Los cocaleros movilizados que tomaron el mercado “ilegal” de la coca en Villa El Carmen se sienten amenazados y denunciaron persecución política del Gobierno. Ayer identificaron a tres infiltrados y hoy presentarán la información del celular de un supuesto miembro de inteligencia. Las acusaciones por el coflicto cocalero no solo van en dirección a los opositores sino del MAS hacia el nivel central y culpan a dos ministros de Estado.
“Señor ministro, señor presidente y autoridades dejen de negociar normas y leyes. Ahora si por pedir cumplimiento nos van a meter presos, carajo, aquí estamos. No se sorprenda la sociedad de que estos dirigentes sean perseguidos políticamente a diestra y siniestra. No se sorprendan de que nos siembren pruebas mañana, pasado. Ellos tienen el empeño enfático de hacer funcionar un puesto de venta clandestino”, sostuvo el presidente del Comité de Autodefensa de Adepcoca, Carlos Choque.
Ayer, el ejecutivo cocalero Freddy Machicado junto a Choque también presentaron a un supuesto infiltrado, quien se habría identificado como policía. El hombre de aproximadamente 30 años caminaba por inmediaciones del mercado de Villa Fátima. Otros dos habrían escapado.
“Son enviados, dan nombres. Dicen que son contratados por el otro lado (mercado de Villa EL Carmen)”, informó el dirigente mientras el presunto policía era presentado a la prensa y aseveraba que se trataba de una confusión.
Choque aseguró que en el celular del joven encontraron fotos de los dirigentes y audios que serían parte de un “plan operativo que tendrían para incriminarlos”.
El también presidente de Cofecay desmitió que los cocaleros estén intentando desestabilizar al Gobierno de Luis Arce, por el contrario dijo que hay ministros “interesados en voltear al presidente en complicidad” con la Policía.
Las denuncias de persecución se dan luego que el nivel central anunciara que buscará a los responsables de la toma y quema del mercado paralelo. “Estos hechos no pueden quedar como parte de un anecdotario de un momento de tensión y de violencia”, dijo el vocero presidencial Jorge Richter, quien a su vez responsabilizó a los opositores de avivar el conflicto.
Cruce de acusaciones
Las acusaciones no solo apuntan a miembros del comité cívico cruceño o a Creemos sino provienen del oficialismo contra el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales, quienes en 2021 reconocieron a Arnold Alanes como dirigente y convirtieron el asunto en político.
“El error garrafal que han cometido estas dos autoridades del nivel central es haber puesto los pies dentro de una institución que, dicen ellos, es privada. Entonces el Gobierno, si es un problema entre privados, no tiene por qué tener injerencia. Los ministros no están para perjudicar al hermano presidente, están para apoyar a buscar soluciones y no ahondar más en el problema”, afirmó la diputada oficialista, Gladys Quispe.
La parlamentaria yungueña lamentó que Del Castillo y Gonzales no conozcan la estructura sindical y hayan incurrido en injerencia cuando la institución es “privada y apolítica”.
El exdirigente cocalero Armin Lluta acotó que la injerencia también proviene de algunos alcaldes de Yungas quienes estarían financiando a la dirigencia paralela. Incluso apuntó a la diputada Quispe por “entregar reconocimientos” a Alanes y “avalar” su mercado.
Los cocaleros esperan una respuesta inmediata al pliego de 13 puntos que incluye la destitución del ministro Gonzales. Sin embargo, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, descartó la instalación de una mesa de diálogo mientras exista de por medio amenazas y violencia.
Mercado “ilegal” de coca
Los productores cocaleros de la Federación Campesina de la Asunta, Irupana y Circuata, organizaron asambleas el fin de semana en diferentes lugares de Yungas para diseñar estrategias que les permita instalar su mercado.
En ese entendido, Alanes reapareció ayer para vender coca en puertas de la instalación quemada y asegurando que solo perdieron una batalla. Sin embargo, se encontraron con el repudio de los vecinos quienes pidieron paz y el retiro del punto de venta ce la hoja de coca.
“Vivimos con miedo y aterrorizados. Pedimos solución al Gobierno”, reclamó una vecina.
Fuente: El Deber
