El Gobierno se puso en campaña para buscar recursos económicos de, al menos, seis fuentes de financiamiento con las que antes no contaba para sobrellevar la desaceleración de la economía, según legisladores y economistas.
Los préstamos internacionales, la transferencia de ganancias de las empresas estatales, el uso de reservas de oro, la aplicación de nuevos impuestos, el condicionamiento de la jubilación para los gremiales y hasta la administración de recursos de Derechos Reales son algunas de las fuentes de ingresos con las que el Gobierno prevé contar.
“El Gobierno no tiene cómo financiar ni para cerrar la brecha ni para ejecutar su inversión pública, por eso están endeudando más al país con $us 400 millones de la CAF. Hay varios indicadores que muestran que el Ejecutivo está raspando la olla en términos fiscales”, aseguró el economista Gonzalo Chávez, en contacto telefónico con El Deber.
Pese a estos cuestionamientos y el peligro del incremento de la deuda externa, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, afirmó que Bolivia tiene la capacidad para pagar este préstamo y ratificó que la inflación en el país es la más baja de la región, aunque por la subvención de productos y de los hidrocarburos.
“El endeudamiento no es malo. Si fuera un pecado no habría bancos. Quienes nos prestan van viendo el desempeño de las variables económicas”, argumentó Montenegro el fin de semana.
Chávez no solo apuntó la deuda externa como fuente de financiamiento del Ejecutivo, sino aseguró que se está obligando a las empresas estatales a pasar sus ganancias al Tesoro General de la Nación (TGN), mientras el sistema de regulación financiero debe pasar las multas de los bancos.
En los últimos días, los legisladores de oposición también observaron el proyecto de la Ley del Oro que pretende usar las reservas de este mineral para convertirlas en moneda de dólar. La norma, aún en discusión en el Senado, establece transacciones financieras sin la autorización de la Asamblea Legislativa.
“El oro que se compre será exportado para que vuelva en lingotes como si no tuviéramos fundidoras en el país. ¿Qué garantía tenemos de que vuelva o que se lo picnore y se use para préstamos? Es la desesperación del Gobierno por no aceptar que la economía con este modelo ha llegado a su fin”, advirtió el diputado José Luis Porcel, de la opositora CC.
Este medio consultó a la diputada Deysi Choque (MAS), miembro de la Comisión de Economía Plural, pero afirmó que estaba en reunión. Mientras, el también diputado oficialista Ramiro Venegas pidió tiempo para responder, pero después apagó su celular.
A decir del exdirectivo del Banco Central de Bolivia (BCB) José Gabriel Espinoza, en los últimos meses el Gobierno buscó más financiamientos a través de la deuda interna con las AFP, el cobro de impuestos y ahora la deuda externa.
“Las empresas privadas tienen que aportar más impuestos, las que tienen participación del Estado, también. Se está haciendo mayor presión en términos de fiscalización, tributarios y aduaneros”, puntualizó el economista.
De acuerdo con la presidenta ejecutiva de la Aduana Nacional, Kathia Serrudo, su oficina e Impuestos Internos aportan con el 30% para los gastos del Estado.
Para Espinoza, el problema no son las fuentes de financiamiento, sino una estructura de gasto pensada para un momento de auge que empezó a desacelerarse en 2016. A los especialistas les llama la atención que se busque ampliar el pago de impuestos a algunos sectores, menos al cocalero. Asimismo, observaron que en época de crisis no se reduzcan los altos salarios, como es el caso de YPFB y la Gestora Pública.
Por su parte, los gremiales sostienen que el Gobierno pretende engrosar las arcas del Estado con impuestos a este sector y con el condicionamiento de la jubilación con la Ley 249, que promueve las prestaciones de vejez.
Espinoza explicó que mientras más personas aporten a las AFP, el Gobierno puede acceder a este financiamiento por la compra de títulos y valores del TGN.
Otra fuente de recursos está vinculada a la administración del dinero de Derechos Reales. El Ministerio de Justicia, junto al Consejo de la Magistratura (CM), busca que el pago de servicios se haga a través del Banco Unión con un nuevo sistema.
“Los recursos que se vayan a pagar por un servicio ya no irán a parar a los bolsillos de los que hoy administran Derechos Reales, sino a las cuentas del Tesoro General de la Nación y de estas cuentas fiscales se distribuirá los recursos que recaudan para pagar salario y otros”, explicó a este medio el viceministro Jorge Silva.
Según la autoridad, se estima que Derechos Reales genera Bs 600 millones al año, de los cuales el 60% es para pagos de salarios.
El jurista Juan Del Granado considero que esta es una “intervención” del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura y lamentó que cuando se intenta incrementar los recursos para el Órgano Judicial estos se reduzcan.
Fuente: El Deber
