarse en el informe). El potencial de fabricación de cocaína es de 312 toneladas, según la Unodc.
El especialista explicó que Colombia es el mayor productor de coca (245.000 hectáreas), al mismo tiempo es también el país donde más droga se fabrica (1.010 toneladas métricas según el Departamento de Estado). Es seguido por Perú (88.200 hectáreas según el Departamento de Estado de EEUU), con una producción de 810 toneladas de cocaína según la misma fuente.
Esta semana, con Carolina Ribera, hija de la expresidenta Jeanine Áñez, protagonizó un cruce de mensajes en Twitter por el “narcotráfico sin control” en el país.
La mecha se encendió con un mensaje de Ribera.
“Ajustes de cuentas, narcotráfico sin control, criminalidad, feminicidios etc. etc. etc. El cargo le quedó grande, el tiempo se acaba”, posteó la hija de la exmandataria.
En respuesta, Del Castillo la invitó a revisar datos. Indicó que en su gestión se incautaron 13.48 toneladas de cocaína frente a las 9.14 toneladas en el periodo de Áñez.
También se realizaron 6.433 operativos e incautaron 88 avionetas, mientras que en la administración transitoria hubo 4.935 intervenciones y cuatro aeronaves decomisadas.
El ministro afirmó con estos resultados que su gestión en la lucha contra el narcotráfico “es la mejor de los últimos años”. Aseguró que esto demuestra con datos objetivos y certificados internacionalmente su compromiso con este ilícito. “No somos un gobierno de discursos, somos un gobierno de hechos”, advirtió.
Colombia
Un reportaje de las periodistas Samantha Schmidt y Diana Durán publicada en The Washington Post señala que Colombia es el mayor productor de cocaína del mundo, la fuente de más del 90% de la droga incautada en EEUU. Es el hogar de la oficina más grande de la Administración de Control de Drogas en el extranjero. Y durante décadas, ha sido un socio clave en la interminable “guerra contra las drogas” de Washington.
Ahora, Colombia pide que se ponga fin a esa guerra. En su lugar, quiere liderar un experimento global: despenalizar la cocaína.
Apenas semanas después de asumir el cargo, el primer gobierno de izquierda del país, liderado por el presidente Gustavo Petro, propone el fin de la “prohibición” y el inicio de un mercado de cocaína regulado por el gobierno. A través de la legislación y las alianzas con otros gobiernos de izquierda de la región, los funcionarios de esta nación sudamericana esperan convertir su país en un laboratorio para la despenalización de las drogas.
“Es hora de una nueva convención internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado”, dijo el presidente Gustavo Petro en su discurso inaugural de este mes.
Es un giro radical en este país históricamente conservador, que podría trastocar su larga y lucrativa relación antinarcóticos con Estados Unidos.
“La administración Biden no es partidaria de la despenalización”, dijo Jonathan Finer, asesor adjunto de seguridad nacional de la Casa Blanca, que se reunió con Petro antes de su toma de posesión.
Un exfuncionario de la DEA, que habló bajo condición de anonimato porque su empleador actual no lo había autorizado a hablar sobre el asunto, dijo que temía que la medida limitara la capacidad de la agencia para colaborar con los colombianos en las investigaciones de tráfico de drogas.
“Mataría gradualmente la cooperación”, dijo. “Sería devastador, no solo a nivel regional, sino a nivel mundial. Todo el mundo estaría luchando desde fuera hacia adentro”.
Miles de millones de dólares estadounidenses han financiado una estrategia centrada en gran medida en destruir el comercio de cocaína en su punto de origen: los campos de la Colombia rural. El entrenamiento y la inteligencia de Estados Unidos han impulsado los esfuerzos militares de décadas de Colombia para erradicar la coca, la planta base de cocaína, y desmantelar los grupos de tráfico de drogas.
Y, sin embargo, más de medio siglo después de que el presidente Richard M. Nixon declaró a las drogas “el enemigo público número uno de Estados Unidos”, el comercio colombiano ha alcanzado niveles récord. El cultivo de coca se ha triplicado en la última década, según cifras de EEUU.
Felipe Tascón, zar antidrogas de Petro, dijo que los colombianos tienen como objetivo aprovechar un momento raro en el que muchos gobiernos clave de la región, incluidos los países productores de cocaína Colombia, Perú y Bolivia, están dirigidos por izquierdistas.
A nivel nacional, la administración de Petro está planeando respaldar la legislación para despenalizar la cocaína y la marihuana. Planea poner fin a las fumigaciones aéreas y a la erradicación manual de la coca, que, según los críticos, se dirige injustamente a los agricultores rurales pobres. Al regular la venta de cocaína, argumentó Tascón, el gobierno arrebataría el mercado a los grupos armados y a los cárteles.
Tascón ha hablado de sus planes con sus homólogos en Perú. Ricardo Soberón, jefe de la agencia antidrogas peruana Devida, dijo que era demasiado pronto para decir si Lima apoyaría la despenalización, pero que acogería con agrado un debate regional sobre nuevos enfoques.
Petro pudo encontrar un aliado en Bolivia, donde en la década de 2000 el gobierno de Evo Morales comenzó a permitir que los agricultores cultivaran legalmente coca en cantidades limitadas. El gobierno boliviano evitó el tema, pero fuentes internas señalaron que hay opiniones divididas, y obviamente, los afines a Morales apoyan la idea.
El policía jubilado y politólogo Waldo Panozo, señaló que esta situación es “muy peligrosa. El país formará parte del eje del mal porque Colombia, Perú y Bolivia cerrarán filas y, ojo, que se podría unir Brasil, si sale elegido Lula da Silva, para la producción ilimitada de coca en los países productores, y con eso, se disparará la producción de cocaína”.
El profesor de política y relaciones internacionales en la Universidad Internacional de Florida, Eduardo Gamarra, manifestó que “si esto se hace realidad, si estos tres países se unen, ocurrirá lo que pasó después de 2012 cuando Colombia obtuvo menos de 100.000 hectáreas de coca en su territorio, pero con el proceso de paz paró la erradicación aérea y se disparó nuevamente la producción de coca y de cocaína. El resultado será un incremento de exportación de droga a Estados Unidos y Europa”.
El profesor universitario de origen boliviano y comentaristas habitual en grandes cadenas de televisión dijo que el presidente Petro ha planteado la despenalización de la cocaína. “Colombia fue una sociedad violenta antes del narcotráfico y eso se irradiará a otros países”.
Gamarra aseguró que Perú tiene un desorden político. “No tiene un gobierno para llevar adelante una lucha seria, y Bolivia tiene un gran problema, el vínculo de la industria del narcotráfico con las autoridades que viene incluso desde antes del MAS”, lo que pinta un panorama “desolador”.
Será la primera vez que los tres países mayores productores de coca en el mundo recibirán el informe de la Unodc con gobiernos de izquierda y aliados a los productores de coca.
Fuente: El Deber
